Silencio judicial en una querella por 'mobbing' en la calle de Robadors

Manel González es el único inquilino que queda en la finca del número 29 de la calle de Robadors de Barcelona. Su piso es fácil de reconocer porque no está tapiado. El resto, más de una quincena, están sellados a cal y canto. Él sigue malviviendo con goteras intencionadas -para echarle no han dudado en cortarle el suministro de luz y producir escapes- en una escalera en condiciones deplorables y con un sinfín de problemas. Lleva años denunciando ser víctima de mobbing. En octubre de 2007 presentó una querella criminal contra las sociedades que en ese momento eran propietarias de la finca y en noviembre presentó denuncia en el distrito de Ciutat Vella por idéntico motivo. Las dos se acumularon en el juzgado de instrucción número 12, que todavía no ha realizado ni una diligencia. Ni sobre las pedidas por el propio afectado ni por las interesadas por el fiscal antes del verano. "Ni han llamado a declarar a nadie, ni nada de nada", explica el abogado Jaume Asens, que representa al inquilino.

La demanda por 'mobbing' está parada desde que se presentó, en 2007

"Si van a este paso, para cuando quieran resolver lo que sea ya se habrá ejecutado el desahucio", apuntaba un portavoz del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (DESC). De hecho, hace un año se suspendió el desalojo y ayer se volvió a paralizar por el estado de salud del afectado y por la presión que hicieron un grupo de personas y entidades que le apoyan, entre ellas la FAVB y el Observatorio. El desalojo fue instado por las dos sociedades actualmente propietarias del edificio -Taravaus 8086 y Mancia 2003- que demandaron al inquilino porque el contrato de alquiler había finiquitado.

Pero la historia es mucho más larga y compleja. Arranca a principios de este milenio, cuando una vez abierta la Rambla del Raval se puso sobre el tapete urbanístico otra intervención de calado: la de Illa de Robadors. Hoy está prácticamente concluida con el hotel Raval ya en marcha, las viviendas sociales construidas y entregadas y el edificio de oficinas casi terminado. Falta la Filmoteca de la Generalitat, que se construirá al lado, con frente a la plaza de Salvador Seguí. Fue entonces cuando muchas de las fincas de la calle de Robadors empezaron a despertar el interés de sus propietarios y el de muchos promotores inmobiliarios. Las compraban con inquilinos, muchos de ellos con contratos indefinidos. La finca del número 29, en la que vive el afectado, fue vendida en cuatro ocasiones entre julio de 2001 y julio de 2003 y en el registro aparecen hasta siete sociedades distintas. Antes de que empezara el baile de compraventas, el inmueble tenía 20 viviendas ocupadas y tres locales. Hoy sólo queda Manel González y el Bar La Alegría, que, de momento, resiste a la presión de la propiedad para que acepte una indemnización y se vaya. La mayor parte de los inquilinos de esa finca, como sus vecinas, son gente mayor. Muchos por encima de los 65 años y con más cosas en común: alquileres bajos y unas rentas que a duras penas llegaban a los 400 euros. Tres inquilinos de esa finca, además de Manel González, firmaron la querella presentada el año pasado. "Pero se han retirado después de llegar a acuerdos con la propiedad", explicaba ayer el letrado Asens.

El caso del único inquilino y también querellante es más complejo porque su contrato era temporal. Un juzgado le reconoció el derecho de compra preferente cuando la finca fue vendida, algo que la propiedad le ocultó pero un tribunal superior se lo deniega. Así las cosas, ahora quieren echarle a toda costa.

La actuación del Ayuntamiento se ha limitado a requerir a la propiedad que rehabilitara la finca en cinco ocasiones, requerimientos que no fueron atendidos, como tampoco fue pagada la sanción económica impuesta por eso mismo. Ahora, el distrito ha ofrecido una vivienda social al afectado por el mobbing. "Bueno, eso dicen. Porque, por ahora, no han concretado ni dónde, ni cuándo", subrayaba un representante del observatorio DESC.