Un decreto obligará a los concertados a dar todos sus datos

La Consejería de Educación, dirigida por Teresa Jiménez, prepara el decreto que le permitirá reclamar los datos sobre problemas de conflictividad en las aulas de todos los centros concertados, que son de titularidad privada pero se financian con fondos públicos.

Esa información, que los colegios católicos se niegan ahora a facilitar a la Junta de Andalucía, debe grabarse en el sistema Séneca, la red informática de la Consejería de Educación.

El Parlamento andaluz aprobó a principios de noviembre una enmienda en la que se concretaban los datos que la Administración puede reclamar, algo que ya se recoge genéricamente en la Ley de Educación de Andalucía (LEA). Y la consejería prepara ahora el decreto que desarrollará esta medida, según fuentes de Educación.

La Fere se ha mostrado dispuesta a negociar con Educación

La oposición de los colegios concertados a ofrecer la información sobre los alumnos conflictivos ha sido firme durante los últimos meses. Sin embargo, el secretario general de Fere, la federación que agrupa a los centros católicos en Andalucía, sostuvo este fin de semana que su asociación está dispuesta ahora a colaborar con Educación en el registro de casos de violencia escolar.

Esta federación ha emitido hasta tres circulares ofreciendo su punto de vista y recomendando abiertamente a los directores que no se ofrezca la información requerida. En la primera, que está fechada el 13 de mayo de 2008, se sostenía que "no existe base jurídica suficiente que ampare la obligación legal de la grabación de las conductas gravemente perjudiciales en el programa Séneca". La última circular difundida por Fere es del 6 de noviembre e incide en esta misma idea. Se hace referencia también a que la cesión podría "suponer una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos".

El secretario técnico de Fere, Francisco José Pérez Fresquet, sostiene que en este momento la mayoría de centros concertados católicos "no están facilitando" los datos que requiere la Junta. En su opinión, "se trata de datos muy sensibles (...) y los responsables últimos somos nosotros". La Fere ha abordado este asunto en varias ocasiones con la Consejería de Educación. Pero ahora reclama una reunión formal para aclarar el problema.

Esta federación realizó una consulta a la Agencia de Protección de Datos sobre el programa Séneca. El organismo de control investigó el caso y concluyó que la cesión de los datos sobre problemas en las aulas y alumnos con necesidades específicas "no existirá vulneración" de la legislación vigente. El informe de Protección de Datos sostiene que la Ley Orgánica 2/2006 habilita el tratamiento de la información del alumnado por los propios centros, su cesión a otros colegios e institutos en caso de que el escolar cambie de centro y "la cesión de datos a la administración educativa".

En el caso de la información sobre los chicos y chicas con necesidades específicas de apoyo educativo, la LEA fija que las administraciones tendrán que hacer "una distribución equilibrada de este alumnado entre los centros docentes sostenidos con fondos públicos". Y esta obligación, según el informe de Protección de Datos, "sólo podrá llevarse a cabo conociendo las circunstancias de los alumnos con necesidades especiales que se encuentren escolarizados".