Una clínica de Udine se ofrece para dejar morir a Eluana

La Clínica Ciudad de Udine (Italia) desafió ayer al Gobierno de Silvio Berlusconi, y anunció que está dispuesta, pese a su prohibición, a dejar de alimentar a Eluana Englaro. La familia de la joven italiana, en coma vegetativo desde hace 17 años, ganó en los tribunales su derecho a "morir dignamente". Todo estaba ya listo tras la sentencia firme del Supremo, pero se suspendió "temporalmente" el martes, cuando el ministro de Sanidad, Maurizio Sacconi, prohibió a todos los hospitales, públicos, privados y concertados, interrumpir la alimentación a pacientes en estado vegetativo.

Él mismo se encargó de advertir ayer a la clínica de que, si incumple este mandato, se arriesga a perder el acuerdo con el servicio sanitario nacional. Pero el hospital tiene intención de seguir adelante. Lo hará cuando sus abogados demuestren que la circular del Gobierno no invalida el fallo del Supremo, según confirmaron fuentes del citado centro. Y no lo hace, según el juez del Tribunal de Apelación de Milán, Filippo Lamanna, autor de la sentencia que autorizó en julio a suspender la alimentación de Eluana. "Cuando es definitiva, no es posible impugnarla", dijo. "La decisión es definitiva".

Jugando con la libertad

La circular del Ejecutivo ha sido un duro golpe para Beppino Englaro, el padre de la joven, que lleva años batallando por su hija. Piensa que están jugando con la libertad de los ciudadanos y se lamenta: "El Gobierno no sabe que inventarse para complicarnos más las cosas". Y se pregunta: "¿Es Italia un Estado de derecho?".

El caso Englaro está en el centro de la polémica en Italia. Alfredo Mantovano, subsecretario del Ministerio del Interior, cree que con él "algunos están trabajando para una reedición del caso Terry Schiavo". Y defiende el colega de Gobierno: "El ministro Sacconi ha individualizado un instrumento para defender la vida, mientras abogados y políticos de diferente orientación buscan trucos para conseguir la muerte". No piensa de la misma manera su compañera de partido la diputada Chiara Moroni, que declara que "la sentencia del Tribunal Supremo se debe aplicar", demostrando cómo el caso Englaro divide las opiniones dentro de las formaciones políticas.