Se busca una televisión pública de calidad

La Unión Europea lleva años enfrascada en la reforma de las televisiones públicas. Se pregunta si tiene sentido que programas insulsos como Se llama copla o ¡Mira quién baila! se paguen con los impuestos de los ciudadanos. Pero los Veintisiete todavía no han dado con la fórmula. El modelo de financiación y los contenidos que deben albergar las parrillas públicas para diferenciarse de las meramente comerciales son los grandes escollos. La UE ha abierto una ronda de conversaciones para definir el correoso concepto del "servicio público". La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tiene intención de acudir a Bruselas para abordar de primera mano la cuestión. No en vano, saber lo que cabe dentro del saco de interés social es el primer paso para iniciar la reforma audiovisual.

Bruselas quiere aclarar qué contenidos pueden ser subvencionados

El modelo de referencia es la BBC, que financian los hogares

Cuando se hayan decidido sus parámetros ya no valdrán trucos como el que utiliza España: declarar todos los contenidos de TVE como servicio público. De los informativos a las corridas de toros y de la retransmisión de la misa a Operación Triunfo. Es más, ningún otro país ha declarado por ley que el fútbol es de interés general. Quizá por eso los canales públicos hacen piña para comprar por cifras multimillonarias la Liga de Campeones, el torneo más atractivo del continente.

Mientras se busca un sistema que contente a todos y defina lo que son contenidos de servicio público (y, por tanto, susceptibles de ser financiados con fondos oficiales), Francia ha tomado la delantera. La Asamblea Nacional debate a marchas forzadas la reforma de la televisión pública para que esté lista el 5 de enero. Es el regalo de Reyes de Nicolas Sarkozy.

El nuevo modelo audiovisual francés ha causado un terremoto de similar potencia al que en 1986 provocó la privatización de TF-1, todo un símbolo patrio que, además, era líder de audiencia y muy rentable económicamente. Muchos franceses vieron aquella operación como una expropiación de su identidad. Fue como "vender la Comedia Francesa a Coca-Cola o dejar el palacio de Versalles en manos de IBM".

Francia quiere parecerse lo más posible a la BBC británica. Reverenciada por todos, es la madre de las televisiones públicas, un conglomerado que lleva a gala su independencia del poder político, que se financia con el canon que aportan los hogares británicos por tenencia de televisor (195 euros) y que no tiene publicidad. Nadie discute la calidad de la programación del venerable grupo. Cultiva su función de servicio público y evita la competencia salvaje con los operadores comerciales. Por si fuera poco, está a la vanguardia tecnológica, es la locomotora de la televisión digital terrestre (TDT) y tiene una proyección internacional irrefutable. Su canal informativo tutea a la mismísima CNN.

Por el momento, Francia se acerca a la BBC en una cosa: la desaparición de la publicidad. La operación se consumará por etapas. Desde principios de año, los anuncios desaparecerán en el horario de máxima audiencia. Se cierra el grifo desde las 20.00 a las 6.00. Y a finales de 2011, con el apagón analógico, se extenderá a toda la emisión. ¿De qué vivirá entonces France Télévisions?

Como muchos países europeos, Francia sufraga el ente con el pago de un canon (116 euros anuales). Para compensar la pérdida de ingresos por la prohibición de emitir publicidad, el Estado abrirá la mano y ampliará la subvención. Además, el holding recibirá el dinero recaudado de un nuevo impuesto sobre la facturación publicitaria de las cadenas privadas. Inicialmente se planteó el 3%, aunque se ha optado por una tasa variable (entre el 1,5% y el 3%) según la salud del mercado. También se prevé que las operadoras de telecomunicaciones electrónicas (Internet, telefonía móvil) arrimen el hombro; en este caso con una tasa del 0,9%. El mundo de Internet no ha tardado en poner el grito en el cielo.

Con este plan, la televisión pública vecina será, en parte, financiada por las privadas, que podrán acceder a una porción mayor del pastel publicitario. La renuncia a emitir anuncios desde el prime time dejará libres en torno a 450 millones de euros. El Estado garantizará esta cantidad en los Presupuestos de 2009, 2010 y 2011. Con todo, la publicidad seguirá siendo un alivio (mucho menor, es cierto) para France Télévisions, que el año pasado amasó gracias a los espacios publicitarios 760 millones de euros (alrededor del 33% de sus ingresos).

La revolución mediática de Sarkozy es seguida con especial atención en España. Sobre todo porque el nuevo mecanismo de financiación podría ser importado al pie de la letra. "Es interesante. Las principales beneficiadas son las privadas, de modo que podría estudiarse que la televisión privada compensara a la pública", comenta el dirigente socialista Óscar López, portavoz en la comisión mixta de control parlamentario de RTVE. La corporación estatal acapara en el mercado publicitario en torno a 700 millones de euros y completa su presupuesto con una subvención de 500. La aportación pública compensa, en parte, el recorte publicitario iniciado este año (ha pasado de 12 minutos de anuncios por hora de emisión a 11, y en 2009 bajará a 10).

El Gobierno aspira a que, minuto a minuto, la publicidad pueda desaparecer completamente de TVE quizá en la próxima década. Las privadas se quedarían entonces con todo el pastel. ¿Estarían entonces dispuestas a financiar a la pública con una parte de sus ingresos? La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), que agrupa a las entidades comerciales, no comulga con la fórmula francesa, pero considera que en España se podría adoptar un sistema similar si la prohibición de emitir anuncios incluyera a todas las televisiones (nacionales, autonómicas y municipales). Y, además, "si a cambio de un porcentaje sobre la publicidad se suprimieran otros impuestos, como el de destinar el 5% de los ingresos brutos a la inversión obligatoria en cine". Según los datos de Uteca, el bocado que la pública dio el año pasado a la tarta publicitaria superó los 1.000 millones de euros (el 31% de la facturación total). Además, recibió 629 millones de euros de las arcas oficiales. Esta inyección no evitó que acumulara 946 millones de pérdidas.

Echando números, Uteca calcula que el coste por hogar de la televisión pública fue el pasado año de 102 euros. Es como si fuera un canon invisible. Pero ningún dirigente político quiere mencionar el canon. "Está descartado. No se va pagar un impuesto directo por la televisión pública", afirma López tajante. Igual de rotundo es Alejandro Echevarría, presidente de Telecinco: "Tanto TVE como las autonómicas deben financiarse exclusivamente con recursos públicos" y emitir "producciones de calidad y de servicio".

El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y vocal del Consejo Asesor de RTVE Manuel Núñez Encabo tiene claro que los contenidos "diferenciados" son lo único que justifica la existencia de entes públicos. Asegura que las cadenas comerciales tienen como obligación la de "no traspasar los límites jurídicos y éticos en sus contenidos", mientras que las financiadas por los impuestos tienen la obligación de fomentar contenidos que respondan a "las necesidades democráticas, sociales y culturales". Sólo con sintonizar TVE-1 o cualquiera de los 13 canales autonómicos se puede hacer la prueba. "¿Es una necesidad democrática la misa o un partido de fútbol?", se pregunta Núñez Encabo. Se responde: "La televisión pública está desfasada y no cumple la función encomendada por el protocolo del Tratado de Ámsterdam, que se refiere al desarrollo de los derechos fundamentales de la persona".

Otra de las patas de la reforma francesa que más polvareda política ha levantado pasa por agrupar todos los canales de titularidad estatal en un mismo holding, a imagen y semejanza -otra vez- de la británica BBC. Lo malo es que Sarkozy propone que el presidente de ese megagrupo sea nombrado por el Consejo de Ministros y no por el Consejo General de lo Audiovisual. "No vemos por qué el accionista mayoritario de France Télévisions, que es el Estado, no pueda nombrar a su presidente", argumentan desde el Elíseo.

Si hay algo que España tiene claro es que el presidente de RTVE no va a volver a ser nombrado por el Gobierno. "La propuesta francesa es un claro paso atrás", afirma el diputado socialista Óscar López. "Nuestro modelo, que sea el Parlamento y no el Gobierno el que nombre al presidente de RTVE; me parece más democrático", añade.

Salvo en esta cuestión, Francia puede ser el espejo en el que se mire el Gobierno de Zapatero. Los socialistas han reactivado el viejo proyecto para sacar adelante una ley general audiovisual que agrupe la maraña de normas y reglamentos, dispersos y obsoletos. Tanto el PP como el PSOE han eludido en los últimos 15 años una reestructuración a fondo del sector. Se han limitado a poner parches con leyes coyunturales.

Los socialistas presumen de haber reformado RTVE hace dos años. Ahora quieren exportar el modelo a las autonómicas a través de "un pacto de Estado" al que se adhiera no sólo el PP, sino también los nacionalistas. López es consciente de que el asunto es "delicado" porque los grupos parlamentarios van a ser muy celosos de las competencias. "Las autonómicas copiaron a TVE para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué no trasladar el nuevo modelo? Hasta ahora sólo Andalucía ha cambiado la ley para que el director general sea elegido por el Parlamento", comenta. El PSOE defiende "una televisión pública de calidad, con una audiencia considerable, que no tenga que batallar por la cuota de share".

Enfrente, el PP cree que el sector televisivo debe poner en marcha "un proceso de liberalización, como se hizo con las telecomunicaciones", y que sea el propio mercado el que decida la configuración del sector. "Hay que garantizar que haya un número de canales suficiente para asegurar la diversidad informativa y, al mismo tiempo, la sostenibilidad económica", explica uno de los expertos en materia audiovisual del PP.

Si lo que está en juego es la publicidad, ¿qué opinan los anunciantes? "No entramos en la guerra público-privado ni en cómo se administran las televisiones", advierte la Asociación Española de Anunciantes (AEA). "Sí entramos en conseguir la sostenibilidad de nuestras empresas en contacto con nuestros clientes. Nuestra postura siempre ha sido defender los 12 minutos de publicidad por hora. Todo lo que sea superior a este límite perjudica al consumidor".

Ese tope viene marcado por una directiva comunitaria. Pero España tiene un reloj que no está sincronizado con Bruselas. Por arte de magia, ha convertido esos 12 minutos en 17. El milagro consiste en contabilizar dentro de los 12 minutos de límite que impone Europa sólo los anuncios estrictamente comerciales, dejando al margen otras fórmulas de publicidad como las autopromociones o la televenta.

Esta falta de precisión horaria le ha costado cara a España. Después de múltiples avisos, la Comisión Europea ha cumplido su amenaza. A finales de noviembre decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por no haber tomado las medidas necesarias para impedir que las televisiones (todas, tanto públicas como privadas, nacionales o autonómicas) rebasen el límite de los famosos 12 minutos. Bruselas ha constatado que en España se produce una "saturación" publicitaria. "Además de los efectos negativos que esto puede tener en el gasto publicitario, este bombardeo sostenido es malo para los espectadores", justifica la comisaria responsable de la Sociedad de la Información, Viviane Reding.

La comisaria tiene una legión de detractores y defensores. Entre estos últimos figura la AEA. "En estos 12 minutos debe quedar incluido lo que se cataloga como 'otras formas de publicidad", defiende la entidad. Manifiestamente contrario a la comisaria, el consejero delegado de Antena 3, Maurizio Carlotti, la semana pasada se preguntaba en este periódico: "¿De verdad considera la señora Reading que los ciudadanos deben estar 'protegidos' de la publicidad? ¿Es acaso la publicidad infecciosa? ¿Dañina? ¿Peligrosa? ¿Contaminante? No se debe negar que algunos la consideran aburrida, o tal vez molesta. Todos saben, sin embargo, que la publicidad permite que la televisión sea un regalo totalmente gratuito (al menos en el caso de las cadenas privadas)". Carlotti arremetía contra la competencia desleal de la TVE, que rebaja los precios de los anuncios "hasta un 40%" para captar más y más publicidad.

En tiempos de crisis, el PP cree que habría que preguntar a los ciudadanos cuántos canales están dispuestos a financiar, entre estatales (ocho en TDT, a partir de 2010), autonómicos (hasta 12 en algunas comunidades) o locales (otra docena). "En época de vacas flacas alguien tendría que decidir si el dinero de todos se gasta en televisión o en otras cosas", plantea el PP. En el PSOE, alguien (quizá el ministro de Economía, Pedro Solbes) debe estar buscando la respuesta. El contrato-programa de RTVE, donde fija el dinero que el Estado aporta en el trienio 2008-2010, sigue sin firmarse. Las cuentas no salen.