El PP se adelanta al Gobierno y presenta su reforma de extranjería

Desde que tomó posesión, hace ya casi siete meses, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha venido anunciando una reforma inminente de la Ley de Extranjería que no ha acabado de plasmar negro sobre blanco. Ayer, el PP se le adelantó y presentó en el Congreso de los Diputados su propio proyecto que, para más inri, recoge la mayoría de las propuestas que el ministro ha venido lanzando al aire en los últimos meses. Entre ellas, el recorte de la reagrupación familiar y el aumento de 40 a 70 días del periodo de retención previsto para los inmigrantes que se encuentran en situación irregular.

La reforma es obligada, pues el Ejecutivo debe incorporar a la ley varias directivas europeas y sentencias del Tribunal Constitucional. Curiosamente, esas sentencias, sobre derechos de los inmigrantes, se han producido como consecuencia de iniciativas socialistas contra una norma que fue redactada por el Gobierno de Aznar.

Dado que el melón debía ser abierto, el ministro de Trabajo e Inmigración aprovechó para anunciar que pensaba incluir en él otras modificaciones. En esencia, dos: la limitación de la reagrupación familiar de los ascendientes a los extranjeros que tengan la residencia permanente en España (algo a lo que sólo pueden aspirar tras cinco años de residencia regular) y la ampliación del plazo de máximo de retención de los indocumentados desde los 40 días actuales a 60, con el fin de que las autoridades tengan más tiempo para los trámites de repatriación.

El proyecto del PP copia y endurece ambas propuestas. Admite la reagrupación de los hijos menores del inmigrante y de su cónyuge, pero excluye a los padres de éste. Además, elimina la reagrupación en cadena; es decir, la posibilidad de que los familiares puedan, a su vez, reagrupar a otros parientes cuando logren permisos de residencia y de trabajo.

Respecto al periodo máximo de retención de inmigrantes en situación irregular, defiende que sea elevado a 70 días, 10 más de los que contempla el Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que ayer hubo una reunión oficial para comenzar a preparar el borrador de la ley, que será llevado al Congreso para allí negociarlo con el PP. Para entonces, probablemente, ya se habrá discutido la iniciativa de los populares, que podrían utilizar esta anticipación para acusar al Gobierno de copiarle las ideas.

El texto registrado ayer en el Congreso incluye otros tres asuntos de calado político. El primero es el contrato de integración, que Rajoy agitó durante la campaña electoral y que pretende que los inmigrantes se comprometan a aprender el idioma y a respetar las costumbres españolas.

El segundo hace referencia a la prohibición de las regularizaciones masivas extraordinarias, pero su redacción, calcada de la que el Gobierno de Zapatero logró incluir en el Pacto Europeo de Inmigración, habla de regularizaciones individualizadas y, por tanto, podría incluir más las regularizaciones masivas que llevaron a cabo los Gobiernos del PP que al proceso de normalización impulsado en 2005 por el Ejecutivo de Zapatero, vinculado a un contrato de trabajo.

El tercero amenaza las regularizaciones por arraigo (el reglamento de la ley actual contempla la residencia para los extranjeros sin papeles que demuestren llevar dos años trabajando o tres años residiendo en España), ya que emplaza al Gobierno a presentar un informe sobre este asunto en el plazo de tres meses.

Para justificar esta última iniciativa, el portavoz del PP, Rafael Hernando, que presentó la iniciativa con Alfonso Alonso, miembro de la dirección popular, afirmó que el Gobierno ha regularizado de forma encubierta a 957.000 inmigrantes en 2007 y a 550.000 en el primer semestre de 2008. Aunque Hernando aseguró que ésos eran datos oficiales, un repaso a las estadísticas muestra que se trata de cifras exageradas.

En 2007, el número de inmigrantes regularizados aumentó en 265.000 personas, y en los nueve primeros meses de este año la cifra es negativa: 180.000 extranjeros regularizados menos, bien porque perdieron su permiso o porque han vuelto a sus países.