Sólo una de las 300 licencias ilegales de Gondomar puede acabar en derribo

Fue la última licencia ilegal de obras otorgada por la Xunta de Goberno de Gondomar, el 17 de enero de 2006, en el río revuelto de la normativa urbanística local. La última de más de 300, todas ilegales. El fiscal pide cárcel e inhabilitación para el ex alcalde y otros cinco ex concejales en el juicio por prevaricación que continúa mañana en Vigo. Las obras con aquellas licencias han ido realizándose y sólo sobre una, la última, una vivienda unifamiliar, hay una orden judicial de demolición.

El 16 de enero de 2006, víspera de la última licencia de obras en Gondomar, la secretaria municipal presentó al gobierno local el informe que tapaba todo agujero de escape para continuar dando permisos. El Tribunal Supremo había sentenciado en febrero de 2005 la anulación del plan general, pero los gobernantes de Gondomar pensaron que podían esquivar el fallo y fueron liando su aplicación hasta agotar las posibles salidas, cegadas en última instancia por la Xunta y por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Pero esta sentencia también tardó en hacerse ostensible. Un día, cuando ya había constancia de su existencia pero se aducía que no había llegado al ayuntamiento, apareció de súbito en una mesa, y así dio pie a la secretaria municipal a reiterar, el 16 de enero de 2006, que el polémico plan general había desaparecido del ordenamiento jurídico y que resultaba inviable conceder licencias a su amparo.

Para entonces, desde el 22 de febrero de 2005 ya se habían otorgado más de 300 en sucesivos lotes periódicos. A pesar del informe de la secretaria municipal, al día siguiente de comunicarlo, 17 de enero, se concedió la solicitada por Rebeca Fernández Prieto, la única otorgada en esa fecha, contra la tónica común, y con el citado informe de la secretaria insertado en la misma para curarse la funcionaria en salud. La licencia se otorgó a nombre de Rebeca, pero la tramitación pudo prosperar por su padre, Jaime Fernández Álvarez, funcionario de la oficina de urbanismo.

Las licencias, según fuentes consultadas por este periódico, se venían dando o negando de modo discrecional, sin criterios objetivos. El trato personal con el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, tenía más garantías de eficacia que acogerse a la normativa, sumida en el caos. Jaime Fernández conocía ese estado de cosas. Maestro nacional sin oposiciones que vivía de dar clases particulares en el pueblo, fue rescatado de esa dedicación por Ramón Sestelo, alcalde del PP que le hizo su secretario particular. Cuando Sestelo cedió el sillón a Carlos Silva Mariño, tras las elecciones de 2003, dejó a su secretario colocado en la oficina de urbanismo como auxiliar administrativo.

A la licencia que solicitó para su hija se le aplicó una ordenanza, la de "núcleos rurales de alta densidad" que, como el resto del plan general, ya no existía. La parcela tampoco pertenecía a suelo urbano porque no estaba conectada a las redes públicas de abastecimiento o saneamiento y sólo cabía aplicarle el régimen de suelo rústico, para lo que precisaba autorización de la Xunta, estar vinculado a una explotación agrícola y que la parcela midiera más de 4.000 metros cuadrados. No cumple ninguna de estas condiciones y cada una ya podría ser motivo de anulación.

La parcela mide más de 800 metros cuadrados, la edificación excede la ocupación máxima y no respeta los retranqueos mínimos ni las cesiones para un vial, lo que suscitó la denuncia ante el juzgado de vecinos que se consideraron discriminados porque ellos sí habían tenido que ceder terrenos al efecto. Los Fernández fueron eximidos de esa obligación gracias a un informe del arquitecto técnico municipal, compañero de oficina del padre, que señala que no procede tal cesión porque "en la zona de acceso a la parcela existen muros de rueiros de interés arquitectónico suficiente para ser conservados". El muro fue destruido por las propias obras.