La extensión del parque del Montgrí enfrenta a ayuntamientos, payeses y ecologistas

El macizo del Montgrí, con su inconfundible silueta, las islas Medes y la fértil llanura agrícola del bajo Ter, es el corazón de un futuro parque natural que nace con polémica y una fuerte división entre los ayuntamientos, entidades y colectivos de la zona. El proyecto afecta a siete municipios y prevé una extensión de 8.061 hectáreas, demasiadas para unos e insuficientes para otros. El Departamento de Medio Ambiente estudia las alegaciones presentadas por ambos bandos y ya ha avanzado su intención de no reducir la propuesta e incluso de ampliarla en el futuro.

El ámbito del nuevo espacio protegido abarca territorio de dos comarcas y siete municipios: L'Escala (Alt Empordà), Torroella de Montgrí, Pals, Bellcaire d'Empordà, Palau-sator, Ullà y Fontanilles (Baix Empordà). Más de la mitad de la extensión ya dispone de alguna figura de protección, como los espacios de interés natural y de Natura 2000 del Montgrí, las Medes y los Aiguamolls del Baix Empordà. La novedad son las 1.700 hectáreas hasta ahora no protegidas, entre las que figuran varios humedales y zonas agrícolas como los arrozales de Pals.

Medio Ambiente defiende la creación del parque para preservar sus valores naturales y evitar que la presión urbanística acabe pasando factura al entorno. Pero desde su presentación pública a finales de septiembre, el departamento ha recibido más de 1.500 alegaciones en contra de un proyecto que enfrenta a varios municipios y colectivos. La oposición está representada por los ayuntamientos de Pals, Palau-sator y Fontanilles, junto a los agricultores, arroceros, comunidades de regantes y empresarios del sector turístico. Todos ellos han firmado un manifiesto donde aseguran que no rechazan el parque, sino los límites propuestos, y reclaman excluir 600 hectáreas de terreno de estos municipios. Se trata del espacio que ocupan la playa de Pals y las zonas agrícolas. Temen que la protección y las restricciones del proyecto limiten el desarrollo del turismo. "En época de crisis no queremos más palos en las ruedas", resume Joan Silvestre, alcalde de Pals (CiU). Los payeses creen que sus cultivos peligran y que no podrán decidir sobre sus tierras en caso de querer cambiar el arroz por otro producto. "Vemos más inconvenientes que ventajas y queremos que nos excluyan", opina Albert Grassot, arrocero de Pals.

Otro bloque opositor está en L'Escala y lo forman propietarios de fincas agrícolas que no ven con buenos ojos la creación de un conector biológico entre sus tierras y los Aiguamolls de l'Empordà.

Pero no todas las alegaciones reclaman que se reduzca el número de hectáreas que se prevé proteger. Una treintena de entidades ecologistas y naturalistas de Girona exigen todo lo contrario: ampliar los límites del parque con la inclusión de nuevas zonas, como las Deveses de la Fonollera y la Muntanya Gran, y acelerar su puesta en marcha. "Hay que evitar que puedan hacerse amarres en Pals o lagos artificiales para esquí náutico. Además este parque es una deuda pendiente con el territorio", opinan fuentes de Salvem l'Empordà.

Otro gran defensor del parque es el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, cuyo alcalde, Joan Margall (UPM), ya ha anunciado que si se producen recortes durante la tramitación de las alegaciones, dejará de impulsar el proyecto.