Encadenados a la tierra

Zhang Mangui realiza un movimiento seco con la mano derecha, siega de un tajo el tallo de dos metros de altura, y lo arroja al suelo con un chasquido. "La vida aquí es regular, pero al menos no nos morimos de hambre", dice sin dejar de cortar plantas de maíz con un palo terminado en una pequeña hoz.

Zhang, de 54 años, vive en Duanjia, un pueblo de unos 700 habitantes de la provincia de Hebei, situado 120 kilómetros al noroeste de Pekín. Como los demás vecinos, se dedica al cultivo de maíz y uva, con el que ingresa alrededor de 20.000 yuanes (2.200 euros) al año, de los cuales 8.000 se van en la educación de su hijo menor. Su familia -compuesta por su mujer, dos vástagos de 26 y 20 años, y la esposa del primero- tiene ocho mu (0,53 hectáreas), repartidos en cuatro lugares diferentes, ya que el Gobierno local distribuye el suelo, según su calidad, entre todos los vecinos.

Con la nueva ley, Pekín pretende que la gente emigre a las ciudades

En 1982, poco después de que Deng Xiaoping creara el sistema de reparto del derecho de uso de tierra colectiva a los campesinos, Zhang firmó con las autoridades locales el contrato por el cual le fue asignada su porción. Los agricultores chinos poseen desde aquella reforma el derecho de explotación por periodos renovables de 30 años, pero no la propiedad, que es del Estado.

Pekín, sin embargo, ha decidido cambiar el sistema, y va a permitir a los agricultores vender, alquilar o intercambiar el derecho de uso del suelo, con objeto de crear explotaciones mayores, acelerar la modernización del campo, donde viven 750 millones de personas, e impulsar la emigración a las ciudades. Se calcula que en 2050, el 80% de la población residirá en núcleos urbanos, frente al 43% en la actualidad.

"La reforma inicial de la tierra, hace 30 años, modificó de forma fundamental el paisaje de la producción agrícola, sacó a millones de pueblos de la pobreza, suministró cantidades ingentes de mano de obra barata para las fábricas y la construcción, y mejoró el nivel de vida en las zonas urbanas. Pero los reformistas chinos se han dado cuenta de que sin un nuevo cambio será difícil elevar el nivel de vida en las zonas rurales", afirma Xiaobo Hu, director del Centro para Estudios de China en la Universidad Clemson (Carolina del Sur).

Después de tres décadas de desarrollismo, la brecha entre las ciudades y el mundo rural ha alcanzado niveles alarmantes. Hasta el punto de amenazar la estabilidad del país y poner en peligro la supervivencia del Partido Comunista Chino, según ha reconocido el propio Gobierno. De ahí, que el presidente, Hu Jintao, haya convertido la reducción de las desigualdades en prioritaria, con objeto de eliminar tensiones sociales y, de paso, impulsar el consumo interno y rebajar la dependencia de las exportaciones.

Zhang no sabe que Pekín aprobó el pasado 12 de octubre esta reforma agraria -que tendrá importantes consecuencias para el desarrollo de China- y fijó como meta duplicar entre 2008 y 2020 la renta per cápita rural, que el año pasado fue de 4.140 yuanes (470 euros), tres veces menos que en las ciudades.

Tampoco parece muy interesado en acogerse a ella. "Aunque pudiera, no vendería mi tierra. Mi familia y yo vivimos de la agricultura", dice este hombre de sonrisa amplia. "Ni compraría, ya que necesitaría gente y habría que mecanizar el trabajo. Y, para eso, primero deberían arreglar los caminos". A pocos metros, su nuera, una joven de 22 años, le ayuda a extraer de entre la hojarasca mazorcas de un intenso amarillo.

Como en otros lugares de China, en Duanjia, quienes han emigrado a las ciudades ceden sus campos a familiares o vecinos. "Pero todo se hace de palabra", dice Zhang. Pekín pretende, con la nueva ley, regularizar esta situación, y proteger los intereses de los agricultores frente a los abusos de los gobernantes locales, que, a menudo, expropian las tierras de forma ilegal para traspasarlas a empresarios o promotores inmobiliarios a cambio de comisiones. "El rápido crecimiento de las ciudades y las industrias ha abierto la puerta a la corrupción en la administración rural y expulsado a algunos campesinos de sus tierras sin compensación adecuada", afirma Xiaobo Hu.

Duanjia está formado por una retícula de calles polvorientas, entre las que se levantan casas de ladrillo rojo organizadas en torno a un patio. En uno de ellos, Zhao Yunying, de 41 años, se confiesa también poco dispuesta a vender sus campos. "Si pudiera trabajar en la ciudad, lo haría, pero no tengo formación. La gente como yo ni siquiera acabó la escuela primaria. Sólo puedo cultivar", dice. Y añade que tampoco compraría porque no tiene dinero.

Su familia posee tres mu, pero explota en total 12,5, ya que su cuñado le ha cedido gratis sus parcelas porque él se dedica a la compraventa de carbón. "La gente en las ciudades tiene mejor vida, así que no pide dinero por sus tierras", afirma.

En el patio de la vivienda de Zhao, hay apiladas cinco toneladas de panochas. "Son el trabajo de todo el año", dice esta mujer de mirada triste, que confiesa que sus mayores preocupaciones son pagar la educación de su hijo de 15 años -5.000 yuanes al año (555 euros)- y la falta de cobertura sanitaria. La reforma agraria ha provocado la oposición de algunos expertos, que temen que conduzca a la concentración de suelo en manos de unos pocos, la creación de legiones de campesinos sin tierra, y que los procesos de venta sean controlados por dirigentes locales corruptos. Por ello, el Gobierno ha enfatizado que los traspasos deberán hacerse "de forma voluntaria y con pago adecuado", y que la tierra de cultivo no podrá ser cedida para otros fines.

Zhang coincide. Por un momento deja de recoger mazorcas doradas como doblones, mira a su alrededor -a pesar de que no hay un alma en un kilómetro a la redonda-, y susurra: "En los años ochenta, los funcionarios que repartían la tierra eran buenos. Ahora, tienen poder para hacer lo que quieren. Por ejemplo, si llegan fondos de 100.000 yuanes del Gobierno, al final sólo se invierten 80.000. ¿Dónde van los otros 20.000?".