Por qué es constitucional el Estatuto
De forma persistente el debate en torno al Estatuto de Autonomía de Cataluña ha girado de forma insidiosa sobre su constitucionalidad o no, o mejor dicho, sobre su afirmada inconstitucionalidad y muy poco sobre lo que aporta y su contribución para actualizar el modelo del Estado de las autonomías.
Sobre su constitucionalidad, sólo el TC puede establecerlo como es sabido, pero no deja de asombrar que algo tan denostado (por sus pérfidos efectos sobre España) haya devenido el modelo y el referente del proceso de reformas estatutarias emprendidas a partir de 2004. La impronta es más que evidente en la estructura, técnicas y contenidos de los nuevos estatutos de Andalucía, Baleares, Aragón y Valencia, en los que en diversas ocasiones se recogen, además, artículos literalmente idénticos (véase en www.parlament.cat).
No es mi intención, ni cabe aquí, un examen jurídico del texto, pero sería algo más que curioso saber por qué están recurridos artículos que ya existían en el EAC del 79 y en otros Estatutos desde los años ochenta o por qué se mantienen recurridos artículos que, literalmente reproducidos del EAC, han sido votados afirmativamente por el PP en los mencionados estatutos de Andalucía, Baleares y Aragón... o, más escandaloso aún, dado su papel institucional, no han sido tampoco recurridos por el Defensor de Pueblo, ¿sólo incompetencia o fraude procesal...?
Me temo que todo sea una enorme trampa en la que se ha instrumentalizado al Tribunal Constitucional hasta límites insostenibles pretendiendo que juegue un (inconstitucional) papel de tercera cámara, incluso, más descarnadamente, como quinta columna de una política sectaria. ¿Si el Estatuto catalán fuera tan manifiestamente inconstitucional alguien se habría tomado la molestia de desestabilizar como se ha hecho la institución que constituye la clave de bóveda de nuestro sistema autonómico?
La situación es profundamente absurda y, por unos espurios intereses, está confrontando el principio democrático y el principio del Estado de derecho de una forma que, diría, no ha sido nunca la voluntad de la Constitución. No puede ignorarse que el EAC es fruto de un debate jurídico y de un pacto político, es fruto de un legislador especial conformado por la concurrencia de voluntades de las Cortes Generales y del Parlamento de Cataluña, que ha trabajado, efectivamente, con el objetivo de dotar de más y mejor autogobierno a Cataluña, pero en todo momento en el marco de la Constitución. Tampoco es un hecho menor que el procedimiento culmine con un referéndum. ¿Cupo en la mente de los constituyentes que un trámite así acabara en el TC?, creo sinceramente que ni se lo imaginaron y, de ahí, como chirría la cosa.
La situación es absurda, efectivamente, pero, además, muy delicada y de un calado político que, al cabo, permitiría preguntarnos si España es también Cataluña, porque a veces no lo parece.
Algunos en España no han entendido, y probablemente por eso, tampoco han reconocido, no sólo el papel que ha tenido Cataluña en el proceso del Estado de las autonomías, desde la transición hasta ahora mismo, ni el que ha tenido en la historia de España en los dos siglos anteriores, siempre empeñada e implicada en la modernización de España tanto como en el encaje natural de su personalidad. En el primer empeño no hay duda de que ha ganado; en el segundo, queda mucho camino por recorrer mientras no se entienda que hay españoles que hablan en lengua no castellana, particularmente, si ésta es la catalana.
Si el proceso de reformas de 2004 acaba bien, el Estado autonómico será formalmente más federal, no importa cuál sea el nombre de la cosa y ésa será, de nuevo, contribución de Cataluña a la articulación y convivencia de los pueblos de España.
Nuestra propuesta es inclusiva, nuestra propuesta profundiza el modelo, no lo rompe, salva insuficiencias, nuestra propuesta se empeña y se empeñará en conseguir, como ha dicho Isidro Molas, la España de todos, por eso es constitucional.
Lídia Santos i Arnau es diputada del grupo Socialistes-CpC y ponente del Estatuto Autonomía de Cataluña de 2006.
