Cuando la ley se hace a golpe de escándalo

La ola de indignación que siguió a la cadena de errores judiciales previos al presunto asesinato de la niña Mari Luz Cortés por un pederasta convicto ha llevado a la duplicación de las penas por delitos sexuales. Las protestas por la salida de la cárcel del sanguinario Iñaki de Juana, condenado por 25 asesinatos a 3.000 años de cárcel de los que sólo cumplió 19, ha provocado la creación de la nueva pena de libertad vigilada, que puede sumar 20 años más de controles y comparecencias judiciales a los 30 de prisión con los que se castigan los asesinatos etarras.

La reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno la semana pasada tiene relación directa con varios sucesos violentos que han copado titulares y programas de televisión provocando un aluvión de rechazo social. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no ha tenido inconveniente en reconocerlo: la modificación, que convierte el Código en el más duro de la democracia, se debe en gran parte "a los acontecimientos que conmocionaron a la opinión pública". Además, algunas de las medidas estrella de la reforma, como el endurecimiento de penas y la libertad vigilada posterior a la cárcel para los terroristas y los agresores sexuales y pederastas, se presentaron al público después de que el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, fuera recibido en La Moncloa por el presidente del Gobierno.

Francia o Alemania tienen una tasa de crímenes violentos mayor

Superamos en 54 puntos la media europea de reclusos por habitante

Txeroki saldría de la cárcel con 74 años y pocas ganas de nuevos atentados

La reincidencia en las agresiones sexuales es inferior a la media

Se trata de un fenómeno que el profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad Pontificia Comillas, Julián Ríos, califica de "populismo punitivo". "Se mezclan las ansias de calmar a una opinión pública desinformada y con una percepción tendenciosa del Derecho Penal por parte de los ciudadanos, que gracias a los programas de telebasura creen que todo se arregla con más cárcel. Los políticos son inteligentes y adoptan medidas urgentes para dar lo que la gente les pide", explica Ríos.

Coincide con el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal Octavio García Pérez. "Las reformas penales no se pueden dejar a las víctimas porque están tan inhabilitadas como los criminales", explica García Pérez que recuerda que a la hora de legislar, como a la de juzgar, "no se puede ser juez y parte". "Las leyes no se pueden hacer con un cadáver sobre la mesa porque se pierde la objetividad para seguir la lógica del linchamiento", añade el criminalista. "A las víctimas, lo que hay que ofrecerles es una buena indemnización, ayuda psicológica, servicios sociales..., pero nunca dejar en sus manos la política criminal".

Según ambos especialistas, las consecuencias de estas "reformas apresuradas" pueden ser perniciosas. La población reclusa se ha multiplicado exponencialmente hasta llegar a los 73.138 presos, con lo que las cárceles se encuentran totalmente masificadas. "El sistema penitenciario está colapsado, pero lo peor de todo es que los conflictos que dan origen a la delincuencia no desaparecen", sigue Ríos. "Los presos acaban destruidos desde una perspectiva relacional, psicológica y social, porque los objetivos de prevención, proporcionalidad, humanidad, equidad y resocialización no se cumplen", afirma Ríos. "El Estado no se da cuenta de que el Derecho Penal es el instrumento más violento que tiene", concluye.

Lo que mantiene el profesor Ríos lo confirmó la directora general de Instituciones Penitenciarias en la Comisión de Interior del Congreso el pasado 30 de septiembre. De 2000 a 2008, el número de personas en régimen de privación de libertad ha crecido más de un 60% hasta llegar a las 62.239, según datos aportados por Mercedes Gallizo. "En los nueve primeros meses de 2008, la población ha crecido un 7,8%, 4.514 personas más, incremento superior al registrado en todo el año 2007", añadió. Al igual que Ríos, Gallizo culpó del enorme incremento "a las sucesivas reformas penales y a la aprobación de nuevas leyes, en particular en relación con la violencia de género y la seguridad vial".

Completando los datos de Instituciones Penitenciarias con las de las prisiones de Cataluña, que tiene transferida la competencia penitenciaria, la cifra total de presos españoles era de 73.138 en la primera semana de noviembre. La tasa de encarcelamiento -reclusos en relación con la población- es una de las más altas de Europa, con 156 reclusos por cada 100.000 habitantes, 54 puntos por encima de la media de la UE, situada en 102, según fuentes de Interior.

Así pues, comparativamente, somos de los que más presos tenemos, pero también de los que sufren menos delincuencia. La tasa de criminalidad española (delitos por cada mil habitantes) se sitúa entre las más bajas del continente. El pasado julio se encontraba en 46,6 delitos por cada 1.000 habitantes y, desde 2003, sigue una tendencia descendente a pesar del crecimiento demográfico experimentado (7,8%) en ese periodo. Si nos fijamos sólo en los delitos más violentos -los que implican violencia física o psíquica sobre la víctima, es decir, los que más escandalizan a la opinión pública- la tasa fue de 2,5 crímenes por cada 1.000 habitantes en 2007, inferior a la de Alemania (2,6), Dinamarca (3,5), Francia (5,1), Holanda (6,8), Bélgica (9,6) o Suecia (10,8), según el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

La nueva pena de libertad vigilada, prevista para terroristas y delincuentes sexuales, tampoco tiene mucho sentido, según los expertos. La prohibición de aplicar retroactivamente la ley penal prevista en la Constitución impedirá que Iñaki de Juana, uno de los inspiradores de la reforma, la sufra. Tampoco Garikoitz Azpiazu, Txeroki, el jefe de los comandos de ETA detenido el pasado lunes. Pero supongamos que hubiera cometido sus crímenes con la modificación ya en vigor: a los 40 años de cárcel que le caerían con toda probabilidad por los asesinatos de los dos guardias civiles de Capbreton (Francia) y la orden de colocar un coche bomba en la T-4 de Barajas que acabó con la vida de dos ecuatorianos, se podrían sumar otros 20 más de controles policiales, presentaciones periódicas en el juzgado o prohibiciones de acudir a determinados lugares. "El etarra, que ahora tiene 34 años, abandonaría la prisión con 74 años y muy probablemente con pocas posibilidades de volver a cometer atentados. ¿Vamos a poner a la policía y a los jueces a vigilar a ancianos?", se pregunta Octavio García Pérez.

A primera vista, parece que esas medidas tendrían más sentido para violadores, agresores y abusadores sexuales o pederastas, que cumplen penas menos prolongadas y, en algunos casos, salen de la cárcel con riesgo de reincidir. Pero esos casos son mínimos, según el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díez Ripollés, que no cree necesaria una reforma para un grupo tan reducido de personas. En España, según Instituciones Penitenciarias, cumplen condena por agresión sexual unas 2.500 personas. Sin embargo, sólo el 20% vuelve a cometer el delito en los cuatro años siguientes a su salida de prisión, frente al 40% de promedio de todos los delitos.

Ese porcentaje se reduce considerablemente entre los que siguen programas especiales de tratamiento psicológico -enfocados a potenciar sus habilidades de comunicación, su desarrollo emocional y la capacidad de comprender el dolor de la víctima- lo que demostraría que este tipo de medidas de carácter terapéutico son más eficaces que el endurecimiento de penas o la libertad vigilada posterior a la prisión. Un estudio realizado en 2002 en la cárcel de Brians (Barcelona), dirigido por el profesor de Criminología de la Universidad de Barcelona Santiago Redondo, reveló que sólo el 4,1% de los que siguieron los programas reincidieron en los cuatro años siguientes a su salida de la cárcel frente al 18,2% de los que no los siguieron.

El problema, según los expertos consultados, es que es más fácil endurecer la ley, y la opinión pública lo entiende mejor. "La gente quiere que le saquen a los delincuentes de la calle, pero hay que explicarles que las cárceles no sólo deben servir para aparcar determinadas personas sino a reincorporarlos a la sociedad, algo que requiere de medios materiales y personales", prosigue García Pérez. "También es necesario que la justicia dé una respuesta rápida y eficaz".

Una respuesta que, según el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid, Ángel Luis Ortiz, será difícil sin una inversión seria que acompañe a la ley. La reforma penal descansa en gran parte en estos jueces encargados de controlar el cumplimiento de las penas, pero su trabajo también se ve afectado por el incremento de reclusos. "Según los baremos del Consejo General del Poder Judicial, tendríamos que tener unos 1.000 reclusos por juzgado, pero los de Madrid atendemos alrededor de 3.000", señala Ortiz.

La nueva reforma, según el magistrado, supondrá más carga de trabajo y más dificultades si no se ponen medios. "Ahora perdemos de vista al ciudadano en cuanto cumple su condena, pero cuando se apruebe el cambio legal mantendremos vivos estos asuntos durante mucho más tiempo debido a la libertad vigilada", prosigue el juez, que sentencia: "La reforma no servirá de nada si no se crean nuevos juzgados, mejores medios materiales, más personal...".

Las medidas que incluye la nueva pena de libertad vigilada ya se recogen en el Código Penal como medidas de seguridad que el juez de vigilancia puede decretar como "normas de conducta" durante la libertad condicional, que se suele acordar al cumplirse los dos tercios o los tres cuartos de la pena de prisión, y que controlan los equipos de tratamiento de las prisiones.

Cuando se apruebe la reforma esas medidas se recogerán en la propia sentencia lo que, según Ortiz, es "arriesgado". "Puede dar lugar a resultados injustos debido a que la posibilidad de reincidencia se analizaría al juzgar el delito. Puede que se condene a alguien a 20 años de cárcel y que, aunque al salir esté rehabilitado, deba sufrir estas medidas durante unos años más". Por eso, según el juez, deben establecerse ciertas garantías como la revisión temporal de esas medidas de seguridad para comprobar la evolución del delincuente, como se hace, por ejemplo, en Alemania.

Medidas como las contenidas en la nueva pena de libertad vigilada existen desde hace años en otros países europeos. En Francia existe el "control socio-judicial" posterior a la cárcel para los agresores sexuales, consistente en un tratamiento terapéutico acompañado de medidas de alejamiento o la prohibición de ejercer determinadas profesiones. En el Reino Unido, la reincidencia en este tipo de delitos se castiga con la prisión a perpetuidad revisable en caso de que desaparezca la peligrosidad del condenado. En EE UU, de tradición más represiva, las medidas dependen de cada Estado, aunque en todos existe un control posterior a la prisión. En Nueva Jersey, por ejemplo, los delincuentes sexuales se inscriben en registros públicos y en California se vigila a los pederastas a través de medios telemáticos durante toda su vida.