Educación sigue sin aclarar en qué consiste su moratoria de Ciudadanía

El "confuso" anuncio de una "moratoria" de la norma de la Generalitat que obliga a dar Educación para la Ciudadanía en inglés -lanzado hace una semana por la secretaria autonómica, Concha Gómez- sigue sin traducirse en forma de "texto legal que diga que la orden queda en suspenso", denunció ayer en conferencia de prensa Gemma Piqué, portavoz de la Plataforma per l'Ensenyament Públic. Más bien todo lo contrario. La plataforma -que aglutina a los tres grandes sindicatos CC OO, UGT y el STEPV, las asociaciones de directores, la Confederación de Padres Gonzalo Anaya y la federación valenciana de estudiantes, además de una amalgama de colectivos universitarios y entidades culturales como Escola Valenciana- criticó la manera en la que la consejería está escenificando su supuesta "rectificación" en forma de reuniones "informativas" donde es ella la que pide "ideas", en vez "negociar" y "responder a todas las reivindicaciones" puestas sobre la mesa.

"Queremos un cambio en la política educativa. No una moratoria"

"Gómez se ha reunido con todos los que no protestan: las patronales de la enseñanza privada, la confederación de padres católicos Concapa, los sindicatos afines a su política. Pero a nosotros, como la plataforma, que es la que aglutina a todo el sector de la enseñanza pública y parte de la concertada gracias a las cooperativas, no nos ha recibido aún", precisó Albert Sansano, del STEPV. "Por eso, seguimos pidiendo la dimisión del consejero Font de Mora y de su secretaria autonómica, Concha Gómez".

"No sólo no gestionan los conflictos, sino que mienten. La consejería no está negociando nada", remató Piqué, que acudió a la reunión con Gómez en calidad de vicepresidenta de la Confederación Gonzalo Anaya.

En este escenario, la plataforma confirma que "no aportará ninguna propuesta de negociación" hasta que la consejería no presente un documento inicial que "dé una respuesta global a todas las reivindicaciones, y no sólo en lo referente a la Ciudadanía en inglés", precisó.

"Queremos un cambio en la política educativa del País Valenciano. No una moratoria", añadió Piqué, para quien la orden que obliga a dar Ciudadanía en inglés es "inejecutable". Una "moratoria", aclaró Alberto Parra, de CC OO, "no es más que una dilación en el tiempo de una norma. No es una retirada, ni una suspensión. Es trasladar en el tiempo un problema, no resolverlo".

La plataforma -que presentó ayer su campaña para la manifestación del sábado en Valencia y mantiene la huelga del próximo 17 diciembre- aclaró a la Administración valenciana que "está dispuesta a hablar y negociar un plan de trilingüismo", sobre todo en una autonomía donde hay una "ausencia" de una política educativa al respecto.

No obstante, puntualizó Parra, "nada tiene que ver la posición del PP de defender el inglés en Ciudadanía con promover el trilingüismo en el sistema educativo valenciano". Parra insistió en que imponer el inglés a través de esta "asignatura de adoctrinamiento de la Constitución y los Derechos Humanos", sólo responde al "programa del PP y de la Conferencia Episcopal, que quieren retirar la Ciudadanía" del currículo escolar. De entrada, según adelantó Ángel Martí, Escola Valenciana trabaja ya en un proyecto para fomentar el inglés en las escuelas.

La plataforma mantiene íntegro el calendario de movilizaciones y advierte de que les queda "mucha gasolina" para continuar en enero. "No es que no tengamos recursos, es que estamos desbordados", concluyó Javier González Zurita, de UGT.