El Supremo deja al ex director de Sondika a las puertas de la cárcel

Año y medio después de su primera condena, el ex director del aeropuerto de Bilbao Segismundo López-Santacruz tendrá que ingresar en prisión. El Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la pena de 9 años y medio de cárcel que se le impuso por cinco delitos durante su gestión al frente del aeródromo, entre 1997 y 2001, en la que se pagó dos pisos a cuenta del erario público y cobró comisiones de 948.000 euros por las adjudicaciones de obras. La sentencia considera acreditado un incremento patrimonial "no justificado" y que "recibió dádivas por parte de terceros a cambio de procedimientos ilegales o irregulares".

El fallo, dictado el pasado día 24, agota prácticamente la vía judicial -es la tercera sentencia contraria, tras las del juzgado de instancia y el Tribunal Superior vasco, al que recurrió-, puesto que a López-Santacruz sólo le quedaría recurrir al Constitucional en amparo. Fuentes jurídicas señalaron que este recurso no suspende la ejecución del fallo, por lo que el ex director debería ingresar en breve en la cárcel.

"Despojó los fondos públicos" para pagarse la hipoteca de su vivienda

El Supremo confirma una a una las ilegalidades cometidas por el director del entonces aeropuerto de Sondika: que concibió un plan de alquiler de una vivienda, cuya arrendataria era su madre, a cargo de AENA (el ente que gestiona los aeropuertos españoles) y con cuya renta fue pagando las hipotecas de dos pisos que compró en Getxo. Además, pasó a AENA los gastos de electricidad, teléfono y garaje, pese a conocer que las normas vigentes lo impedían. "El acusado despojó los fondos públicos, haciéndolos aplicar a un fin no autorizado, como es el pago del préstamo hipotecario de su vivienda. Este acto de despojo lo efectuaba de manera mediata", señala el Supremo en su sentencia.

Sobre las contrataciones irregulares, que constituyen el delito de cohecho, el Supremo asegura que hay varios indicios acreditados "directa y claramente" y que el imputado realizó "multitud de actuaciones irregulares". Así, relata el pago de obras "a sabiendas" de que no se ejecutaron, la concurrencia para un trabajo de empresas del mismo grupo [la constructora Otaduy], adjudicaciones sin planos ni presupuestos, pagos anticipados a contratistas o la elección de las ofertas más caras sin justificación.

La sentencia del alto tribunal se refiere a los ingresos en las cuentas de su familia cuyo origen no está justificado y los gastos excesivos del ex director en proporción a su salario, "como son 57 millones de pesetas [más de 342.000 euros] gastados en El Corte Inglés entre 1997 y 2000, años en los que precisamente era el director del aeropuerto".

Agrega que otro indicio del delito de cohecho es un incremento patrimonial no justificado "de notables proporciones", que se calcula en hasta 948.000 euros, "coetáneo a la ejecución de los numerosos expedientes irregulares ya descritos". Por ello, avala las pruebas practicadas por el tribunal de instancia que permiten afirmar que López-Santacruz "recibió dádivas por parte de terceros a cambio de procedimientos ilegales o irregulares".

El Supremo confirma igualmente la condena a la mujer del ex director, Laura Hernández, quien, "a sabiendas de la procedencia ilícita del dinero que obtenía su esposo, abrió cuentas donde ingresaba todo o parte de dicho dinero". Además, constituyó una sociedad a través de la que se compraron vehículos de lujo "y adquirió bienes y servicios con aquel dinero". "Todo ello, con la finalidad de ocultar su origen ilícito", recalca.

Con este fallo, que condena también a los imputados a pagar las costas, queda ratificado que ambos deberán pagar más de 4 millones de euros en multas, indemnizaciones y otros costes del proceso judicial. López-Santacruz, que al poco de destaparse el escándalo se fue a residir a un chalé de Bormujos (Sevilla), ha sido funcionario del Ministerio de Fomento estos años (este fallo supondría su inhabilitación), aunque el pasado año, en una de las vistas judiciales, afirmó que había dejado su trabajo en la administración pública.