PSOE y BNG acusan al PP de favorecer las edificaciones en dominio costero

La denominada enmienda Lueje se enfrentó ayer en la Cámara autónoma a las propuestas del PP para frenar los efectos de los deslindes costeros. Y se impuso la lógica parlamentaria, por la que los votos de los grupos que sustentan al Gobierno bipartito se sumaron para rechazar la proposición de ley del Grupo Popular. Frente a la petición del PP de reforma de la Ley de Costas, PSOE y BNG defendieron en el pleno la enmienda a la Ley de Vivienda anunciada la pasada semana por el director general de Urbanismo, Ramón Lueje. A través de esa reforma, la Xunta se atribuye la competencia para decidir dónde se reduce de 100 a 20 metros la zona de dominio público marítimo-terrestre. Lejos de aceptarle la propuesta, los socios acusaron al PP de defender la pervivencia de propiedades privadas en zonas públicas.

El Parlamento aprueba el canon hidroeléctrico con el rechazo del PP

Socialistas y nacionalistas desoyeron los llamamientos "a la responsabilidad" que realizó el PP para que apoyaran su propuesta, por lo que el diputado popular Enrique López Veiga se apresuró a anunciar el traslado de la proposición de ley a las Cortes y de nuevo al Parlamento gallego, a través de una iniciativa legislativa popular. "Para arreglar las injusticias", subrayó.

El objetivo de la Xunta con su enmienda y del PP con la proposición de ley consiste en suavizar los efectos de los deslindes costeros. Con ellos, los propietarios pierden la titularidad de los inmuebles en la zona de servidumbre si son posteriores a la Ley de Costas o si están en terrenos que en 1988 no tenían la consideración de urbanos. Los populares proponían con su iniciativa que, en esos casos, se le compense a los propietarios con un bien de similares características o que el Estado asuma las cargas hipotecarias pendientes.

El socialista Pablo López Vidal revindicó la enmienda Lueje en confrontación con la propuesta de un PP "perdido y desnortado". "Quieren copiar a Marbella y a Levante, favorecer el negocio de unos pocos y entrar a saco en la costa gallega", acusó a los populares. Carme da Silva, del BNG, reprochó a López Veiga que su partido "no hiciera nada" relacionado con la Ley de Costas y celebró que, con la solución aportada por la Consellería de Política Territorial "Galicia ejerce sus competencias".

Enrique López Veiga, mientras, criticó el "fracaso" del bipartito en solucionar el caso más polémico de la aplicación de la Ley de Costas, el de cinco núcleos rurales de Marín. "Dijeron que proponían la solución definitiva y se ha visto que no", acusó el ex conselleiro de Pesca. "En cuatro años no han sido capaces de dar una solución a los vecinos afectados, y ahora vienen con una enmienda que es una mala copia de un decreto del PP", acusó el diputado popular, que se refirió a López Vidal como el Perfectus Detritus de los tebeos de Astérix, por su capacidad de "sembrar cizaña".

En el mismo pleno del Parlamento, los socios aprobaron definitivamente la ley del canon hidroeléctrico, un nuevo impuesto que gravará el daño ambiental causado en 45 embalses para la producción de energía que hay en Galicia. El tributo entrará en vigor en el primer trimestre de 2009 y permitirá una recaudación de unos 12 millones de euros anuales, según las previsiones de la Consellería de Economía. PSOE y Bloque destacaron la vocación de la ley de aplicar el "quien contamina, paga". Los populares, mientras, la rechazaron por considerar que la ley puede repercutir en la tarifa eléctrica, y por lo tanto "la pagarán todos los gallegos".

El conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, cerró el debate con una intervención en la que aseguró que el impuesto nace con el objetivo de paliar los "efectos nocivos" de los aprovechamientos hidroeléctricos, y por tanto "reparará los daños" y contribuirá a "recuperar costes". El titular de Economía subrayó que el entorno natural, especialmente el fluvial, en el que se reinvertirá la recaudación del canon, será el "gran beneficiario" de la ley.

El diputado del PP Bernardo Tahoces, en cambio, consideró el canon "una broma de mal gusto", en un momento en el que Galicia "no está para bromas". Tahoces reclamó un compromiso de derogar la ley si se comprueba que repercute a los usuarios en las facturas, a lo que se opusieron los socios por considerar que iría en detrimento de la soberanía del Parlamento. Los socios, y más directamente el BNG, acusaron al PP de defender los derechos de las compañías eléctricas.