Los expertos proponen mejorar los servicios con 35 ayuntamientos menos

"Si queremos ser visibles en España y en Europa tenemos que apostar por una organización territorial de anillos urbanos y ciudades conectadas". Albino Prada, catedrático de la Universidad de Vigo y uno de los autores del estudio Chaves da economía pública galega editado por Galaxia, propone una reducción sustancial del ámbito municipal para que los ayuntamientos puedan cumplir adecuadamente con los servicios que requieren los ciudadanos. Su tesis expone dos vías para conseguirlo: eliminando, a través de fusiones, 35 ayuntamientos en las cuatro provincias y estimulando la creación de siete áreas metropolitanas o urbanas en Vigo-Pontevedra, Ourense, Santiago, A Coruña-Ferrol, Lugo, Lemos y Arousa. La legislación actual posibilitaría esta nueva distribución territorial, ya que las comarcas, según el artículo 40 del vigente Estatuto de Autonomía, pueden utilizarse para suprimir "los municipios que las integren". La legislación, papel mojado en la práctica, necesita de un "impulso a través de la voluntad política" que, según Prada, "terminaría con el minifundismo territorial".

"Los problemas que hay que afrontar son las medias tintas, la chapuza"

Numerosos antecedentes en países desarrollados avalan su estudio. "En Toronto realizaron un proceso de transformación administrativa ejemplar", cita el trabajo. Aunque el caso más cercano es el danés, que el año pasado fusionó 271 administraciones locales para convertirlas en sólo cien. Y eso que el tamaño medio de los ayuntamientos en ese país era de casi 20.000 habitantes antes del proceso frente a los 8.790 que tienen, de media, los consistorios de la Comunidad Autónoma.

En España, el catedrático hace la comparación con Madrid, "ciudad y región global": entre 1948 y 1954 anexionó 13 ayuntamientos vecinos convirtiéndolos en distritos. "Ahora tiene unos seis millones de habitantes y se las arregla para atenderlos sin diputaciones. Esa comunidad autónoma coincide con el ámbito de su área metropolitana. En Galicia, con la mitad de la población tenemos cuatro provincias, cuatro diputaciones y 312 ayuntamientos". Tanto si se considera la primera opción, a través de la fusión de ayuntamientos, como la segunda, con áreas de expansión de las grandes ciudades "por mancha de aceite", los expertos creen que la Xunta de Galicia puede "tomar la iniciativa".

Hasta ahí, la teoría. En la práctica, Prada es bastante pesimista. Considera que su planteamiento choca con el interés de las ciudades de "hacerse visibles por su cuenta". Y lo avisa en su introducción, cuando menciona que "los problemas mayores que hay que afrontar son las medias tintas, el posibilismo, la chapuza, el conformismo, el inmovilismo, la rutina y la falta de ambición". En este sentido, el también catedrático Santiago Lago Peñas, coordinador de la publicación, señala que la propuesta "busca estimular políticas públicas acertadas, no nuevos organismos".

En este esquema, las directrices de ordenación del territorio, avanzadas en sus líneas principales por el gobierno bipartito, son "básicas" para despejar el camino a seguir. Sobre ellas correrán las nuevas infraestructuras ferroviarias que, con "una velocidad media de 200 kilómetros por hora", permitirán que todas las áreas urbanas estén conectadas en 30 minutos.

El estudio, que fue presentado ayer en Santiago por el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, cuenta con aportaciones en medio ambiente, urbanismo, infraestructuras, educación, política industrial, control de gasto y fiscalidad de nueve expertos, todos ellos catedráticos de universidades gallegas. Según Xaquín Álvarez Corbacho, otro de sus coordinadores, "está planteado como un trabajo de reflexión para favorecer el conocimiento y la crítica sobre las políticas públicas". Una crítica que el conselleiro juzgó constructiva desde "el respeto" y que "permite sustentar la toma de decisiones políticas con el análisis". En este sentido, el capítulo desarrollado por José Caamaño Alegre destaca los avances realizados por el actual gobierno bipartito en materia de control del gasto, como la decisión de establecer un total máximo antes de elaborar los Presupuestos. Lo mismo ocurre con la creación de registros públicos de ayudas consultables a través de Internet, un "indudable avance en transparencia", cuya implantación por consellerías está siendo, sin embargo, lento. En el capítulo de los logros, Caamaño sitúa la Lei de Transparencia e Boas Prácticas, que apuesta por el uso de la red como principal vehículo de información y participación ciudadana.

Entre los desafíos pendientes, que quedarán como recomendaciones para el próximo Gobierno de la Xunta, está la necesidad de reforzar la integridad en la gestión financiera porque, "hasta ahora, la Xunta ni siquiera hace algo tan elemental como publicar en su web la liquidación completa y desagregada de sus Presupuestos".