Dos varas para medir la corrupción

Los escándalos en los que aparecen implicados cargos políticos son abordados de manera diferente por populares y socialistas. El PP ha optado por hacer caso omiso de sus propios estatutos, incluso con aquellos cargos públicos que ya tienen en su haber sentencias condenatorias firmes y no recurribles. El PSPV-PSOE, en cambio, ha decidido analizar caso a caso, aunque ante los casos más sonoros ha actuado con contundencia, con la suspensión de militancia -la expulsión depende de Ferraz- y la apertura de un expediente informativo a los cargos que han actuado de manera irregular.

En la inacción del PP frente a la corrupción y los escándalos urbanísticos ha pesado de manera notable el caso Fabra. Los escándalos relacionados con el presidente de la Diputación y del PP Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública y delito fiscal, han pesado como una losa, ya que la dirección regional de los populares valencianos no ha podido hacer distingos con otros cargos imputados en situaciones similares.

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En Castellón, al margen del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, son varios los alcaldes y concejales imputados por delitos relativos, en su mayor parte, con cuestiones urbanísticas. El alcalde de Oropesa, Rafael Albert (PP), así como varios concejales de su equipo de gobierno han tenido que acudir en varias ocasiones al juzgado para ser interrogados sobre acusaciones de tráfico de influencias o prevaricación ante adjudicaciones de desarrollos urbanísticos y venta de suelo público. Uno de los ediles oropesinos que también está imputado, Juan Manuel Ribes, perteneció al PSPV, partido del que fue expulsado antes de que sus actuaciones llegaran al juzgado.

En Burriana, el ex alcalde y ahora senador Alfonso Ferrada (PP), está imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y por atentar contra la ordenación del territorio tras aprobar un polémico proyecto urbanístico. En los juzgados se encuentran también las denuncias por supuesto fraude electoral en municipios como Fanzara y Cabanes, donde se detectó un incremento en el número de personas censadas justas antes de las últimas elecciones municipales. Entre los cargos socialistas, el alcalde de Moncofa, José Vicente Isach, también está siendo investigado por decisiones urbanísticas.

Todos los cargos citados mantienen su militancia y sus cargos en el Partido Popular. Ninguno de ellos tiene abierto, siquiera, un expediente informativo para conocer el alcance de sus actuaciones.

En Alicante, es donde se acumula el otro gran paquete de cargos públicos imputados. La lista de acusados y condenados la lidera el PP, mientras los socialistas han corrido peor suerte en el apartado de arrestos y cárcel preventiva.

El primer alcalde del PP condenado ha sido el ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, por quedarse con 49.000 euros donados por unas monjas al Ayuntamiento de Orihuela. Cartagena, tras un paso efímero por la prisión, tienen pendiente otra causa por fraude a Hacienda. El fiscal le pide tres años de prisión. A Cartagena, le siguió el ex regidor de La Vila Joiosa, José Miguel Llorca, condenado por ejercer de médico sin tener la titulación académica.

Entre los imputados destacados del PP, resaltan el alcalde Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por la millonaria plusvalía de 5,2 millones de euros en la compra venta de una finca, y los ex regidores de Alicante y Orihuela, Luis Díaz Alperi, y José Manuel Medina. El primero por el desfalco de Mercalicante y el segundo po corrupción urbanística. La lista se completa con varios ediles también imputados. El más relevante es el concejal de Calp Juan Roselló, por el sobrecoste de un millón de euros en las obras de la red del agua.

En el lado socialista destacan el ex alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez, por las casas ilegales de la huerta, y los dos últimos episodios de San Fulgencio y Bigastro. En el primero, la simulación de un soborno, ha acarreado el arresto de la alcaldesa, Trinidad Martínez, y dos concejales. El alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, cumple prisión preventiva por corrupción urbanística y cohecho.

El listado socialista se nutre con dos últimos casos. La imputación de la alcaldesa de Dénia, Francisca Viciano, a raíz de una denuncia del PP por supuesta prevaricación y la investigación abierta por un juzgado de Requena lía a la ex diputada socialista María Antonia Armengol, por supuestas obras ilegales en su casa, informa Lydia Garrido.