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El Estado colaborará en el plan de la Xunta de pisos protegidos

Consellería y ministerio impulsan rehabilitaciones con 20,6 millones

Contrarrestar la crisis y el paro galopante en uno de los sectores más afectados, como es el de la construcción, con inyecciones millonarias de dinero para construir pisos protegidos, el 40% reservado al alquiler, y rehabilitar miles de viviendas en Galicia. Estos objetivos fueron pactados ayer en A Coruña por las responsables estatal y autonómica de Vivienda. La ministra Beatriz Corredor y la conselleira Teresa Táboas suscribieron toda una serie de convenios con 31 municipios gallegos, para rehabilitar 1.346 edificios o viviendas ubicados en 39 áreas urbanas o centros históricos.

La aportación pública será de 20,59 millones de euros, de los que el Estado pondrá 8,96 millones; la Xunta, 8,25 millones, y los propios ayuntamientos, 3,37. Los particulares aportarán el resto para estas actuaciones de rehabilitación, cuyo importe total supera 37,5 millones de euros. De estos acuerdos y de otros suscritos ayer se beneficiarán en total 34.351 hogares gallegos, según el Ministerio de Vivienda.

Pero especialmente importante es el acuerdo alcanzado para que el Gobierno central colabore, a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), en el plan sectorial de vivienda protegida (2009-2017) puesto en marcha por la Consellería de Vivenda, y que levantó protestas o malestar en algunos de los 57 municipios gallegos afectados, principalmente en el área de A Coruña

Ese programa consiste en comprar y urbanizar bolsas de suelo en toda Galicia (8,7 millones de metros cuadrados) con el propósito de construir, con una inversión total de 1.500 millones de euros, unas 45.000 viviendas protegidas. El Ministerio de Vivienda, a través de la Sepes -que ya tiene ahora en la actualidad ocho actuaciones en marcha en Galicia-, se comprometió a trabajar con el Gobierno gallego para impulsar la adquisición de esos terrenos y su urbanización.

El plan autonómico coincide con la política que lleva a cabo el ministerio, en cuanto al objetivo de que la caída de la actividad en el sector inmobiliario no afecte a la promoción de viviendas protegidas.

"Hay que aunar el interés prioritario de cientos de miles de ciudadanos que necesitan disfrutar de un hogar con la necesidad de reactivar el sector inmobiliario y generar empleo", destacó Beatriz Corredor. Llegó el fin de "la especulación feroz con el suelo residencial, cuyas consecuencias están a la vista de todos", declaró, por su parte, Teresa Tabóas. Y al igual que la ministra, hizo hincapié en el esfuerzo de promoción y financiación para obras de rehabilitación, unas actuaciones que son esenciales en la reactivación económica del sector de la construcción y la creación de empleo, dado que requieren mucha mano de obra.

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