Respaldo unánime a la ley de Grandes Ciudades

El primer proyecto de ley remitido por el Gobierno andaluz en esta legislatura, el que reconoce a 10 localidades andaluzas la condición de municipio de gran población, fue aprobado ayer por unanimidad de todos los grupos (PSOE, PP E IU). La nueva ley no da más dinero ni resuelve ninguno de los asfixiantes problemas financieros de los ayuntamientos, pero sí les da un estatus político diferente e instrumentos para organizar de manera más ágil los órganos municipales.

Pero más allá de la letra de la norma, lo que ayer anticiparon tanto los portavoces de la oposición como del Gobierno es el deseo de mantener el consenso cuando a mediados del próximo año se enfrente a dos leyes de enorme calado: la de la participación de los municipios en los tributos de la comunidad y la de Régimen Local, en la que se estipularán las competencias y la financiación que recibirán los ayuntamientos. "Espero que ésta sea la senda del acuerdo y el consenso que necesita el municipalismo", afirmó la consejera de Gobernación, Clara Aguilera.

"Angustia" municipal

Desde el PP, su portavoz y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, recordó que "aún queda mucho por hacer" y aludió a la situación "angustiante" por la que atraviesan muchos alcaldes para hacer frente a las demandas ciudadanas. "Hay medidas de refinanciación para las grandes empresas, para los bancos y nuestra pregunta es: ¿para los ayuntamientos qué?".

Este recordatorio no impidió que Muñoz calificase de "positiva" la llamada ley de Grandes Ciudades. A partir de ahora, a esta condición podrán acogerse 10 ciudades de más de 75.000 habitantes. Son las de Cádiz, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Algeciras, San Fernando, El Puerto de Santa María (Cádiz), Dos Hermanas (Sevilla), El Ejido (Almería) y Marbella (Málaga). Este título ya lo tenían el resto de las capitales andaluzas (Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Córdoba) a través de la ley estatal de Modernización del Gobierno Local.

Los alcaldes de los diez ayuntamientos citados podrán delegar la presidencia de los plenos a cualquier concejal; crear juntas de gobiernos locales con funciones ejecutivas; y nombrar hasta un tercio de los miembros del gobierno local a personas que no tengan el acta de concejal para hacerse cargo de áreas municipales. Se prevé crear oficinas de defensa de los vecinos.