Un absurdo administrativo evitó indagar las denuncias más graves

Las denuncias más graves que realizó la Policía Municipal durante tres años y medio sobre las irregularidades de la discoteca Balcón de Rosales cayeron en saco roto. El lugar en el que unos porteros reventaron el corazón a un chaval de 18 años el sábado se escapó de la ley por un absurdo administrativo.

La Comunidad de Madrid, que según la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas es la encargada de sancionar las infracciones muy graves (como la venta de alcohol a menores o los fallos en las salidas de emergencia en los locales de ocio), archivó las cinco inspecciones con peticiones de cierre de la Policía Municipal que le envió el Ayuntamiento de Madrid. ¿La causa? Que en los documentos figuraba que la discoteca carecía de licencia de actividad, según aseguró ayer una portavoz de la Consejería de Interior. Ésta aduce que ese documento es algo así como su fe de vida: sin él el local no existe. Lo que allí ocurrió, por muy grave que fuera, no se investigó.

La Junta de Moncloa dice que no halló nada ilegal en su investigación

"Hay mucha falta de responsabilidad y omisión", dicen los familiares

Pero resulta que el local, al ser una concesión municipal, no necesitaba la licencia de actividad, según mantiene el Ayuntamiento. La teoría jurídica de esa afirmación es que el suelo y el local son propiedad municipal y, por tanto, la administración no se autoconcede licencias.

Al constatar la falta del permiso, la Comunidad contactó con el Ayuntamiento para interesarse por dicha carencia. En una carta del 2 de noviembre de 2006, la subdirectora general de coordinación municipal contestó que "no existen las licencias solicitadas" y que "la actividad autorizada por el Acuerdo del Pleno de 26 de octubre de 2000 es la de café-espectáculo". Las denuncias se archivaron.

Según Álvaro Ballarín, concejal de Moncloa, todas las denuncias leves y graves sobre la discoteca que llegaron a la junta se investigaron y no se encontró ninguna irregularidad. Es competencia municipal, según la Ley de Espectáculos, investigar este tipo de infracciones. "El resto se remitieron a la Comunidad".

Entre las que sí examinó la junta estaban "carecer de cartel identificativo", "no presentar el seguro de responsabilidad civil" o "carecer del identificativo de la actividad". Se revisaron todas las infracciones que comunicó la Policía Municipal, incluso la denuncia del seguro, que según Ballarín "sí poseía la discoteca conjuntamente con Parques Reunidos". En los informes técnicos, se descartaron.

"Una cosa es la denuncia, y la otra es lo que encuentran los técnicos cuando acuden al lugar. Las denuncias requieren una verificación, un procedimiento, un trámite de audiencia y que unos técnicos presenten una resolución. En el caso de la discoteca nunca se encontró material sancionable", explicó ayer a EL PAÍS Ballarín, que quiso resaltar el "excelente trabajo que realizan los funcionarios de la junta hasta ahora".La familia de Álvaro Ussía exigió ayer, a través de un comunicado, que el alcalde y la empresa gestora de El Balcón de Rosales ofrezcan una información detallada del caso. "Detrás de la muerte de Álvaro hay mucha falta de responsabilidad y omisión, que no puede ser ocultada con promesas y lamentaciones a destiempo".

Los familiares critican la ausencia de una regulación eficaz relativa a los locales de ocio. "La libertad personal y los intereses empresariales, para que sean respetables, tienen que tener unos límites razonables y razonados", señalan.

También califican de intolerable que el Ayuntamiento ignore las denuncias por irregularidades relacionadas con el funcionamiento de estos locales, "sobre todo en lo que afecta a la seguridad de las personas". Además, aseguran "no es admisible que se insulte o se etiquete a nadie por motivos clasistas, y mucho menos para tratar de justificar actuaciones terriblemente crueles y desproporcionadas".

Los familiares agradecen las muestras de afecto recibidas y convocan a una manifestación el viernes a las ocho de la tarde ante El Balcón de Rosales "para manifestar el dolor y la preocupación que nos ha causado su muerte tan violenta e injusta".

El caso obligó al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, a comparecer ayer en la habitual rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Lo hizo, entre otras cosas, para desvincular completamente la muerte de Álvaro Ussía a manos de los porteros de la discoteca de las irregularidades administrativas en la que esta incurrió durante años. Eso sí, su discurso estuvo plagado de referencias a la necesidad de trabajar de forma conjunta con otras administraciones y, se entiende, de las responsabilidades que comparten; especialmente con el gobierno regional.

Además, Gallardón anunció que se abrirá una investigación sobre todas las ilegalidades presuntamente cometidas por la discoteca y que incluirá las denuncias remitidas a la Comunidad de Madrid. El registro de entrada y salida de dichas actas enviadas al gobierno regional fue aportado ayer por el Ayuntamiento.

Parques Reunidos, la empresa que gestionaba la discoteca, ha aceptado ya la revocación de la concesión administrativa que le permitía explotar el local. De momento no tendrá ninguna sanción añadida ni se rescindirá el resto de contratos que tiene firmados con el Ayuntamiento como el Parque de Atracciones o el del Zoo. Hasta que no termine el proceso judicial, explicó el alcalde, no se tomará ninguna medida administrativa.

Los compañeros de Álvaro Ussía cerraron ayer con la delegada del Gobierno, Soledad Mestre, su ronda de reuniones con responsables políticos, informa Javier S. del Moral. Mestre les garantizó la unidad de los políticos y les ofreció un plan de seguridad en las discotecas. "Colaboraremos con el resto de administraciones para mejorar cualquier aspecto jurídico, penal y policial que sea necesario", explicó.

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