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Tribuna:TRIBUNAS

Luchar contra la pobreza

En tiempos de capitalismo en crisis, de riesgos crecientes de exclusión en sectores vulnerables, un buen número de ciudades en múltiples rincones del planeta articulan políticas de inclusión social. Esta semana el Consejo Mundial de CGLU, la organización mundial de gobiernos locales, aprobará en Estambul, a propuesta de Barcelona, el documento político por la construcción de ciudades inclusivas. La crisis es de carácter estructural y global, pero su dureza se expresa en clave cotidiana y local. Un viejo lema del ecologismo político nos invita a pensar globalmente y actuar localmente. La escala global de muchos factores de exclusión requiere forjar una lectura de las injusticias más allá de cualquier frontera, mientras el ámbito local emerge como el espacio donde hacer tangibles las respuestas. Esta lógica resulta hoy insuficiente. El siglo XXI requiere también pensar localmente y actuar globalmente. La proximidad es hoy la clave de cualquier proyecto transformador, pero las ciudades deben hacerse visibles también en el escenario global. Es la glocalización. Lo global y lo local hilvanados en todas sus dimensiones, también en la lucha contra la exclusión.

Un viejo lema del ecologismo político nos invita a pensar globalmente y actuar localmente

En el año 2000, 189 países acordaron en la ONU los objetivos de desarrollo del milenio, cinco retos principales que alcanzar en 2015: reducción a la mitad de la pobreza y el hambre, solución definitiva a la deuda externa, reglas comerciales justas, reducción en dos terceras partes de la mortalidad infantil y acceso universal a servicios básicos. Más allá del ecuador del plazo fijado, el balance no invita al optimismo: 850 millones de personas pasan hambre en el mundo y 1.000 millones sobreviven con menos de un euro al día; unos 30.000 menores de cinco años mueren a diario por enfermedades vinculadas a la desnutrición; en África, 278 millones de personas viven sin agua potable y 25 millones contraen malaria cada mes; en torno al 60% de la población urbana del Tercer Mundo vive en asentamientos de infravivienda; en los países del norte, los problemas sociales urbanos se sitúan en otros parámetros; en Europa, las ciudades en crisis redescubren la pobreza, y a las desigualdades de renta se añaden nuevas dimensiones de vulnerabilidad: vivienda innaccesible, precariedad, inmigración, dependencia, soledad.

No es posible avanzar hacia los objetivos del milenio sin dotar de verdadero protagonismo político a los gobiernos locales, desde las políticas ambientales como herramientas de mejora social en Calcuta hasta el modelo de agricultura urbana en Rosario, eje del desarrollo comunitario; desde las estrategias de inclusión social sobre bases multiculturales que impulsó el Gobierno londinense de K. Livingstone a los presupuestos participativos de Belo Horizonte o Cotacachi (Ecuador), verdaderos instrumentos de ciudadanía entre las poblaciones indígenas; desde las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en Diyarkabir (Kurdistán) hasta las alternativas comunales de gestión del agua en varias ciudades africanas.

El abanico planetario de políticas locales puede aparecer disperso y fragmentado, pero subyacen en él varios elementos vertebradores. Crece el número de ciudades que han pasado de los programas sociales coyunturales a políticas de inclusión estructurales, motor de estrategias de desarrollo humano sostenible. Todas ellas comparten, además, la idea de la exclusión social como realidad multidimensional, que engloba la pobreza pero que se proyecta hacia la falta de vínculos interpersonales, la segmentación espacial o las discriminaciones étnicas y entre sexos. Aparecen también algunos retos clave: tejer políticas de inclusión sobre el respeto y la valoración de las diferencias, y situar estas políticas como canales de construcción de una democracia participativa.

En Barcelona seguimos trabajando. Desde la aprobación en 2005 del Plan Local de Inclusión, un gasto municipal de 415 millones, ha hecho posible que más de 110.000 personas vulnerables estén atendidas y vinculadas a trayectorias de inserción. Desde la firma del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva, 400 entidades trabajan en red y en proyectos comunitarios junto al Ayuntamiento. En época de crisis redoblamos nuestro compromiso social. Y vamos a situarlo en el centro de las reflexiones del Consejo Mundial de CGLU en Estambul. Debemos construir mecanismos de gobernanza democrática global con presencia de las ciudades, como garantía de un nuevo modelo económico al servicio de las personas y de la vida. El despliegue de la agenda global de desarrollo humano pasa hoy por un entramado de ciudades comprometidas, no sólo en respuestas solidarias a la recesión, sino también en darle un vuelco a la globalización predominante, hacia un mundo donde todas las personas podamos realizar, en plenas condiciones de igualdad y autonomía, nuestros proyectos vitales.

Ricard Gomà (ICV) es teniente de alcalde de Acción Social y Ciudadanía de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de noviembre de 2008