El Tribunal de Cuentas cuestiona el control al GIL

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del Ayuntamiento de Marbella durante los 15 años de mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL) cuestiona la labor laxa realizada por los funcionarios de habilitación nacional (secretario, interventor, tesorero y oficial mayor) a los que compete el control de la legalidad y la fiscalización de la gestión económica de los ayuntamientos.

La auditoría sobre los mandatos de Julián Muñoz y Marisol Yagüe desvela que estos funcionarios mayores no utilizaron todos los instrumentos que las leyes les atribuyen para oponerse al cúmulo de irregularidades y anomalías en la gestión municipal, en la que abundaron los pagos e ingresos sin justificar, las transferencias a las sociedades municipales sin soporte o la mala valoración de suelos y derechos urbanísticos.

Los habilitados percibieron sobresueldos con los gobiernos gilistas

En algunos casos la falta de intervención cuando no la autorización indebida han propiciado que el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y el interventor Juan Antonio Castro estén imputados en algunos de los procedimientos penales abiertos. Barrantes, de hecho, está procesado en el caso Malaya y se encuentra en libertad bajo fianza tras ser detenido en marzo de 2006.

Barrantes ya está jubilado, pero Juan Antonio Castro se mantiene como interventor municipal en el año que dirigió el Ayuntamiento una comisión gestora hubo un segundo interventor. El informe del Tribunal de Cuentas cuestiona su labor porque, sin que existiera nunca un acuerdo plenario que limitara su función, "la intervención se limitó a verificar la competencia del órgano, la existencia del crédito presupuestario y la intervención material del pago".

El tribunal sí reconoce que a veces emitió informes contrarios a algunas decisiones al borde de la legalidad que de hecho han motivado procedimientos penales, pero no de forma continuada y sistemática, sino aleatoria. "Sólo en ocasiones, sin ningún criterio objetivo de selección, realizó la intervención previa de determinados actos relacionados especialmente con la inexistencia de informes de valoración en permutas, con concesiones administrativas, con enajenaciones de bienes patrimoniales y aprovechamientos urbanísticos, con la falta de control de las multas de la policía local y con el pago indebido realizado por honorarios profesionales a determinados letrados", sostiene el informe. No obstante, como también consta en la auditoría, cuando emitió reparos no surtieron efecto porque el equipo de gobierno los ignoró.

El Tribunal de Cuentas explica que "la fiscalización que debió haber realizado el interventor debió haber sido crítica y previa y referida a todo acto susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o de movimiento de valores". El tribunal también lamenta que el interventor no llevara un archivo completo y sistemático de sus informes y reparos.

Sin establecer una relación causa efecto, el Tribunal de Cuentas desvela que los habilitados nacionales percibieron importantes cantidades complementarias a sus sueldos, como una productividad fija de 2.000 euros mensuales y ayuda para la vivienda que la Comisión Gestora eliminó. También la liquidación de vacaciones no disfrutadas o emolumentos por asistencia a juicio que son indebidos. En el año 2005, último ejercicio completo del GIL, el secretario cobró 149.309 euros y el interventor 137.331 euros.