Cataluña y Galicia evidencian sus discrepancias en financiación

Los dos frentes autonómicos en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica se mantienen. Los gobiernos de Cataluña y de Galicia evidenciaron ayer sus diferencias sobre los factores que, a su juicio, deberían primar en el cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades y sobre el grado de nivelación (de solidaridad).

La Generalitat considera que el factor que debe pesar más es la población, corregida por la inmigración y los costes diferenciales (la carestía de la vida) y que el mecanismo de solidaridad garantice los mismos recursos por ciudadano en educación, sanidad y servicios sociales. La Xunta de Galicia quiere que se tenga en cuenta los sobrecostes que le genera en la prestación de servicios el envejecimiento de su población y la dispersión territorial. Y asegura que la nivelación debe afectar a "todos los servicios en que las comunidades tienen competencias", no sólo los tres anteriores, recordó ayer el consejero gallego de Economía, José Ramón Fernández.

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Éste se reunió, en un almuerzo de trabajo, con su homólogo catalán, Antoni Castells, aprovechando su participación en un debate sobre financiación organizado por el Consorcio Universitario Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona-Centro Ernest Lluch. Ambos, socialistas, se esforzaron en señalar los puntos de "coincidencia" con un "gobierno amigo y una comunidad amiga con la que nos unen tantas cosas", en palabras de Castells.

La Generalitat y la Xunta de Galicia coinciden en la voluntad de reformar el modelo actual y la exigencia de una mayor autonomía financiera para los Gobiernos autonómicos en la medida que sobre éstos recae la prestación de los principales servicios sociales.

Más allá de estos lugares comunes, no lograron acercar sus posiciones. Galicia impulsó hace unos meses, junto con Asturias, un frente común de seis autonomías, denominado Noroeste, en contra del modelo catalán. Pero ayer, Castells y Fernández relativizaron sus diferencias y apelaron a la "búsqueda del consenso" para llegar a un acuerdo. "Forma parte de la lógica que cada comunidad ponga encima de la mesa aquellos indicadores que más le afectan. Hay que combinar una sabia capacidad para alcanzar el equilibrio en intereses contrapuestos", zanjó el consejero catalán

En el debate universitario, también participó el consejero madrileño, Antonio Beteta (PP), que se arrimó al frente mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares), al defender que prime la población, que las diferencias en la financiación por habitante se "estrechen" y que "no se penalice a los territorios más dinámicos".

Beteta se mostró muy crítico con la actuación del Gobierno central. "Las comunidades autónomas queremos que haya acuerdo, pero el Gobierno de la nación no, no lo considera prioritario. Si no, no se explica este perder el tiempo sistemático", dijo el consejero madrileño, que responsabilizó directamente al presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Añadió que es "muy dudoso" que el 1 de enero esté en vigor el nuevo modelo, dada "la ausencia de documentos e interlocución", algo que para el consejero catalán, Antoni Castells, es inconcebible. "No consideramos ningún otro escenario que no sea éste", concluyó.