Las parlamentarias podrán delegar su voto cuando se encuentren de baja maternal

El Parlamento comenzará la próxima legislatura (echa el cierre de la actual a finales de este mes) con un nuevo reglamento. Tras años jalonados de intentos frustrados por pactar una reforma para ganar en agilidad, la normativa salió ayer adelante en comisión con el apoyo de todos los grupos salvo el PP y EHAK. El texto será refrendado en el pleno del próximo 23 de diciembre. Las novedades que recoge son muchas, pero destaca la inclusión de plenos de control al Gobierno (con preguntas e interpelaciones) con una periodicidad quincenal y la delegación de voto de las parlamentarias que se encuentren de baja maternal. Esta medida también sirve para los parlamentarios que se acojan a su derecho a la baja por paternidad.

Otros aspectos destacados del nuevo reglamento son la reducción de cinco a tres parlamentarios como condición para poder formar grupo y la posibilidad de comparecencias en las comisiones a través de vídeoconferencia de los consejeros del Gobierno u otras personas que no puedan acudir en persona.

Los grupos podrán solicitar al Gobierno vasco que informe sobre el cumplimiento de las mociones aprobadas. La comisión correspondiente estudiará la respuesta, adoptará un acuerdo público sobre cumplimiento o incumplimiento y, en el caso de que la respuesta gubernamental no llegue a tiempo, se incluirá un debate sobre la cuestión en el siguiente pleno.

Acatar la Constitución

Además, se reducirá de 30 a 20 días el plazo de que dispone el Gobierno para remitir a los parlamentarios la información solicitada para el ejercicio de sus funciones. Nunca se podrá dar por buena una votación cuando un parlamentario manifieste que se ha registrado un error en el sistema electrónico y que su voluntad es votar en sentido contrario.

Lo que ha quedado fuera de esta reforma parcial es la obligación de acatar la Constitución para que los parlamentarios tomen posesión de su escaño. Los socialistas han decidido mantener esta enmienda para el pleno final por una cuestión de principios, pero la posibilidad de que salga es nula por cuanto sólo cuenta con el apoyo del PP.

Los populares han votado en contra del texto porque, a su juicio, acometer una reforma que excluya el acatamiento supone una "farsa". La imposibilidad de cerrar un acuerdo sobre esta cuestión con los nacionalistas ha hecho imposible cualquier otro pacto. La flexibilidad del PSE ha abierto la puerta.