Los promotores piden 600 millones en avales públicos para vender pisos

La crisis económica ha pillado a los promotores valencianos con cerca de 160.000 viviendas listas para la venta, pero sin comprador. Tras años de alegría crediticia, desarrollo urbanístico desaforado, subidas de precios y sustanciosos beneficios, los bancos han cerrado el grifo. No hay financiación de hipotecas sin garantías, y sin ellas no hay venta. Ante el parón inmobiliario, los promotores urgen a "revitalizar" el mercado, y para ello han llamado a la puerta de las administraciones públicas. En los últimos meses, han trasladado tanto al Consell como al Gobierno central la idea de que avalen a determinados compradores ante la banca. Los promotores, a cambio, se declaran dispuestos a bajar precios para ajustarlos a un margen similar a la vivienda protegida.

La Generalitat "estudia" la idea y otras "fórmulas" para la crisis "

No puede ser que todos los sectores pidan dinero", según los consumidores

"En situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias", sostiene Benjamín Muñoz, vicepresidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y secretario general de asociación provincial de Valencia, que ahora pone los números de esta propuesta sobre la mesa. Los promotores calculan que serían necesarios nada menos que entre 600 y 700 millones de euros en un plazo de cuatro a cinco años para avalar a los compradores de unas 30.000 viviendas de ese stock sin salida.

"La banca quiere seguridad, tiene miedo a la morosidad", alega Muñoz, que augura que no se harán más pisos, ni de renta libre ni protegidos, sin reducir esa bolsa por vender. Las casas están hechas, y de ellas cuelgan los préstamos pedidos por los promotores, que no logran colocarlas. La vía del aval público al comprador, por medio del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el caso estatal, daría garantías de pago a los bancos, que están dispuestos a entrar así en ese tipo de operación, según asegura Benjamín Muñoz. Los avales, en su opinión, no obligarían a la Generalitat a desembolsar esos 600 o 700 millones de euros. Salvo en los casos en que los compradores no pagaran, claro.

Sin concretar hasta dónde reduciría el sector su margen de ganancias -altísimo en estos años de bonanza-, el secretario general de los promotores valencianos apunta al camino de la conversión de los pisos de renta libre en protegidos. Un mercado que los constructores en la Comunidad Valenciana han dejado aparcado durante años ante el auge de ventas de la renta libre.

"Hay que quitar la etiqueta a la vivienda protegida clásica, meter en el mercado la libre y bajar su precio", dice la receta de los promotores. Los pisos acogidos a la protección oficial tienen un límite de 90 metros cuadrados, entre otras condiciones, y Muñoz propone romper ese marco para dar cabida a viviendas más grandes, de forma que una parte de ese stock por vender moviera el mercado a precios asequibles.

Una posibilidad que se abre paso en el nuevo plan estatal de vivienda, según la Consejería de Medio Ambiente, que dirige José Ramón García Antón. La consejería "estudia" la propuesta de los avales, entre otras "fórmulas", como pedir a los bancos que mantengan una cuota fija de hipoteca unos años. Además, el consejero, en una entrevista con este periódico, apuntó el pasado domingo que parte del stock podría entrar en el mercado de protección oficial. "Pero los promotores tendrán que ajustarse a los precios de este tipo de viviendas", subrayó García Antón, dispuesto a firmar un convenio con promotores, entidades financieras, registradores y notarios, con "condiciones" para "ayudar a la gente a comprar una casa".

También la Unión de Consumidores prepara un estudio con sus iniciativas para abordar la crisis. Pero su secretaria general, Isabel Dolz, advierte de que hay límites: "No puede ser que todos los sectores en crisis acaben pidiendo dinero a los gobiernos, porque al final lo pagan los consumidores".