Detenidos los alcaldes de Bigastro y Zarra por delitos urbanísticos

Los alcaldes de Zarra, una población de 400 habitantes en el Valle de Ayora-Cofrentes, y de Bigastro, un ayuntamiento de 7.000 vecinos en la comarca de la Vega Baja, fueron detenidos ayer por agentes de la Guardia Civil, imputados por supuestos delitos urbanísticos.

En Bigastro fue detenido el alcalde, el socialista José Joaquín Moya, que gobierna el municipio desde 1979. Junto a él fueron arrestados el secretario municipal, Antonio Saseta, y dos empresarios de la comarca, los constructores Manuel Nortes y José Pérez Moya. La detención y el registro de las oficinas municipales se produjo por orden del juzgado número 3 de Orihuela, que recientemente ordenó la detención de un edil y del jefe de la Policía Local por un caso de soborno relacionado con el urbanismo en San Fulgencio.

Los socialistas expulsaron al edil del Valle de Ayora hace dos años

El alcalde de Zarra otorgó licencias para construir en suelo rústico

Los chalés eran vendidos en negro a residentes británicos

Al alcalde de Bigastro, que ayer fue suspendido fulminantemente de militancia en el PSPV-PSOE, se le imputan irregularidades en el uso de suelo municipal. Moya está, denunciado hasta por seis asuntos diferentes por el PP local, aunque el más importante se refiere a un plan especial denominado La Pedrera, que le permitió subastar terreno municipal rústico para levantar un apartahotel, 200 viviendas y un campo de golf sin autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. Moya también está denunciado por autorizar la construcción de naves industriales en zona verde.

El alcalde de Zarra, el independiente Juan José Rubio, y su hijo, fueron detenidos por orden del juzgado número 2 de Requena acusados de cometer delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio. Según la investigación, el alcalde concedió licencias a la empresa Telyzan, que dirige su propio hijo, sobre parcelas en terreno no urbanizable.

Juan José Rubio, que fue expulsado del PSPV-PSOE hace dos años tras ser imputado por otra irregularidad urbanística, logró revalidar la alcaldía como independiente en las últimas elecciones municipales.

La investigación pretende destapar la trama de la que se han servido padre e hijo, con la connivencia de otros siete ediles y tres inmobiliarias, para conceder licencias de construcción de 73 chalés ilegales en terreno rústico, sin recalificar, fuera del planeamiento, y vendidos en su mayoría a ciudadanos de origen británico.La detención de los dos alcaldes fue recibida con relativa sorpresa, ya que tanto el alcalde de Bigastro como el de Zarra se hallan inmersos en varios procesos judiciales relacionados con el urbanismo.

José Joaquín Moya fue detenido a las 11.15 de la mañana y tras prestar declaración volvió al Ayuntamiento de Bigastro acompañado por varios agentes de la Guardia Civil para estar presente en el registro. "No sé lo que pasa, se trata de un registro", se limitó a señalar el alcalde antes de iniciarse la? búsqueda, que concluyó casi tres horas después. Junto a él fueron detenidos el secretario municipal y dos empresarios locales. El primero, Manuel Nortes Hernández, es un pequeño constructor con media docena de empleados y hermano de Francisca Nortes, ex concejal socialista en la anterior corporación municipal, donde ocupó la delegación de Urbanismo. El segundo, José Pérez Moya, es también constructor, aunque es conocido en Bigastro por estar vinculado al negocio de los huertos solares.

Las detenciones de estos empresarios hicieron pensar a los concejales del PP en Bigastro que los arrestos están probablemente relacionados con la construcción de un hotel rural propiedad del alcalde, ahora paralizada, o con la adjudicación de unos terrenos para construir un huerto solar.

Al conocer la noticia la dirección del PSPV acordó la suspensión cautelar de militancia del regidor y la apertura de un expediente disciplinario. La secretaria de Organización, Elena Martín, destacó la "celeridad" del PSPV en adoptar medidas que contrapuso con la "pasividad" del PP ante el caso Fabra o el de la alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, que se apoyó en un tránsfuga para acceder al poder. Martín acusó al PP de "mirar hacia otro lado amparando a cargos públicos y militantes imputados o condenados".

Después de más de tres horas de registro en el Ayuntamiento de Bigastro, los agentes de la Brigada de Delitos Urbanisticos de la Guardia Civil se llevaron varias bolsas repletas de documentación oficial confiscada. La operación levantó la expectación de los vecinos que se fueron agolpando en la plaza del Ayuntamiento para obtener noticias sobre la implicación del alcalde en un presunto delito urbanístico.

En Zarra, las detenciones tampoco causaron sorpresa, ya que el alcalde y su hijo están imputados en otra operación urbanística que investiga desde 2006 un juzgado de Requena tras la denuncia presentada por una concejal del PP. Fue entonces cuando el PSPV expulsó de sus filas a Rubio, que ahora es alcalde bajo las siglas de una formación independiente. El alcalde compró dos parcelas a través de una empresa municipal para convertirlas en un jardín público. Posteriormente, esos terrenos fueron vendidos por el Ayuntamiento de Zarra a un precio similar al pagado a la empresa del hijo del alcalde. En esta causa, en la que está pendiente la tasación de los terrenos por parte de un perito propuesto por el juzgado, se acusa al alcalde de prevaricación y de uso de información privilegiada. Y además de ellos dos, están imputados el secretario del ayuntamiento, el arquitecto municipal y varios concejales.

Los hechos por los que ayer fue detenido Rubio arrancan en 2003. Fue entonces cuando se empezó la concesión de licencias para la construcción de chalés sobre una superficie en la que, a lo sumo, se pueden construir casetas para aperos agrícola, nunca chalés de dos plantas, algunos con piscina, y todos con jardín. La investigación de la fiscalía ha desvelado que las operaciones de concesión de licencia se han hecho con apariencia de legalidad y que algunos de los propietarios que son vecinos del pueblo sabían de la irregularidad porque compraban a la inmobiliaria una parcela, pero en ella había una casa construida que se pagaba con dinero negro.

No es gratuito que el público objetivo fueran ciudadanos británicos, la mayoría de los cuales han pagado en efectivo sus residencias. Sobre las casas no es posible suscribir, por ejemplo, hipoteca alguna. La fiscalía, que supone que el beneficio obtenido por esta operación ha sido multimillonario para el alcalde y su hijo, ha pedido la paralización cautelar de las construcciones aún en proceso.

La dirección autonómica del PP, por boca de Ricardo Costa y David Serra, exigió ayer explicaciones al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, por la actuación de los socialistas en Bigastro y en San Fulgencio.