Azkarraga encrespa la batalla con los socialistas por las pensiones

Lo que en principio parecía una desavenencia sobre el complemento a las pensiones más bajas que no iba a llegar a mayores, amenaza ahora con convertirse en guerra abierta. EA ha advertido a los socialistas de que no aceptará ninguna de las enmiendas que ha planteado al proyecto de ley de Garantía de Ingresos, que incluye ese complemento. Eusko Alkartasuna considera que son restrictivas, dejarían fuera a un determinado colectivo de pensionistas y vulneran el espíritu del pacto social suscrito entre el PSE y el Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social, que dirige Joseba Azkarraga, en marzo de 2007. En virtud de ese acuerdo se equiparaban los subsidios más bajos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El PSE ve en el anuncio de EA un intento de romper la negociación a las primeras de cambio en la ponencia parlamentaria. Tiene la sensación de que ni EA ni PNV quieren sacar adelante la ley.

El PSE cree que los nacionalistas no tienen intención de aprobar la ley

Los socialistas pretendían evitar un recurso del Ejecutivo central

El PP estaría dispuesto a apoyar la ley si se asumen sus enmiendas

La consecuencia más importante, de confirmarse la ruptura con los socialistas, es que la reforma de la actual Ley contra la Exclusión Social correría el riesgo de quedarse en el cajón cuando parecía con todo a su favor para salir adelante. Aunque el tripartito podría jugar las bazas del PP e incluso de EHAK, no parecen muy probables. Lo que de momento queda a salvo es el complemento de las pensiones más bajas, aprobado por ley el pasado junio y que garantiza a los 21.000 pensionistas con menos recursos equiparar sus ingresos al SMI, lo que supone cobrar 700 euros al mes por 12 pagas si se incluye la parte proporcional de las pagas extra de julio y diciembre. Unos 10.000 de esos pensionistas ya están recibiendo el complemento o están en vías de hacerlo.

Este plus es el detonante de los problemas. La idea de los partidos era que la ley, aprobada en junio por unanimidad y que incluye la ayuda, fuese una avanzadilla y se subsumiese más adelante en una norma más ambiciosa que recogiera la reforma íntegra del entramado de lucha contra la exclusión social. En principio, PSE y EA, partido que dirige la consejería citada, pactaron las grandes líneas, pero cuando el departamento remitió el proyecto al Parlamento en julio comenzaron los problemas. El Ministerio de Administraciones Públicas advirtió de que el Gobierno vasco no tenía competencias para tocar las pensiones. Y es que la diferencia con la ley aprobada en junio, no recurrida, es que en el nuevo proyecto el tripartito introduce literalmente que se trata de un complemento de pensiones, en lugar de mantener la redacción incial, que en todo momento hablaba de apoyar las pensiones con una renta básica para la inserción social.

En un intento de salvar este escollo legal, el PSE presentó una enmienda parcial en que la denomina renta básica de no empleabilidad, dirigida a los ciudadanos que cobran las pensiones más bajas y que no podrán mejorarlas nunca por el empleo. Es decir, que por las circunstancias que sean, no van a volver a trabajar. El ministerio habría dado el visto bueno a la nueva fórmula, pero EA rechazó ayer esta posibilidad. Su parlamentaria Nekane Alzelai apuntó que la nueva redacción excluiría a algunos colectivos de pensionistas, como las viudas y viudos jóvenes y los discapacitados leves, que cobran pensiones muy bajas y, en teoría, están en condiciones de trabajar.

"Se tiene que cumplir lo que se pactó, de manera que todas las pensiones inferiores al salario mínimo se puedan complementar hasta esa cantidad", zanjó Alzelai. Si se consuma la ruptura, los 21.000 pensionistas a los que se les ha prometido la ayuda la cobrarán, dado que ya hay una ley en vigor, los pensionistas están cobrando y la Administración central la ha aceptado.

El PP planteó ayer una vía intermedia: recuperar la terminología empleada en la ley aprobada en junio, que en todo momento habla de renta básica para la inserción social. De hecho, un 15% de los actuales perceptores de la renta básica son pensionistas y el ministerio jamás ha puesto ninguna pega a que puedan completar sus subsidios con esos ingresos. La parlamentaria del PP Laura Garrido señaló que su partido estaría dispuesto a apoyar la ley si se tienen en cuenta sus enmiendas. Entre ellas, figura que las Ayudas de Emergencia Social (AES) no tengan límite de disponibilidad presupuestaria y que todas las demás ayudas sean compatibles entre sí.