El fondo de sostenibilidad está a cero cuatro años después

El Consell ignora desde hace cuatro años la aplicación de las preceptivas cuotas de sostenibilidad a aquellos promotores y ayuntamientos que superan los umbrales de consumo de suelo por crecimiento urbanístico respecto al urbanizado en el momento del trámite de los PAI o los nuevos PGOU. El denominado fondo de sostenibilidad está recogido en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de 2004.

Las cuotas de sostenibilidad, de acuerdo con la mencionada ley de 2004, se aplicarán a los PAI que superen en un 30% el umbral de consumo de suelo y a los nuevos Planes de Ordenación Urbana de los municipios que lo hagan en un 20%, a razón de seis euros por metro cuadrado. El 50% El importe de las cuotas de sostenibilidad se destinará a programas para la mejora de la calidad de vida de los municipios o a otros vinculados territorialmente y presenten menores índices menores a los umbrales de consumo. La otra mitad se destinará al Fondo de Equidad Territorial.

El colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano señala que en estos últimos cuatro años se han tramitado multitud de PAI y también nuevos PGOU que superan los umbrales de sostenibilidad. El grupo asegura que El Consell está obligado por ley a poner en marcha el fondo. Mientras, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, que dirige José Ramón García Antón, han asegurado que el departamento está "en fase de elaboración" del reglamento para crear esa figura, y que "aún está dentro de los plazos transitorios" para aplicarlo.

Por otro lado, el mencionado grupo conservacionista ha remitido una carta al consejero García Antón en la que le transmiten el "constante" incumplimiento de la legislación urbanística estatal y europea en el apartado de la participación pública en el proceso de elaboración de los nuevos Planes Generales.

Según un estudio de seguimiento realizado por la organización ecologista sobr la tramitación de los PGOU de los municipios valencianos en 2007, el grado de cumplimiento de la legislación en el apartado de la participación pública es "mínimo". "Se ha constatado que de los 28 Ayuntamientos que sometieron a información pública los proyectos de nuevos Planes Generales, sólo dos municipios (Castalla y Palomar) habían recogido un plan de participación pública", precisa el escrito de los ecologistas.