Los archivos judiciales de vagos y maleantes no serán expurgados

Paula Sánchez de León, consejera de Justicia, aseguró ayer en las Cortes que la comisión reglada que expurga los expedientes judiciales para liberar los archivos de los edificios judiciales conservará "en bloque" todos los casos abiertos bajo la dictadura franquista "en aplicación de la ley de vagos y maleantes o de la ley de peligrosidad y rehabilitación social". Los ciudadanos que hubieran sido objeto de condena o sanción en aplicación de cualquiera de esas dos normas tienen derecho a reclamar una indemnización al Estado y, por esa razón, los expedientes en cuestión no serán destruidos. "Las indemnizaciones a ex presos sociales están completamente salvaguardadas", reiteró la consejera.

Castellano: "El 40% de los incendios forestales en 2008 son intencionados"

Sánchez de León compareció en comisión a requerimiento de la diputada socialista Josefa Andrés para explicar por primera vez los criterios que sigue la comisión de expurgo de los archivos judiciales constituida en mayo de 2006.

La consejera dijo que la constitución de la comisión está reglada por ley estatal. La componen un magistrado, un secretario que es funcionario de la consejería, un fiscal, un secretario judicial y un archivero profesional. La comisión analiza los archivos judiciales y decide qué expedientes se deben conservar en el Archivo del Reino y cuáles se pueden destruir con las debidas garantías.

Sólo en la provincia de Valencia, la comisión se enfrenta a más de 234.000 archivadores que acumulan siete millones de expedientes. Los documentos se amontonan en unas naves alquiladas en Montcada que no "tienen las debidas condiciones de iluminación y ventilación", según la consejera, y que "están en condiciones deplorables", según la diputada socialista, "repletas de pulgas y polvo".

Sánchez de León explicó que, hasta la fecha, "están catalogados para destruir" dos millones de expedientes de juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción y de fechas comprendidas entre 1942 y 1978.

Andrés recordó que la mera destrucción de documentación no implica la modernización de los archivos judiciales, apuntó que Justicia paga 330.000 euros anuales por el alquiler de las naves de Montcada y lamentó que las instalaciones del archivo judicial de la Comunidad Valenciana que se construyen el Riba-roja arrastren años de retraso.

Serafín Castellano, consejero de Gobernación, precedió a Sánchez de León ante la misma comisión para presentar un balance de la campaña de prevención y extinción de incendios del presente ejercicio. Castellano celebró el descenso de incidentes, el recorte de la superficie afectada por el fuego y que el único incendio de relativa importancia arrasara cuatrocientas hectáreas de cañizo en el Pla de Cabanes.

Pero alertó sobre el alza de incendios provocados. Según el consejero, entre 1998 y 2006, la media de incendios "intencionados" era del 28% del total. En 2007, los incendios provocados saltaron hasta un 37% del total y en 2008 se elevaron hasta el 40%. Castellano anunció que reclamará una modificación del Código Penal para que se pueda exigir a los responsables de incendios intencionados que costeen los gastos de las labores de extinción.