La justicia tumba las concesiones de televisión local de Aguirre

Las licencias de televisión local que otorgó la comunidad madrileña en agosto de 2005 han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este órgano ha echado abajo la orden por la que el Gobierno de Esperanza Aguirre concedió 30 emisoras privadas en tecnología digital terrestre, la mayoría de las cuales fueron a parar a la Iglesia y a grupos de comunicación afines al PP. Entre los beneficiarios figuran el locutor de la Cope Federico Jiménez Losantos, Intereconomía, El Mundo, Kiss TV y el productor cinematográfico y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Tres años después de su adjudicación, la sala de lo contencioso administrativo del TSJM sostiene que la Mesa de Contratación que avaluó las distintas ofertas no ponderó los criterios exigidos conforme al pliego de bases del concurso. El tribunal da un plazo de un mes para que se presenten las puntuaciones que recibieron los candidatos teniendo en cuenta los baremos acordados por el propio Gobierno. Y otorga otro mes para que decida de nuevo sobre las adjudicaciones.

La Comunidad no recurrirá y entregará los datos requeridos

La sentencia resuelve las demandas interpuestas por varias empresas de televisión que impugnaron las concesiones. Entre los recurrentes figuran la Asociación de Televisiones Locales, Telesierra, Canal Uve Guadalajara, Localia TV Madrid (red de televisión local impulsada por el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS), Comunicación y Medios Audiovisuales, Tele Alcalá y Telenoroeste. Estos operadores cuestionaron la competencia de la Mesa de Contratación que adjudicó las licencias (compuesta por altos cargos del Gobierno regional, con su vicepresidente, Ignacio González, a la cabeza) y denunciaron que se concedieron sin que fuera consultado el Consejo Audiovisual de Madrid. Este órgano fue poco después disuelto por orden de Aguirre.

El pliego de bases establecía que el reparto de las licencias, hecho público el 5 de agosto de 2005, se realizaría en función de la puntuación obtenida por los candidatos con relación a la pluralidad informativa, viabilidad económica, calidad de los contenidos o creación de empleo de las empresas que se presentaron al concurso. La sentencia establece que "la ponderación" de los baremos que figuran en el pliego de condiciones resulta "imprescindible". Y, más aún, en casos como éste, en los que los criterios de valoración permiten "interpretaciones diversas".

Al elevar su propuesta, la Mesa de Contratación, no acompañó tal ponderación, por lo que la sala -"y presumiblemente también el órgano de contratación que la hizo suya"- desconocía "los parámetros interpretativos de los criterios de valoración con arreglo a los cuales la Mesa baremó las distintas propuestas", señala el tribunal. Y explica que la "ausencia de motivación" a la hora de justificar las licencias conduce a la "anulación" de la orden y a retrotraer las actuaciones justo hasta el momento antes de que se elevara la propuesta para otorgar las 30 emisoras de televisión local.

La Comunidad de Madrid anunció ayer que no recurrirá la sentencia y que antes de un mes presentará un documento con la valoración de lo baremos empleados para calificar las ofertas. El Gobierno regional considera que el fallo sólo advierte de un "defecto puramente formal" y que no anula el concurso. Distinta es la interpretación de los socialistas madrileños, que en su día denunciaron el "sectarismo" y las "irregularidades" del concurso. El fallo demuestra, a su juicio, que las concesiones se movieron por "intereses ideológicos fácilmente identificables". Izquierda Unida también se congratuló del fallo, por "poner en su sitio" a Aguirre, cuya política "bordea constantemente la ley", dijo Inés Sabanés.