Los pueblos de más de 10.000 vecinos deberán tener planes contra la sequía

El texto definitivo del Acuerdo Andaluz del Agua se cierra hoy en Sevilla. Y entre las novedades que se incluirán en el futuro marco de gestión del agua en la comunidad está la obligación de que "los municipios y sistemas de abastecimiento andaluces de más de 10.000 habitantes" dispongan de planes de emergencia ante situaciones de sequía. Alrededor de un millar de personas pertenecientes a sindicatos, empresarios, consumidores, organizaciones agrarias, vecinos y demás agentes sociales están trabajando en este acuerdo desde hace unos meses. Lo previsto es que hoy la mayoría de estos agentes socioeconómicos ratifiquen el texto, aunque alguna organización ecologista podría mostrar su rechazo. El acuerdo tendrá que ser aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta antes de que acabe el año y es el germen de la futura Ley de Aguas.

Respecto a los planes de emergencia, la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 establece que los núcleos de más de 20.000 habitantes deben tener este tipo de dispositivos. Esta obligación se rebajará en Andalucía para los municipios o mancomunidades con más de 10.000 vecinos. Estos planes deben contener las estrategias a seguir en caso de escasez de agua.

El acuerdo también establece que se aprobarán los planes especiales de actuaciones en situaciones de alerta y sequía de las cuencas internas andaluzas, algo que ya ocurre ahora con el decreto de sequía de buena parte de la provincia de Málaga. En este sentido, en la reunión de hoy se va a aprobar también la prórroga, hasta noviembre de 2009, del decreto de sequía de la cuenca del Guadalquivir, que se remonta al año 2005 pero que expiraba a final de este año. Se ha tenido en cuenta para ello la precaria situación hídrica de la cuenca, con unas reservas que están al 31,7% (casi 40 puntos menos de las que había a principios de 2005) y con cinco sistemas de abastecimiento en situación de emergencia (agua para menos de un año) y otros seis en alerta (para menos de dos años). Éste era hasta ahora un decreto que gestionaba la Administración central, pero que ahora asume la Agencia Andaluza del Agua al hacerse efectiva, a partir del 1 de enero, la transferencia a la comunidad autónoma de las competencias sobre el principal río andaluz.

El Acuerdo Andaluz del Agua garantiza el principio de unidad de cuenca, fija hasta el año 2015 el proceso para la modernización de regadíos, contempla la creación del Observatorio Andaluz del Agua, establece el principio de recuperación de costes y apuesta por la homogeneización de las tarifas. En este sentido, se crea el canon de infraestructuras urbanas, que tendrá carácter finalista con la intención de contribuir a la financiación de las inversiones. No obstante, la Agencia Andaluza del Agua ha tenido en cuenta las recomendaciones de organizaciones de consumidores, como es el caso de la UCE, para la aplicación de factores correctores y exenciones en función del número de habitantes en la vivienda. La implantación del canon se hará de forma progresiva durante cinco años. Del texto final desaparece el canon por utilización de aguas subterráneas y se deja para un estudio posterior el canon de regulación o de nuevas infraestructuras. Según los agricultores, eso no significa que se descarte el canon para los regantes, pues estos temen que reaparezca en la futura Ley de Aguas. Tanto Feragua como las organizaciones agrarias han valorado, en términos generales, el texto final del acuerdo.