"El Supremo practica la injerencia en la actividad del Poder Judicial"

Desde las vetustas paredes de su despacho vigilan a Mariano Fernández Bermejo (Arenas de San Pedro, Ávila, 1948) dos autoridades inmortalizadas en cuadros: el impulsor de la primera Ley de Enjuiciamiento Criminal, Manuel Alonso Martínez (titular de Justicia entre 1881 y 1889), y Fernando Ledesma (ministro socialista entre 1982 y 1988), del que fue asesor. Habituado a desencadenar con sus respuestas tormentosas reacciones en las filas de la oposición, Fernández Bermejo se confiesa "entristecido y deprimido" por la última protesta de jueces y secretarios contra el Gobierno, Y quiere tender puentes de encuentro para evitar nuevas "llamaradas", como denomina a la rebelión judicial del pasado martes.

"El problema que tenemos es mucho más de racionalidad que de cantidad"

"En el 'caso Mari Luz' confluye una larga cadena de errores y negligencias"

"Los jueces usaron las juntas para una finalidad que no les corresponde"

"Que se actúe por intereses corporativos de autodefensa no es aceptable"

"Nadie en democracia es intocable. Las negligencias tienen consecuencias"

"La gravedad de los hechos exigía una sanción de este tipo a la secretaria judicial"

"No me parece justo ni coherente el comunicado de los magistrados del Supremo"

"Lo que hizo Franco fue un crimen contra la humanidad en sentido social"

"En la nueva ley, la iniciativa en la instrucción debe ser del fiscal y de las partes"

Parece como si la predisposición a pactar y dialogar, con la que el ministro de Justicia apuntala todas sus respuestas, fuera el antídoto perfecto para ahuyentar malos pensamientos que le empujan por la senda de las acusaciones más gruesas. A veces le funciona, pero no siempre...

Pregunta. El fallo que permitió al pederasta Santiago del Valle, supuesto asesino de la niña Mari Luz, permanecer libre 27 meses pese a que tenía una condena firme de cárcel, ¿es sólo y exclusivamente imputable a la negligencia de la secretaria y del juez?

Respuesta. Es una larga cadena de errores. El primer error comienza con los casi tres años que tardó la Audiencia de Sevilla en confirmar la condena. Esa demora intolerable quedó sin sanción porque había prescrito. En este caso han confluido una sucesión de negligencias que convenientemente hilvanadas dan lugar al desastroso y lamentable resultado que se produjo.

P. Jueces y secretarios judiciales atribuyen lo ocurrido a la falta de medios...

R. Si fuera cierto, tendríamos casos como éste todos los días, según la lógica de quien lo afirma. Y esto es excepcional. No conviene confundir. No negamos que existan déficits, pero no tanto de medios personales y materiales, como se dice, sino de orden y una renovación profunda que es la que atacamos con una reforma de leyes procesales que estamos a punto a llevar al Parlamento en cuanto el Consejo General del Poder Judicial informe. Se trata de un cambio profundo en los métodos de trabajo, en la organización del trabajo y en el reparto competencial en el orden judicial.

P. ¿La sanción a la secretaria judicial ha desencadenado la mayor protesta de la judicatura? ¿Sólo es por corporativismo o por una sensación real de que se ha cometido una injusticia con las sanciones?

R. Para ver las cosas claras hay que alejarse del núcleo de la cuestión. Difícilmente los que estén dentro pueden ver con esa claridad. Que se actúe por intereses corporativos de autodefensa, siendo humano, no es aceptable. Se acude a un procedimiento que es el paro, que lo único que hace es mucho daño al sistema. Prefiero quedarme con algo que debe ser esencial. Este Gobierno está empeñado en hacer la gran reforma de la justicia; por vez primera después de muchos años se han realizado cosas jamás pensadas. Que el presupuesto de Justicia suba en cinco años más del 50% es algo que jamás había sucedido. Que se hayan creado 1.100 plazas en órganos judiciales y de fiscales, y que tengamos previstas para 2009 otras 150 de jueces y 75 de fiscales, sólo ha ocurrido en este tiempo. Que se hayan convocado 900 plazas de secretarios judiciales sólo ha ocurrido ahora; que la única oferta de empleo público que no se va a ver afectada por la crisis sea la de Justicia me parece que significa lo que significa. Tenemos un presupuesto para tecnología de 135 millones. En 2009 se consolida la inversión en tecnología, que es superior a la de infraestructuras. Resulta insólito que con este cuadro se produzca un paro alegando la necesidad de reformar la justicia, que está en el programa y entre las prioridades de esta casa. Nuestra voluntad es mirar hacia adelante, colaborar con el Consejo, atraer a las asociaciones y crear el clima favorable para que este esfuerzo presupuestario tenga cuando antes los frutos que queremos: una Administración de Justicia renovada, con nuevos métodos de trabajo y al servicio directo e inmediato del ciudadano.

P. El Consejo ha sancionado a jueces con la expulsión de la carrera en otras ocasiones y nadie ha movido un dedo. Esta vez sí. ¿Por qué?

R. La escena me ha producido una sensación muy agria, enormemente deprimente. He estado ya demasiados años de fiscal y lo último que me hubiera gustado ver es esa actitud en los jueces. No la he comprendido. Han emitido una señal que la ciudadanía no puede aceptar, que es la de unos jueces que no hacen lo que deben y eso no es nada bueno.

P. Lo que hicieron el martes los jueces, ¿fue una huelga encubierta?

R. Prefiero no calificarla. Es una actitud de una utilización de las juntas de jueces con una finalidad que no parece ser la que corresponde. En todo caso, no entraré a hacer calificaciones, porque el momento no está para mirar atrás sino para mirar hacia delante.

P. ¿No es excesiva y desproporcionada la sanción de dos años a la secretaria judicial?

R. He oído hablar de la secretaria del juez y ese apelativo es impropio. Hay quien piensa que ha pagado los platos rotos una auxiliar administrativa que pasaba por allí. No nos confundamos, estamos hablando de un cuerpo superior, que tiene a su cargo el impulso procesal y la fe pública. En la historia del cuerpo, no hay un excesivo número, pero ha habido sanciones incluso mucho más duras. Cuando se toman este tipo de decisiones se piensan mucho. La gravedad de los hechos exigía una sanción de este tipo. ¿Sabe qué pasa? Que de repente apareció la sanción a la secretaria judicial después de que conociera la sanción exigua al juez, responsable máximo del juzgado [multa de 1.500 euros]. Y ese contraste fue lo que llevó a pensar a algunos que se había roto la cuerda por el lado más débil.

P. La movilización de los jueces ha incluido a magistrados del Supremo, algunos amigos o conocidos suyos. ¿No les concede a ellos suficiente autoridad como para pensar que la movilización no se ha debido sólo a un simple corporativismo?

R. Hay una evidencia. ¿Cuántos años llevamos arrastrando una justicia lenta? De los últimos 34 años puedo hablar de primera mano. Es histórico el lastre. Y, de repente, cuando hay un Gobierno que ha decidido apostar por la Justicia, cuando estamos poniendo en marcha la reforma procesal, de repente se produce esta llamarada. A mí la que más me ha dolido sin duda es la del Tribunal Supremo, porque es la que menos comprendo. Es un órgano que ha dado un salto espectacular en todo. Sobre todo en reducción en tiempos de respuesta. Es donde más medios hemos puesto y se nota. Me da la impresión que ha habido una reacción de desahogo que tiene un contexto histórico. Se ha concentrado en este momento toda esa larga historia que se puede considerar de abandono de la justicia. Pero insisto, ni me parece justo ni me parece coherente cuando se está produciendo la gran apuesta por la Justicia.

P. Los magistrados del Supremo se quejan de la injerencia del Gobierno en el Poder Judicial, que consideran intolerable...

R. Las resoluciones del órgano de Gobierno de los jueces son tan criticables como las mías y creo que estamos todos en el derecho y en la obligación de hacer esa crítica. Hay un matiz en la actitud del Supremo que me resulta difícilmente entendible y es que practique lo que critica y es que, dado el contexto del escrito, es evidente que cualquiera puede interpretar que también es una injerencia en la actividad del Poder Judicial. Es necesario el diálogo para construir juntos. La ciudadanía no ha entendido esta huelga.

P. Si no se hubiera producido la muerte de la niña Mari Luz, ¿la sanción que se ha puesto a la secretaria y las que se piden para el juez, hubieran sido las mismas? ¿No será que la muerte de la niña es la que impregna todo el proceso sancionador y se está sancionando una falta por el resultado?

R. El conjunto de las circunstancias que concurren en un hecho a veces son tan o más importantes que el hecho mismo. Las valoraciones deben ser globales, no se puede aislar una cosa de otra a la hora de realizar valoraciones. Si lo que quiere es que haga futurología, que me transporte a un pasado que no existe, no puedo decir lo que hubiera hecho el Consejo en otras circunstancias.

P. Usted propone tender puentes, previamente avisó a los huelguistas de que no son "intocables". ¿Habrá expedientes?

R. Nadie en democracia es intocable. Si alguien comete una negligencia en su trabajo pues hay consecuencias. Me refería a lo desproporcionado que me parecía la convocatoria de una huelga con lo que había sucedido. Hay una parte humana que entiendo y respeto profundamente. La reacción positiva de un conjunto de funcionarios que arropa a una compañera. Pero creo que se han equivocado en el método, podían haber hecho muchas cosas que no fuera paralizar la justicia.

P. ¿Necesita España más jueces y fiscales?

R. Necesita mejor organización. Y seguramente también algunos jueces y fiscales más, pero sobre todo mejor distribución. El gran problema que tenemos ahora, mucho más que de cantidad es de racionalidad. No se puede decir que la informática no ha entrado en los juzgados. ¡Vaya si ha entrado! Ustedes habrán visto cómo los jueces, en esta protesta a la que se han dedicado, se cruzaban correos electrónicos a través de la Intranet... Se ha gastado dinero pero ha habido asincronía con una asimetría en el resultado. No todo el mundo ha informatizado a la vez. Ahora existen sistemas no compatibles entre sí y el reto es hacerlos compatibles.

P. ¿Los fiscales tendrán más protagonismo en la instrucción de las causas penales?

R. Estamos trabajando ya en ello. En la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal habrá un proyecto de superación de actual juez de instrucción. El actual juez no es el que define el artículo 117 de la Constitución. No juzga, no hace ejecutar lo juzgado, ni siquiera actúa en garantía de derechos. Es el que persigue a la gente, realiza una labor policial. Yo creo que cuadra más un modelo de juez sin iniciativa procesal, un verdadero árbitro de la instrucción. La instrucción debe realizarse en sede judicial, pero la iniciativa debe ser del fiscal y de las partes. La Constitución describe un "juez de la instrucción", un árbitro cuya misión es decidir si practica o no las diligencias que le proponen y decide sobre las limitaciones de derechos, las medidas cautelares, pero un juez sin capacidad de impulso. Un juez que garantiza por un lado los derechos del imputado y por otro, decide qué diligencias de las que le proponen deben ser realizadas.

P. Lo que hizo Franco y su gobierno, ¿fue un crimen contra la Humanidad?

R. Ése es un calificativo que si me lo pregunta usted en sentido social podría tener una respuesta afirmativa, pero si lo que quiere es una respuesta jurídica no seré yo quien entre, ahora que es tema de discusión en la Audiencia Nacional. Lo que ocurrió en aquellos terribles momentos, durante la Guerra Civil y luego, fue un trauma colectivo de primer orden. Un verdadero golpe de Estado, una rebelión militar con unas consecuencias que todos conocemos.

P. La Ley de Amnistía pasó página sobre la Dictadura y sobre crímenes que cometían en esos momentos terroristas de ETA y de los GRAPO. ¿Cree que ahora una decisión judicial puede revisar una ley que hizo un Gobierno democrático y aprobó un Parlamento en el que estaban todos los partidos, incluido el comunista...?

R. La ley del 77 fue sobre todo un tremendo ejercicio de generosidad por parte de un grupo humano que supo estar a la altura de las circunstancias y que generó las condiciones para que se produjera una etapa de estabilidad democrática. Si lo que quiere que le diga es si técnicamente esa ley es revisable, no se lo voy a decir, porque ahora es objeto de controversia judicial.

P. En mayo pasado anunció que en el primer trimestre de 2009 se pondría en marcha el registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes. ¿En qué consiste, de qué servirá?

R. El 14 de octubre entró en funcionamiento en Murcia la experiencia Minerva, que es la nueva oficina judicial en materia de ejecución de sentencias. Es una aplicación informática que tiene unas alarmas dentro de la tramitación que ponen en guardia al tramitador de los fallos, déficits o cumplimiento de plazos que se están produciendo. Se irá aplicando en todas las capitales de todo el territorio ministerio. LexNet es otro sistema de correo electrónico de máxima seguridad que está sustituyendo las notificaciones en papel. Está funcionando en León, en Burgos. Y la tercera actuación, en el primer trimestre de 2009, es que en el vetusto Registro Central de Penados y Rebeldes hemos hecho una modernización completa y hemos aprovechado para añadirle el control de las medidas cautelares, las requisitorias y las sentencias no firmes. Esto significa que cuando el funcionario está tramitando, lo primero que puede hacer es consultar mediante el ordenador si la persona investigada está sometida a alguna medida cautelar, en busca y captura o ha sido condenada aunque la sentencia no sea firme. Esto no existía cuando el caso Mari Luz, aunque se podía saber a través de las diligencias que aparecen en todos los atestados de la Guardia Civil que dan razón de los atestados anteriores. Es evidente que meter tecnología en esto facilita mucho el tema. Pero no nos olvidemos: de nada servirá si la negligencia de un funcionario hace que no se introduzcan los datos en el registro o que se comience a tramitar y no se consulte. Entonces esto no lo arreglará nadie. La inmensa mayoría de los funcionarios y de los jueces y de los secretarios trabajan bien y tienen su libreta y priorizan su trabajo.