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Tras un mes de protestas, el PSPV y el PP pactan potenciar la red pública de Infantil

La número dos de la Consejería de Educación, Concha Gómez, dio ayer su brazo a torcer, tras hora y media de negociación directa con el Grupo Parlamentario Socialista, y aceptó que Las Cortes pidan a la Generalitat "potenciar un modelo de servicio público de educación Infantil de primer ciclo" y "en caso de que haga falta, incrementar la red pública de la Consejería de Educación". La transaccional firmada por el PSPV-PSOE y el PP mantiene la apuesta privatizadora de la enseñanza a través de la financiación del "bono-infantil" que solicitan las guarderías privadas. Pero, admite "por vez primera", según el portavoz de Educación socialista, Adolf Sanmartín, la posibilidad de "potenciar" y "aumentar" la red escolar de plazas públicas, dependiente de la consejería.

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Asimismo, el Grupo Parlamentario del PP aceptó instar a la Generalitat a "acogerse" al Plan Educa3 diseñado por el Gobierno central para "construir nuevas escuelas infantiles (cooperativas o entidades sin ánimo de lucro) y/o financiar adaptaciones o ampliaciones de las ya existentes. El Gobierno central aprobó una partida de 130 millones de euros, de los cuales está en "conversaciones" con la consejería para poner 14,6 millones y cofinanciar al 50% una red de escuelas infantiles.

El diputado Sanmartín había presentado una proposición no de ley, prácticamente igual, pero que no mencionaba el publicitado "bono infantil", que básicamente se endosan las empresas privadas de educación, según los propios datos analizados por Sanmartín. Pero que excluía, de plano, cualquier posibilidad de "ampliar" o "potenciar" la red de escuelas infantiles de la consejería, que tras 12 años de gestión popular se mantiene en los 33 centros públicos que ya había.

El resto, según datos oficiales recabados por el diputado socialista, está en manos privadas y muchas veces su gestión "escapa al control de la Administración", señala Sanmartín. En este momento, la oferta legal de educación infantil se reduce a 190 centros privados y 73 guarderías municipales. Lo cual significa que de 263 centros autorizados y subvencionados por Educación el 72% son de titularidad privada. De hecho, de los 22,5 millones de euros que reciben en concepto del "bono-infantil" para este curso, el 74% es para plazas privadas y sólo 6 millones para los Ayuntamientos, a los que además se les deniega con facilidad ampliar las plazas.

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