La Comunidad demanda a Zaera-Polo por dejar la Ciudad de la Justicia

Se ha rizado el rizo: el proyecto del Campus de la Justicia irá a los tribunales. La Comunidad de Madrid, a través de su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, decidió ayer emprender acciones legales por incumplimiento de contrato contra el arquitecto Alejandro Zaera-Polo. El pasado lunes, el que hasta entonces era el autor del edificio del Instituto de Medicina Legal (IML) -el único en construcción de los 15 que conformarán la Ciudad de la Justicia, proyectada en un terreno de 300.000 metros cuadrados en Valdebebas-, anunciaba que abandonaba su proyecto por no contar con la dotación económica adecuada.

Incluso entonces, y tras conocer la existencia de un comunicado en el que Zaera-Polo esgrimía las razones de su deserción ("... el nivel insuficiente de recursos asignados a este proyecto, en comparación con el que se destinará a otros edificios, nos obliga a retirarnos a fin de proteger nuestro perfil profesional"), la Comunidad mantuvo que el desacuerdo en la negociación, en la que le habían llegado a ofrecer a Zaera-Polo hasta un 20% más sobre el presupuesto inicial del proyecto del IML (20,3 millones de euros), "fue cordial". Sin embargo, ayer la cordialidad se convirtió en acritud: "Emprendemos acciones legales contra el arquitecto desde el momento en que éste decide hacer pública su renuncia", manifestó ayer una portavoz de la consejería de Granados, la misma que el día anterior no planteó esa opción. "En realidad, al presentar el proyecto a través de una contrata [la empresa constructora COMSA], tendremos que querellarnos contra ella primero", añadió, El proyecto, aseguró, seguirá adelante. COMSA, por su parte, mantuvo una postura de no hacer declaraciones.

Rafael de la Hoz: "Habrá que decirles 'muy bien, tiene razón, pero adiós"

Pero Zaera-Polo sí habló y aseguró que la conversación que puso fin a su implicación en el proyecto la mantuvo el pasado viernes con el responsable directo del Campus de la Justicia, Miguel Jiménez de Córdoba, que ejerce de consejero delegado de este gigantesco proyecto en el distrito de Barajas, que se financiará con la venta de otros edificios judiciales de la capital y cuya primera fase costará 300 millones de euros. "Le dije que me iba cuando entendí que no iban a cambiar de opinión sobre la dotación económica y, entonces, no hubo ninguna amenaza judicial por su parte", asegura. "Si se quieren querellar conmigo que lo hagan", añade, "yo esgrimiré siempre las mismas razones que he dado para irme: que cuando llegué al proyecto no había edificios buenos y malos, como los hay ahora (unos con más del doble de dotación que otros), y que, si los hay, yo quiero hacer uno de los buenos", defiende. Y advierte: "Si mantienen esa línea caerá más de un proyecto".

De hecho, ya hay otro que se está renegociando, según la consejería. Se trata del proyecto que ganó también, como el de Zaera-Polo, mediante concurso público, la arquitecta británico-iraquí Zaha Hadid (ganadora del Pritzker en 2000). En el estudio de Hadid en Londres prefirieron ayer abstenerse de hacer declaraciones: "No hablamos de estos asuntos en esta situación, no tenemos nada que decir".

Entre los arquitectos, algunos con proyectos en el Campus de la Justicia, como Rafael de la Hoz (juzgado de menores y juzgados de lo penal), la noticia ha caído como un jarro de agua fría: "Es absurdo decir que hay unas condiciones de partida de 1.000 euros el metro cuadrado tras ganar un concurso público", dice en alusión a las razones de la Comunidad para no incrementar el precio de licitación de los edificios. "Y si aplican esa determinación normativa habrá que decirles: 'muy bien, tiene razón, pero adiós'; éste es un mal precedente para todos y una mala imagen para el campus, va a marcar lo que nos suceda a los demás", concluye.

En otro despacho, el de Milla, Mira y Navarro Arquitectos, SL (MMN), que ha ejecutado varios edificios judiciales (como el palacio de Justicia de Mérida, los juzgados de Burgos, Plasencia, Arganda, Pozuelo...) y que se presentaron a uno de los concursos del campus, aseguraban ayer que lo ocurrido era algo previsible: "En parte, por los vicios adquiridos en el gremio de renegociar los contratos que, para ganar los concursos, suelen ser leoninos", decía Miguel Ángel Mira. Y sentenciaba: "Sólo hay dos salidas a este macroproyecto: el fracaso o el fraude. Apostaron por la arquitectura espectáculo frente a la solución de un problema como la necesidad de instalaciones judiciales, pero lo que no se puede pretender es hacer barato un redondel de ésos [en referencia a la forma circular que han de tener los 15 edificios]; los proyectos van a caer en dominó porque no hay quien construya esos edificios por 1.000 euros o menos el metro cuadrado, la cadena de dimisiones es ya imparable".