La inspección urbanística velará por que se cumplan los cupos de VPO

El cuerpo de inspectores de urbanismo de la Junta tendrá entre sus misiones prioritarias controlar que el 30% de los suelos de nuevo desarrollo se destinan realmente a la construcción de VPO, como establece la Ley de Vivienda Protegida y Suelo. Esta función es una de las novedades que incorpora el Plan de Inspección Urbanística para el cuatrienio 2009-12, cuya orden publicará en los próximos días el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La inspección no sólo velará porque los planeamientos urbanísticos municipales cumplan con estas reservas de suelo, sino que deberán comprobar "la efectiva construcción de tales viviendas por los sujetos obligados" y también que se dotan de los precisos equipamientos habitacionales (locales vecinales, jardines, áreas infantiles y zonas comunes).

Los inspectores emitirán informes periciales y harán demoliciones

El nuevo plan mantiene como primer objetivo de la inspección las construcciones ilegales, pero no contempladas desde un punto de vista represivo, sino de la ordenación. Así, la facultad que se atribuye a los inspectores es la de "colaborar con los órganos competentes para la debida consideración por el planeamiento territorial o urbanístico en fase de aprobación, revisión o adaptación, de las obras, construcciones y edificaciones ilegales". Para ello, emitirán informes sobre la situación para los distintos departamentos con competencias en la aprobación del planeamiento urbanístico.

Dentro del objetivo de evitar la proliferación de construcciones ilegales, la prioridad de las actuaciones se centra en el suelo no urbanizable, y especialmente en el que tiene algún grado de protección.

Así, el tercer objetivo que el plan atribuye a la inspección tras las construcciones ilegales y las viviendas de VPO es el de "coadyuvar a la defensa de los usos previstos por el planeamiento para los parques, jardines, espacios libres, infraestructuras o demás reservas para dotaciones". Otra de las prioridades de la inspección, que tiene relación con la preservación del suelo no urbanizable, es la de evitar la formación de núcleos de población donde no lo prevé el planeamiento y los procesos de parcelaciones ilegales. La segregación de suelo rústico en fracciones inferiores a 25.000 metros cuadrados no está permitida por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

El plan de inspección para los próximos cuatro años presenta dos novedades respecto al actual que tienen que ver con la implicación institucional y social en la disciplina urbanística. Por un lado, la incorporación de las diputaciones provinciales a los convenios que la dirección general de inspección firma con los municipios para darles asistencia en el control de la disciplina urbanística, principalmente con aquellos que no superan los 5.00 habitantes, lo que supone un reforzamiento de los medios.

Y por otro lado, la orden contempla la constitución del Foro de Disciplina Urbanística como una plataforma permanente de difusión y promoción en la que estarán representados las administraciones públicas, las universidades y los colegios y asociaciones profesionales relacionadas con la materia (arquitectos, abogados, urbanistas, registradores, notarios, jueces y fiscales, entre otros).

El nuevo plan incide en una de las funciones que empiezan a ser habituales de estos agentes, la de prestar auxilio a los órganos judiciales y la ejecución de sentencias de demolición. En los primeros seis meses del año, el cuerpo de inspección emitió más de 200 informes periciales requeridos por los jueces que instruyen casos de legalidades urbanísticas. El recién creado cuerpo de inspectores de urbanismo de la Junta dispone de 25 agentes especializados, con apoyo de personal técnico en las ocho provincias. El año que viene se cubrirán otras 11 plazas por oposición libre, con lo que se habrá cubierto la mitad de la plantilla prevista inicialmente para este cuerpo.