La mayoría de los gitanos vuelve a Castellar bajo protección policial

La mayor parte de los vecinos de etnia gitana que huyeron de Castellar (Jaén) tras los altercados del pasado fin de semana empezaron a volver ayer tímidamente a sus domicilios apoyados en la vigilancia permanente que la Guardia Civil hace de sus viviendas. Lo hicieron, fundamentalmente, los miembros de uno de los cuatro clanes gitanos del municipio, los de El Tete, cerca de una treintena de personas que se refugiaron en una vivienda de familiares de la vecina localidad de Villanueva del Arzobispo al ser una de las dos familias señaladas por los vecinos de la localidad como responsables del aumento de la inseguridad ciudadana en el pueblo.

"Hemos venido a por ropa para los niños, y ya veremos si nos quedamos o nos vamos", manifestó Luis García, el patriarca de esta familia. También regresaron la esposa y los ocho hijos del único detenido por amenazas de muerte a vecinos del pueblo, Luis García Fajardo, que fue puesto en libertad poco después y sobre el que se ha dictado una orden de alejamiento del pueblo. De esta manera, la única familia que ayer permanecía fuera de la localidad era la de Jesús Santiago, El Tuerto, presunto autor de las agresiones a otros jóvenes la noche del pasado sábado en la zona del botellón, y que fue el desencadenante de la trifulca posterior entre payos y gitanos y la manifestación del domingo en la que cientos de vecinos pidieron la marcha de los segundos. "Los gitanos pueden volver cuando quieran a sus casas", comentaba el alcalde, el socialista Pedro Magaña, que fue quien aconsejó a esta familia que se retirara unos días del pueblo hasta que disminuyera el clima de tensión.

La Subdelegación del Gobierno dobla el número de efectivos policiales

La única familia que no ha regresado es la del supuesto causante de la pelea

Sin embargo, desde la plataforma vecinal creada en el municipio se contempla el regreso de los gitanos con inquietud. "Si vuelven se pueden reavivar los problemas", dijo el portavoz de esta comisión, Emilio Fuentes. Miembros de esta plataforma, que han recogido ya más de 1.500 firmas reclamando más seguridad ciudadana, asistieron ayer a la reunión de la Junta Local de Seguridad en la que se acordó celebrar una manifestación para el próximo sábado, una marcha a la que se sumará el alcalde socialista y el resto de grupos políticos locales, PP y PA. "Será un lema que aglutine a todos los habitantes, por la paz y la convivencia", dijo el alcalde, que dio su opinión sobre el origen del conflicto: "Se ha roto la convivencia por problemas sociales y de medios escasos de un colectivo que vive en la marginalidad". Sin embargo, previamente arremetió contra los medios de comunicación: "Se ha tratado injustamente al pueblo de Castellar".

Por su parte, Luis Guillermo Cortés, director de la Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía (FACCA), pidió a la Subdelegación del Gobierno que no autorice la manifestación del próximo sábado por entender que: "Puede incentivar más el racismo". Cortés aludió al "miedo" que, en su opinión, tienen las familias gitanas de Castellar tras la revuelta vecinal del pasado domingo, donde varias viviendas fueron rodeadas y apedreadas. "En un Estado de derecho no se puede consentir estas situaciones", agregó.

La Junta Local de Seguridad estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro, que anunció que se doblará la dotación de la Guardia Civil en el municipio. "No es un caso de racismo o de xenofobia, sino una quiebra puntual de la convivencia". Calahorro añadió que la vigilancia de la Guardia Civil se mantendrá "hasta que sea necesario", aunque negó que estén custodiando las viviendas gitanas -una patrulla está permanentemente aparcada frente a cada vivienda- y sí el "control de la legalidad".

También la Junta de Andalucía, según anunció la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Teresa Vega, va a promover un plan de promoción de la comunidad gitana en Castellar que incidirá en la eliminación del absentismo escolar, programas formativos de inserción laboral y acciones de salud. En este sentido, el alcalde señaló que las viviendas que se encuentran en situación de ruina en la barriada marginal de El Polvorín -dos de ellas habitadas por familias gitanas- tienen ya un expediente de demolición por su estado.