Paradoja política de las fosas

Que los ayuntamientos de Córdoba y Málaga tengan posiciones muy distintas respecto a la memoria histórica no tendría por qué llamar la atención. La curiosidad del caso es la correspondencia con los partidos políticos que los gobiernan. El ayuntamiento de Málaga, del PP, no se limita a un respaldo retórico, sino que financia actuaciones como la exhumación de cadáveres de las fosas del cementerio de San Rafael, que se tienen por unas de las mayores de España, donde se estima que hay enterrados unos 4.500 fusilados en el franquismo.

El consistorio de Córdoba, de Izquierda Unida, en cambio, se resiste a permitir los desenterramientos en el cementerio de La Salud, pese a que la familia de uno de los sepultados ha logrado una subvención del Gobierno.

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La familia de Luis Dorado Luque, un diputado socialista del Congreso fusilado en Córdoba por las tropas golpistas en 1936, lleva meses reclamando que se exhume su cadáver, que se cree descansa en una fosa común. Los familiares interpusieron una denuncia contra Rosa Aguilar y otros miembros del consistorio por "prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio por obstaculizar" la exhumación de los restos de Dorado Luque. La familia también ha anunciado que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si el PSOE "incumple su promesa de favorecer la exhumación antes de 2009".

Los herederos del político no encontraban impedimento para empezar, hace más de un mes, los trabajos de exhumación e identificación, ya que cuentan con una subvención facilitada por el Gobierno en el marco de la Ley de Memoria Histórica.

Sin embargo, el Ayuntamiento reclama, desde el principio, un protocolo de actuación que clarifique los tiempos y los modos en los que ha de realizarse la apertura de una fosa en la que calculan que puede haber más de 500 cadáveres, entre represaliados y muertos por causas naturales. El Ayuntamiento afirma que no se niega a que haya una exhumación, pero pide que un juez diga cómo y dónde actuar, así como las personas que tienen que intervenir, "como en cualquier levantamiento de cadáver".

El problema es que el protocolo está pendiente de los vaivenes judiciales a cuenta de la memoria histórica. La Audiencia Nacional se ha inhibido en favor de que actúen los juzgados territoriales, pero es que el Juzgado Número 6 de Córdoba, encargado del caso de Dorado Luque, decidió la semana pasada paralizar los trámites de la exhumación hasta conocer la decisión definitiva de la Audiencia Nacional. Una vez que ésta decidió el viernes que no es competente para investigar el golpe franquista de 1936, la familia conserva un halo de esperanza y confía en que el juzgado cordobés reactive el caso.

El consistorio de Córdoba defiende que siempre ha sido colaborador y recuerda que permitió que la empresa Aranzadi Instituoa, contratada por la familia de Dorado Luque, realizase un estudio de georadar para determinar la presencia o no de la fosa en el cementerio de la Salud. Según el Ayuntamiento, los indicios "no son claros todavía", pero la empresa sostiene que es "una de las fosas que más claramente hemos encontrado".

En Málaga la situación vino favorecida porque no se trata de una actuación a instancias de un denunciante. La intervención en San Rafael es producto de una investigación realizada gracias a un convenio de colaboración entre la Junta, la Universidad y el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica firmado en noviembre de 2006. El pasado enero el convenio se amplió dado los avances de la investigación que han determinado que las fosas de San Rafael tienen una dimensión mucho mayor de la que se suponía en un principio. El coste total de la intervención está presupuestado en 260.000 euros, de los que el consistorio aporta una tercera parte.