Nace el cuatripartito educativo
El 87% de los diputados aprueban la primera fase de la ley de educación
No es habitual que el Gobierno y la oposición se pongan de acuerdo y voten a favor de los puntos básicos de una ley de peso. Ocurrió ayer y, como estaba previsto, el cuatripartito educativo arrancó en el Parlament. El proyecto de ley de educación, con gran contenido social, sorteó en la Cámara su primera fase. Las enmiendas a la totalidad de Ciutadans y el PP fueron rechazadas con el apoyo de cuatro grupos: los tres que respaldan al Gobierno (PSC, ERC e ICV) más el de CiU, el primero de la oposición. El respaldo para rechazar las enmiendas a la totalidad fue abrumador: 118 votos en contra de las enmiendas (87%) y 16 a favor.
El consejero de Educación, Ernest Maragall, el padre de la ley, llegó al Parlament con una amplia sonrisa y salió aún más contento. Pero como dio a entender la diputada de CiU Irene Rigau, la ley está aún en periodo de embarazo. Debe nacer y queda un largo trecho para aprobarla. Hasta la primavera aún deben acordarse las enmiendas parciales a cuatro bandas para llegar a un final de viaje feliz del cuatripartito educativo.
El tripartito y CiU quieren lograr que la primera ley de educación catalana perdure, que pueda aplicarse tanto si gobiernan unos como si lo hacen los otros. En definitiva, se busca evitar lo que ha ocurrido a escala estatal, con cuatro leyes en menos de 20 años por la falta de entendimiento entre el PP y el PSOE.
Los ejes principales de la ley son: dar autonomía a las escuelas para que puedan mejorar la educación y los resultados, tener direcciones fuertes, evaluar a los centros y a los profesores, y permitir proyectos educativos propios en cada centro supervisados por la Generalitat. También se prevé crear zonas educativas más amplias para adscribir docentes a ellas en lugar de como se hace ahora (los educadores pertenecen a un solo centro) y repartir equilibradamente entre las escuelas a los inmigrantes en una misma zona. Se busca implicar más a las escuelas concertadas, ya que ahora el 85% de los 140.000 alumnos inmigrantes se escolarizan en centros públicos.
Maragall dijo que con la ley se quiere dar confianza a los docentes -que tienen el apoyo de la Administración-, autonomía a las escuelas y capacidad a los directores, y evaluar el sistema para "rendir cuentas", entre otros aspectos.
Irene Rigau, de CiU, afirmó: "Esta ley requiere un gran acuerdo entre los que gobiernan y los que puedan gobernar. Decimos sí a su tramitación, pero no al texto actual". "Los acuerdos a que podamos llegar serán la clave para saber si podemos llegar a un acuerdo", añadió. Y adelantó algunas líneas en las enmiendas de su grupo: "Falta ambición en la regulación de la libertad de elección de escuela. Nos sentimos defensores de la pública y de la concertada y debe haber para cada niño la misma financiación, vaya a la escuela que vaya".
Josep Maria Freixanet, de ERC, recalcó: "Habrá que hacer pequeñas renuncias para llegar al consenso". ERC ya introdujo sus tesis en el texto para reforzar la política lingüística con la inmersión en catalán.
ICV dice sí a la autonomía de los centros escolares, pero la diputada Dolors Camats afirmó que la ley "no es valiente" a la hora de definir el servicio público educativo. Añadió que su grupo quiere reforzar con enmiendas que se establezca una única red de centros públicos y concertados y la escolarización mixta de niños y niñas.
El diputado Rafael López, del PP, criticó que el proyecto no aborda el fracaso escolar y dijo que hay previstas protestas sindicales contra él. Tres sindicatos han convocado para hoy una huelga escolar contra la ley.Según Ciutadans, la ley es mala porque "es burocrática, busca culpables, no dispone de instrumentos para evaluar resultados y blinda la inmersión lingüística", dijo el diputado Antonio Robles.
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