"La mayoría de los ancianos estaban impedidos y no podían ir a votar"

"La mayoría de los ancianos estaban impedidos, en la cama o en sillas de ruedas, y no podían ir a votar". El médico Ginés Carlos Calvente, hermano del que fuera hasta las elecciones municipales de 2007 alcalde de Baeza (Jaén), Javier Calvente (PP), negó ayer que falsificara los informes médicos para posibilitar el voto por correo de 19 ancianos de la residencia de este municipio y se desvinculó de cualquier trama. El facultativo es una de las 24 personas que se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia de Jaén acusados de delito electoral en los comicios municipales del pasado año. La mayoría de ellos, 21, son militantes del PP de Baeza, entre ellos tres concejales de la actual Corporación y familiares del ex alcalde. El fiscal pide multas de entre 900 y 2.400 euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (no podrían presentarse a las elecciones) durante ocho años.

"¡Qué casualidad que llamaran a un médico que era hermano del alcalde!". El fiscal José María Casado ironizó de este modo sobre el PP de Baeza durante el juicio por el fraude en el voto por correo, que hoy termina. El fiscal interpeló a los imputados sobre por qué no acudieron al médico de la residencia de ancianos para expedir los 19 certificados médicos de los ancianos (tres de ellos ya fallecidos) que, supuestamente, estaban impedidos para ir a votar.

El fiscal presentó un informe forense que decía que "muchos de los ancianos" estaban en buenas condiciones y podían desplazarse a los colegios electorales. "Certifico cómo están en ese momento", le contestó el médico imputado, que negó cualquier interés político en su actuación profesional. "Me da urticaria la política", declaró Calvente.

Según el fiscal, el PP de Baeza ideó una trama en el que los dos principales instigadores fueron José María Pérez Bonilla y José Perales Rentero. A su juicio, en abril de 2007 acudieron a la residencia Purísima Concepción donde habrían contado con la complicidad de otras dos acusadas, Pilar del Real Sánchez y Alcázar López Chinchilla, que eran la directora y la administrativa.

Ambas les facilitaron los DNI de 19 residentes, que tenían bajo su custodia en las oficinas. El fiscal cree que los imputados "se aprovecharon de la avanzada edad y condiciones mentales de dichos residentes y les indujeron a confusión sobre la conveniencia de solicitar el voto por correo con su mediación".

Sin embargo, durante su declaración, tanto Pérez Bonilla como Perales Rentero negaron que coaccionaran a los ancianos y que contaran con la complicidad de las responsables de la residencia. Éstas también negaron cualquier implicación en los hechos e insistieron en que había autorización municipal para dejar entrar a los representantes de cualquier partido para hacer campaña o tramitar el voto por correo.

La trama se destapó cuando uno de los ancianos, ya fallecido, acudió a votar y le dijeron que no podía hacerlo porque ya había votado por correo. Acto seguido decidió denunciar los hechos ante el Juzgado de Baeza. El sobrino de éste, Manuel Blázquez, fue el testimonio más clarificador de los aportados por el fiscal.

Por la tarde declararon los dos guardias civiles instructores del caso. Los abogados de la defensa preguntaron a uno de ellos por qué no se abstuvo por su condición de sobrino político del actual alcalde de Baeza, Leocadio Marín (PSOE). "Eso no me impedía actuar", dijo.

El médico de la residencia, Jesús Navarro, dijo que 15 de los 19 ancianos para los que se tramitó el voto por correo tenían problemas de movilidad. El actual director, José Antonio Fernández, declaró que el centro sí cuenta con un registro de visitas, contradiciendo lo declarado por algunos imputados en el sentido de que entraban sin control alguno. Rafaela Garrido, recepcionista de la residencia, dijo que días antes de las elecciones se forzó la puerta de las oficinas, hecho que no se denunció.