Vandalismos públicos

De siempre las viñetas de Antonio Fraguas Forges han expresado en sus dibujos y frases lo que muchos sentimos. Da igual el problema que trate. Lo hace fácil porque en la mayoría de las ocasiones, cuando no en todas, nos identificamos con lo que pretende reflejar, y refleja. En la viñeta que ayer publicaba este diario, uno de sus protagonistas leía una noticia y decía en voz alta que 150 alcaldes estaban imputados en causas por corrupción urbanística. Esta noticia era asumida como real por otro ciudadano que, a su vez, preguntaba en qué provincia. Lo cierto, que es como la verdad sin cinismo alguno, es que ya empiezan a parecernos pocos que pueda haber 150 alcaldes o personas próximas a la causa pública en procesos penales imputados por corrupción. Hagamos la prueba. Tomemos un periódico, cualquiera, y observaremos que entre sus noticias diarias siempre hay temas de corrupción urbanística; que alcaldes, concejales y funcionarios se encuentran imputados por todo el territorio nacional, siendo indiferente a estos efectos la comunidad autónoma o el municipio, como el grupo político que gobierne en la comunidad o en el ayuntamiento.

No obstante, se nota una mayor incidencia en la costa y las grandes ciudades. Ayer mismo, sin ir más lejos, podíamos leer que el Ayuntamiento de Estepona ha despedido a un auditor y lo va a denunciar a la fiscalía por desfalco, ya que cobrar dos o tres millones de euros por trabajar le parece excesivo. También siguen vivos, y con novedades a diario, los llamados casos Astapa, Hidalgo, Ballena Blanca, Camas..., mostrando que la corrupción no sólo no causa extrañeza, sino vive a nuestro lado y a diario. Lo peor es que no se observa una actuación política decidida a cortar por lo sano con este vandalismo y pillaje públicos. Hay una especie de excusa que se utiliza por uno u otro grupo político en función de quién o quiénes sean el autor o autores del desaguisado. No es algo, por lo demás, que quede limitado al ámbito municipal y urbanístico. No ya respecto a la comisión de delitos contra la ordenación del territorio, sino a otros desaguisados que, careciendo normalmente de relevancia penal, sí tienen relevancia pública. En unos y otros se muestra la ausencia de unidad en los grupos políticos para cortar por lo sano y hacer llegar a los ciudadanos un mensaje de coherencia. Así, esta semana hemos visto, como en los mejores tiempos del franquismo, que se puede decir públicamente y emplear la palabra muerte siempre que lo haga un nacionalista y la dirija al Borbón sin que tal empleo implica lo que dicen sus palabras y tenga una respuesta única por parte de todos los grupos políticos. Se ve, a las claras, que unos y otros exigen o justifican, en función de sus intereses, estos usos del lenguaje cuando cualquier individuo público que utilice la palabra muerte en un Estado que la ha abolido constitucionalmente no está capacitado para servir a este Estado. En fin, que en esto de la unidad frente a actos de salvajismo urbanístico o político todo sigue siendo del color que cada uno mira, y si no que se lo pregunte también a Fabra que no sabe qué hacer con el dinero que le toca a la lotería. En cualquier caso, hablemos de corrupción urbanística o de disparates públicos, soy de los que piensan que es necesario que los políticos conozcan sus límites; que sepan que la pertenencia a un grupo no les autoriza a expoliar el sector público y que sus compañeros de grupo no les van a proteger cuando se vean inmersos en una causa penal por temor a que se identifique a unos con otros, como tampoco que van a quedar sin respuesta sus excesos verbales. Y pienso de esta forma porque no es posible, salvo que la hipocresía sea la que rija la forma de hacer política, que los grupos políticos no pueden comprometerse a seguir un patrón de honestidad personal y política y, al mismo tiempo, amparar a quién o quiénes se sirven de lo público o hablan de la muerte con una frivolidad que pone los pelos de punta.