Vuelos compartidos

A poco más de un mes de la toma de posesión de Barack Obama, que se ha comprometido a cerrar el campo para prisioneros de Guantánamo y a prohibir los traslados hacía países donde son maltratados, un comité del Senado norteamericano ha concluido tras una larga investigación que la Administración de Bush y, concretamente, el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, aprobó la práctica de la tortura contra esos prisioneros talibanes o de Al Qaeda. El debate suscitado en España por la aparición de documentos relacionados con tales vuelos no puede separarse de ésa y otras investigaciones que sin duda seguirán en EE UU. Sería bien paradójico que allí se esclarecieran las oscuridades de este desgraciado asunto mientras que aquí se mantuviera la opacidad.

La comparecencia parlamentaria del ministro Moratinos para explicar la autorización del Gobierno de Aznar a los vuelos a Guantánamo obtuvo el beneplácito del PP. A diferencia de otros casos de control al Ejecutivo, este aval de la oposición carece de valor para dar carpetazo al asunto: los vuelos investigados afectan al Gobierno del PP, que concedió la autorización, y al del PSOE, que no la revocó.

Quizá no fue informado de la existencia de esta autorización, como afirma, pero sí se le requirió información por parte de la comisión del Parlamento Europeo encargada de esta investigación y de la Audiencia Nacional. También tuvo noticia de la posible participación española por boca de la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice. Al parecer, estos estímulos no fueron suficientes en su día para que el Gobierno de Zapatero hiciera lo que ha hecho ahora: informar y anunciar la entrega a la justicia de los documentos publicados por EL PAÍS.

Así, a la cuestión de fondo se ha superpuesto otra relativa a la custodia de los documentos clasificados en los archivos de Exteriores. Su desaparición no puede quedar sin investigación. Además, la confirmación de que sí se encontraban en el Comité Permanente Hispano-Norteamericano suscita la pregunta de por qué no se entregaron cuando los reclamó la justicia. Y abre otro capítulo, marginal respecto del fondo pero no irrelevante: la desaparición de documentos clasificados relativos a los vuelos a Guantánamo fue una epidemia que también alcanzó al Ministerio de Defensa, afectando al menos a otro informe desconocido hasta su revelación por Moratinos, en el que el entonces secretario general de Política de Defensa afirma haber consultado con el Gabinete Internacional de la Presidencia del Gobierno para dar una respuesta afirmativa a los vuelos.

La explicación de Moratinos, avalada por el PP, es que se concedió la autorización pero que el mando norteamericano no hizo uso de ella. El ministro alegó, además, y el portavoz popular estuvo de acuerdo, que la autorización estaría cubierta por la Resolución 1386 de Naciones Unidas, fingiendo uno y otro desconocer que ni ésa ni ninguna otra resolución puede avalar la violación de la legalidad internacional. En concreto, de las Convenciones de Ginebra, cuya aplicación fue negada desde 2001 a los prisioneros talibanes y de Al Qaeda por el presidente Bush y, por tanto, confirma algo muy grave: que la autorización española fue concedida a sabiendas de que se colaboraba en una abierta contravención del derecho.

Al sostener que la autorización existió, el reproche político que cabe hacer es evidente. Pero si, además, el mando norteamericano hizo uso de ella, según se deduce del informe del control aéreo portugués y niegan en España Gobierno y oposición, las responsabilidades de uno y otra se aproximan: así quisieron ponerlo de manifiesto en la comparecencia del pasado miércoles. Y esa convergencia explica que el presidente del Gobierno haya querido desmarcarse del problema afirmando que ni "a Bush se le habría ocurrido pedirlo ni mi Gobierno lo habría aceptado".