El urbanismo admite agentes de la cordialidad

"La Junta de Andalucía gana el 85% de los pleitos en materia de urbanismo que plantea, pero eso no nos sirve para arreglar el mundo". La proclama resulta más llamativa en boca de quien la pronuncia, el director general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, José Antonio Ortiz. Tener razón jurídica no basta ante la magnitud de lo que hay que arreglar, decenas de miles de viviendas ilegales repartidas por todo el territorio.

Sayalonga es ejemplo de colaboración municipal con la revisión urbanística

En una visita se pueden hacer 100 fotos, no hay que saltarse un detalle

La función represiva no es el fin último del nuevo cuerpo de inspección urbanística cuyos primeros 25 componentes tomaron posesión el pasado día 6. Su labor tiene como objetivo reconducir el desorden territorial, para lo que resulta estratégica la colaboración con los ayuntamientos. "No podemos imponer un modelo a los municipios, ni quitarles su capacidad de ordenar el territorio, lo que podemos ofrecer es colaboración e incentivarlos a que se impliquen en el control urbanístico", explica Ortiz.

La Junta ha dado prioridad a áreas con más problemática de construcciones en suelo no urbanizable: Valle de Almanzora, Axarquía, costa de Vejer, Freilas, Medina Azahara, Sierra de Aracena y Quesada, en la sierra de Cazorla. En la comarca de La Axarquía, donde se estima que pueden existir unas 10.000 viviendas en suelo no urbanizable, ya han aceptado siete ayuntamientos.

Uno de los lugares donde el plan está más avanzado es Sayalonga, cuyo alcalde, José Luis Navas (PSOE), manifiesta la "voluntad inequívoca" que exige la Junta. "Se nos brinda la oportunidad de intentar regularizar lo que existe y darle cobertura legal. Ahora no sabemos lo que realmente hay. Yo no voy a ser quien diga que antes de demoler algo me voy del pueblo", afirma. Aunque recuerda el caso de Marbella, donde "al final se van a legalizar casi 18.000 viviendas".

El plan de inspección persigue la normalización. "Tendrá que haber demoliciones, de eso no cabe duda. Siempre debe primar el interés general y si hay intereses particulares que no vulneren los generales, trataremos de conciliarlos en la medida de lo posible", afirma Ortiz.

Lo primero de todo es el conocimiento exhaustivo de la realidad. Eso exige patearse el terreno, en el caso de Sayalonga para dejar de suponer que existen 750 viviendas en suelo no urbanizable, y conocer cuantas exactamente y todo detalle sobre cada una de ellas.

Por eso el trabajo se prepara minuciosamente. En una reunión antes de cada visita se trazan los itinerarios y "se establecen criterios de trabajo para que sea sistemático, recordamos que hay que poner en común cualquier cosa y que hay que seguir el inventario", relata Emilia García, jefa de planificación de la inspección.

Para hacer el inventario de edificaciones se elabora una ficha de cada una de ellas con datos de localización, promotor, fase de ejecución, año de construcción, si está habitada, si se trata de primera o segunda residencia, la situación jurídica, si existen impugnaciones, si cuenta con licencia y si en ese caso se ajusta al proyecto. cada ficha tiene una foto y un plano se situación.

"Miramos si hay contadores, postes de luz, o gomas de agua que indican que no llega la red", explica García tras visitar una vivienda. Y es que en lugares donde no ha habido planeamiento, como la inmensa mayoría de los pueblos, si hay suministros de servicios, se puede considerar el suelo urbanizable.

En una misma visita Teresa Molí ha llegado a tomar 100 fotografías, aunque en otras basta con dos o tres. "Permiten recordar detalles como un volumen de edificación por ejemplo o mil cosas", cuenta. De cada visita se levanta un acta muy detallada. Los datos se introducen en tres bases cruzadas y se vuelcan en mapas cartográficos y de ortofotos, hasta que se logra la identificación exacta de todas las construcciones. En Sayalonga ya se han completado 115 fichas. El viernes, antes de la visita, los inspectores se reunieron con la secretaria del Ayuntamiento. Le pidieron las licencias otorgadas antes de 2005. Esas no están informatizadas, por lo que hay que mirar los libros de acta de los plenos. Y la secretaria de un pueblo de 1.400 habitantes y dos millones de euros de presupuesto no tiene ayuda. Los inspectores le ofrecen personal para hacerlo. La colaboración es estratégica. Que haya 30 denuncias por irregularidades urbanísticas y seis licencias impugnadas no es en este momento lo esencial.