Manos a las obras, ¡ya!

Cuando todavía no hemos logrado contener la crisis financiera y crediticia empezamos a ver con claridad las consecuencias reales de tan severas condiciones. Afortunadamente, la intervención de los diferentes bancos centrales y gobiernos de los principales países avanzados ha conseguido evitar un colapso de los sistemas financieros y los mecanismos que aseguran la provisión de los medios de pago y crédito en una economía, vitales para el giro real de la actividad, la instrumentación de transacciones y los intercambios, la creación de empresas o la contratación de trabajadores.

Otra cosa es la traza profunda que esta crisis de la esfera financiera de la economía ha dejado en la esfera real. Las economías avanzadas están ya entrando en recesión una tras otra. El cierre de los canales de crédito ha llevado a numerosas empresas a la quiebra por falta de financiación para su circulante. Ha impedido que se crearan las empresas que habitualmente lo hacen en condiciones normales o ha paralizado los proyectos de inversión que sostienen el crecimiento del empleo y el futuro de la economía. Recuperar este desfase llevará tiempo, por lo que la crisis será duradera en ausencia de medidas contundentes por parte de las autoridades fiscales.

Nadie va a maldecirnos porque en 2011 la deuda pública española alcance el 60% del PIB

Los consumidores han retraído también su consumo de bienes duraderos en un contexto de sombrías expectativas sobre el curso del empleo y están aumentando a pasos agigantados su ahorro, lo que contribuye a deprimir adicionalmente la demanda de bienes y servicios. Restaurar la confianza de los hogares tampoco será fácil mientras el desempleo aumente y éste lo seguirá haciendo salvo que el PIB y las rentas crezcan a tasas de cierta entidad que no se verán en los próximos años.

Tan sombrías son las perspectivas reales de la economía (PIB y empleo) que la bolsa lleva mucho tiempo enlazando alzas, debidas a las relativamente mejores noticias financieras, y bajas, motivadas por la constatación regular de que la economía real va cada vez peor. Los precios de las materias primas, el oro o el petróleo, por fin, ya reflejan, con su aparatosa caída, que no existen refugios estables cuando la economía real se tambalea.

Cuando el patrón clásico de una recesión "normal" es una "V", de rápida caída y posterior recuperación, lo que vislumbramos ahora mismo es una "U" con un tramo horizontal más o menos alargado, pero con remontada al final. No falta quien augura una "L", como patrón para la recesión que se inicia, con un tramo horizontal sin visos de corrección en el horizonte discernible. Para empezar, las progresivas rebajas en los tipos de interés de los bancos centrales están dejando sin margen de maniobra a la política monetaria antes incluso de que la recesión se pueda confirmar en muchos países. No es posible reducir mucho más los tipos y, por lo tanto, la política monetaria pierde cada vez mayor eficacia. Es lo que se conoce como "trampa de la liquidez".

En estas condiciones, la intervención de las autoridades económicas debe orientarse a estimular la demanda agregada por la vía de la política fiscal. Pero, como muestra bien el caso japonés de los primeros años noventa, las reducciones de impuestos o las subvenciones directas a los hogares serán en buena medida destinadas al ahorro, dado el estado de la confianza de los consumidores y la creciente amenaza del desempleo.

La política fiscal debe instrumentarse mediante aumentos del gasto público. Pero no del gasto corriente, eso sería muy contraproducente. Sino del gasto público en infraestructuras productivas.

Miremos a España ahora. Nuestra economía tenía ya cantada una severa recesión inmobiliaria como consecuencia de la carestía de las viviendas, que expulsó a los demandantes de vivienda del mercado y el exceso de oferta de vivienda consiguiente, apenas resuelto por el magro descenso de los precios. Por sí solo, el menor tono de la construcción estaba llamado a provocar bastante daño en el mercado de trabajo, la actividad de los sectores auxiliares tanto industriales como de los servicios, y, en segundas rondas, el conjunto de la economía. Pero el daño debía ser contenido y fácilmente reversible. Al sumarse a estos desarrollos la crisis crediticia y el hundimiento de las expectativas de los consumidores, la economía española compartirá, no sin sus propias derivadas, el destino recesivo del conjunto de las economías avanzadas. Las previsiones que se van actualizando, indican que es muy probable que se encadenen varios trimestres seguidos de evolución negativa del PIB, o que el desempleo no deje de crecer hasta bien pasado 2010, quién sabe si alcanzando niveles del 17% o superiores mientras el PIB no crezca a ritmos superiores al 2,%5 o el 3%.

El déficit público ya será bastante elevado al cabo del presente ejercicio, puede que por encima del 3% del PIB. Y eso sin hacer nada, como si dijéramos, simplemente debido al juego de los mecanismos automáticos. Los Presupuestos que ahora mismo se debaten en el Parlamento no se parecerán en nada a los que acabaremos liquidando para 2009 mucho después de finalizado ese año. Sólo por tales mecanismos automáticos. Pero este desgaste presupuestario "pasivo" no logrará contener la sangría real que sufrirá la economía. Se mantendrán las prestaciones por desempleo, pero aumentará el paro.

Cuesta decirlo después de haber superado uno de los vicios seculares de nuestras cuentas públicas, cual es el déficit. Pero si no se actúa con la máxima potencia de gasto de que seamos capaces en los próximos años, el deterioro de la economía española será muy considerable y durará mucho más de lo que tarden en restablecerse las condiciones financieras y crediticias.

Con arreglo a lo anteriormente comentado, actuar con la máxima potencia de gasto, en mi opinión, significa aumentar el gasto público muy por encima de lo que está previsto. Añadiendo cinco puntos de déficit, o siete si fuese necesario, cada año que fuese necesario, a lo que los mecanismos pasivos de por sí provoquen. Lo sé, eso son entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año. Y, lo que es más importante, sólo servirán para estimular la demanda y contener el deterioro del empleo si se destinan a crear las infraestructuras productivas que este país necesita. Redes de transportes avanzados y de alta capacidad (carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarril, plataformas logísticas intermodales), infraestructuras tecnológicas (comunicaciones, parques tecnológicos), energéticas (generación y evacuación, energías renovables, ¿nucleares?), infraestructuras para el capital humano (escuelas, guarderías, hospitales, residencias y centros de día), infraestructuras medioambientales, turísticas. Infraestructuras, en suma, que sustenten el anhelado cambio de modelo productivo de nuestra economía.

Nadie nos maldecirá porque en 2011 tengamos una deuda pública del 60% del PIB. La cumbre de Washington, más exitosa de lo que parece, ha sancionado este enfoque, la Comisión Europea ha prometido flexibilidad (que tendrá que ser mucha, pero que mucha) con el famoso Pacto de Estabilidad, muchos países muy relevantes han dicho que lo van a hacer (léase China), todos los grandes gurús económicos, desde el flamante premio Nobel Paul Krugman hasta el visionario Nouriel Roubini, pasando por la lúcida memoria viva de las últimas siete décadas, Paul Samuelson, lo están reclamando. No es una ocurrencia, es una declaración de guerra en toda regla contra el desempleo. Manos "a las obras", ¡ya!

José A. Herce es socio-director de Economía de Afi y profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid.