Una oposición encogida

Con la aprobación de los últimos flecos -diversas modificaciones introducidas por el promotor, Enrique Ortiz-, el Plan Rabassa entró el pasado viernes en su recta final. Ahora, sólo falta que el gobierno valenciano dé su visto bueno al plan, algo que, en estos momentos, aún no se sabe cuándo sucederá. Desde que Luis Díaz lograra la alcaldía de Alicante con una nueva mayoría absoluta, en las pasadas elecciones, el futuro de Rabassa quedó despejado. Para Sonia Castedo, heredera de la alcaldía de Díaz Alperi, el proyecto es un objetivo preferente desde su etapa como concejal de Urbanismo. La pasión que esta mujer ha puesto en la defensa de Rabassa ha sorprendido a todo el mundo. Ortiz no podía haber encontrado mejor valedora para su negocio.

La decisión que tome el gobierno valenciano sobre el Plan Rabassa permitirá comprobar cuáles son sus intenciones sobre el urbanismo en la Comunidad. Hasta ahora, no hemos pasado de la formulación de propósitos, que es -como sabe el lector- el terreno en el que mejor sabe moverse el gobierno valenciano. Desde la famosa sandía de González Pons, pasando por las repetidas ofertas de García Antón a la oposición, el repertorio ha sido variado; las propuestas, sin embargo, no han llegado a concretarse en ningún momento. La decisión sobre Rabassa puede ser la primera señal efectiva de por donde irán las cosas en el futuro. En este momento, no existe un solo motivo para pensar que el plan no sea aprobado por el Consell.

A fecha de hoy, se ha dicho prácticamente todo sobre Rabassa. La propia magnitud del proyecto, lo colosal de sus cifras, bastaría para rechazarlo. El propósito de construir, en un extremo de Alicante, una ciudad del tamaño de Villena, es difícil de justificar. Sencillamente, es algo que no se comprende. Cuando tratamos de explicar el hecho a un forastero, la primera reacción de éste al conocer las cifras es echarse las manos a la cabeza y preguntar qué necesidad hay de una cosa semejante. Rabassa puede asegurar el futuro de Enrique Ortiz para varios años, pero el precio que la ciudad pagará por ello es demasiado elevado. ¿Debe hipotecarse Alicante por el negocio de un empresario?

El pleno municipal del pasado viernes mostró que los socialistas alicantinos no han superado el trauma de Rabassa. Sus concejales aún se sienten culpables de que Ángel Franco y Blas Bernal votasen a favor de Ortiz tres años atrás. Se esperaba que quienes aspiran a dirigir la ciudad en un futuro mostrasen algo más de entusiasmo en un asunto de tanta trascendencia. Roque Moreno es un hombre voluntarioso, pero carece de cualidades oratorias destacables; su exposición tiene el inconveniente de sonar un tanto a retórica. Por ello mismo, debería de haber procurado que la oposición al Plan Rabassa no quedara reducida al resultado de un pleno municipal.

El problema del socialismo alicantino -problema que se hace más perceptible cada día para el espectador- es que no logra que su trabajo de oposición salga de la casa consistorial. La mayor parte de sus acciones queda encerrada entre las cuatro paredes del Ayuntamiento y no llega a la calle. No diré que el trabajo que realizan los concejales sea inútil, ni mucho menos, pero es insuficiente para obtener algún resultado práctico. Oponerse al Plan Rabassa exigía un trabajo de campo considerable que no se ha hecho. Son muchos los alicantinos que todavía no tienen una idea precisa de los inconvenientes que el plan supondrá para la ciudad y para ellos mismos.