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Entrevista:FRANCISCO TOMÁS | Rector de la Universitat de València | Apuntes

"El Gobierno nos ha dejado solos en la revuelta anti-Bolonia"

Es miércoles por la tarde y fuera corre un viento gélido cuando Francisco Tomás (Valencia, 1943) sale de su despacho. La primera impresión es que el rector de la Universitat de València está muy cansado. Hace dos meses que un puñado de alumnos inició un encierro en Filosofía para pedir la paralización del proceso de Bolonia, la integración de las universidades en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Desde entonces las acampadas se han propagado a siete facultades; un consejo de gobierno fue ocupado; siete profesores, retenidos en Derecho, y dos alumnos, arrestados.

Pregunta. ¿Son sus semanas más difíciles como rector?

Respuesta. Sí, han sido duras por una razón. Hace unas semanas comparecí en un debate sobre este proceso y entendí que podía ser el inicio de un diálogo permanente en el que cabría la concordancia y la discrepancia. Desgraciadamente, aquel encuentro no llegó lejos, y desde entonces hemos tenido un clima de no entendimiento. Cada quien asume la cuota de responsabilidad, yo no descarto la mía. Pero me hubiera gustado transmitir que no estamos frente a nadie. Hay una protesta y una responsabilidad de gobierno que no son incompatibles. Se deberían conjugar en beneficio de algo que ambas partes aseguramos querer mucho, que es la universidad pública. Esa defensa pasa por el futuro de la universidad, pero también por su imagen presente. La situación debiera evolucionar hacia el diálogo porque algunas reivindicaciones pueden, si no ser asumibles en su integridad, sí generar sinergias ante el ministerio.

"Algunas reivindicaciones de los alumnos son asumibles"

"Tal vez el lanzamiento de la reforma sea duro"

"Si un máster hace falta para ejercer un oficio, debe costar igual que la carrera"

P. ¿Qué reivindicaciones de los alumnos ve asumibles?

R. Algunas reivindicaciones carecen de fundamento. Como que los grados son más caros que las actuales licenciaturas. Pero, por ejemplo, creo que en los másteres que hay que cursar para ejercer una profesión (los de ingenierías o el de profesor de secundaria) las tasas no debieran ser mayores que las del grado. Eso hay que abordarlo cuanto antes.

P. ¿Cuánto más caro puede ser un máster que una carrera?

R. Para todos los títulos oficiales el Gobierno central fija cada año una horquilla de precios y el Gobierno autonómico fija el precio dentro de ella. Creo que el crédito de un máster está entre lo que vale el crédito del grado, o un poco más, y dos o tres veces ese precio, pero en másteres muy contados, muy tecnológicos. Lo cual no significa que vaya a ser así en el futuro.

P. El Gobierno ha reaccionado tarde a la protesta, y a la Generalitat, que tiene gran parte de las competencias universitarias, todavía no se la ha oído.

R. El proceso del EEES tiene tres niveles. El primero empezó con la decisión de implantarlo por los gobiernos europeos. Ahí está la filosofía de la convergencia europea, un debate que no se ha tenido. El segundo nivel es cómo cada país regula ese proceso: Son las normas legales que ha producido el Gobierno español para desarrollar la integración. El tercero es cómo esas normas legales se aplican en las universidades.

En la protestas hay cosas opinables sobre su filosofía. Pero hay otras incontrovertibles: las normas del Gobierno dicen lo que dicen, y a quien compete dar aclaraciones sobre ellas es al Gobierno. Echamos en falta un pronunciamiento contundente. No se trata de lo que un rector opine. Hay respuestas que tiene el Gobierno, que debe decir si esto es o no es un proceso de futuro para nuestro país. Lo que no puede hacer es no hacer nada. Algunos gobiernos autonómicos se han pronunciado, pero más tímidamente que otra cosa.

P. ¿Cree que el Gobierno les ha dejado solos ante la protesta?

R. Nos ha dejado bastante solos. Alguna llamada de solidaridad... pero eso no obsta para tomar alguna medida política, que no sea represiva, claro. Hay cosas sencillas de aclarar. Si dicen que un crédito de grado es más caro que el de licenciatura, el Gobierno puede desmentirlo fácilmente porque está en su decreto. Pero tiene que decirlo el Gobierno, no yo. Para empezar, porque yo aún no tengo grados. Los rectores podemos decir lo que hemos aprendido, pero no somos la doctrina. La doctrina está en las declaraciones firmadas por los ministros europeos y en los decretos del Gobierno. La universidad sólo aplica.

P. ¿Se ha planteado paralizar la implantación del EEES?

R. ¿Y qué haríamos con nuestros estudiantes en el año 2010? ¿Dónde los mandaríamos? ¿A la Católica, que ya tiene grados? Mientras el Gobierno no cambie el decreto que fija 2010, que no lo va a cambiar, la universidad no se puede quedar al margen. Nos dicen: hagamos un referéndum para parar Bolonia. ¿Y si sale que sí, qué hago yo, lo paro? Eso quiere decir que el alumno que está a dos años de llegar a la facultad ya sabe que a la Universitat de València no va a entrar, que tendrá que gastarse el dinero con el arzobispo, irse a la Politécnica o a Alicante, porque aquí nadie ha parado. La Carlos III y otras universidades públicas ya lo han implantado, las privadas también... El parón es muy, muy difícil.

¿Y qué hay de la mercantilización?

La conversación con el rector recorre buena parte de la compleja movilización que para resumir llamamos anti-Bolonia. Va del fortalecimiento de la protesta por parte de algunos profesores o centros -"Esta es una universidad grande, en la que hay intereses contrapuestos, y para mí todos los intereses son legítimos. Otra cosa es cómo esos intereses se tratan de proyectar"-, hasta los problemas (por la baja demanda y por la difícil inserción laboral) que padecen las ramas de Humanidades y Ciencias Básicas debido a la aparición de otras carreras "que tienen una proyección profesional más definida".

Tomás considera "sobreabundantes u ociosos" algunos requisitos que la agencia nacional de acreditación (Aneca) exige para dar el visto bueno a las carreras -"¿Por qué tendremos que justificar la idoneidad de impartir Derecho cuando llevamos 500 años impartiéndolo?"-.

Y admite que implantar "a coste cero" el nuevo modelo de enseñanza se antoja imposible en las grandes facultades, que pueden requerir refuerzos de personal y obras para adecuar las aulas de 200 alumnos (creadas para dar lecciones magistrales) a los grupos de 40 o 60 estudiantes que exige la más participativa forma de dar clase. "Tal vez el lanzamiento de la transformación sea duro". Cree, sin embargo, que la introducción del grado por el primer curso -lo que permitirá a quienes ya hayan empezado la carrera terminarla con el plan de estudios actual, si así lo quieren- posibilitará a las administraciones "programar los recursos que hagan falta".

¿Y qué hay de la mercantilización de la universidad? "Es una impresión que algunos formulan como una amenaza de futuro. Esa cautela está bien pero creo que en la universidad española y en la nuestra está muy lejos de ser realidad. Es más, no van a ser realidad", contesta. Y añade: "Hay dos tipos de relación universidad-empresa. La primera parte de la empresa como agente de crecimiento económico, como una entidad que debe optar por la mejora tecnológica y la innovación. En eso empresa y universidad deben ir de la mano y nuestro país tiene mucho trecho por recorrer. La segunda, que el rector tampoco desea, es una relación de dependencia: mi opinión es que la universidad debe siempre tener el control de la docencia y de las líneas de investigación que vaya a desarrollar".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2008

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