Eurodiputados barajan pedir una moratoria urbanística

La ponente del tercer informe sobre el urbanismo español que prepara el Parlamento Europeo, la eurodiputada danesa Margrete Auken (Verdes/ALE), abogó ayer por que las autoridades españolas declaren una "moratoria" de nuevos proyectos urbanísticos que no respeten el medio ambiente y que atenten contra el derecho de propiedad.

La parlamentaria de Los Verdes presentó a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara su informe preliminar sobre el urbanismo, en el que considera que ésa es "la única forma de que no sea siempre el tribunal de Justicia [de la UE] el que tenga que solucionar" este tipo de abusos. Auken, que invitó al resto de eurodiputados a aportar mejoras, también recuerda en el borrador que la Comisión puede interrumpir el pago de fondos estructurales a las regiones que supuestamente no respetan las reglas comunitarias, y pide indemnizaciones para los afectados. La ponente critica, además, la "laxitud" de los procedimiento judiciales, que "ha generado una forma de corrupción endémica", aunque aclaró que no pretende afirmar "que los jueces españoles son corruptos".

En la misma línea, el español David Hammerstein (Los Verdes) aseguró que "se están vulnerando los derechos fundamentales de ciudadanos de Valencia, Murcia y otras comunidades autónomas", lo que exige "una reacción clara" que lleve a modificar la ley urbanística valenciana. Por su parte, la Comisión Europea recordó en el debate que ha llevado ante la Justicia europea la ley urbanística valenciana por incumplir la normativa comunitaria sobre contratación pública e insistió en que velará por "aplicar la ley en los ámbitos en los que es competente". Sin embargo, el representante de Bruselas, José Manuel Severt, dejó claro que la Comisión Europea "no tiene potestad sobre las distintas leyes urbanísticas de los estados miembros".

Mientras, el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz reiteró la propuesta que ya lanzó el también europarlamentario popular José Manuel García-Margallo de invitar a un representante del Gobierno central para que explique su postura, algo que previsiblemente hará la Eurocámara para el debate más detallado del informe el próximo 20 de enero.