La Xunta destina 67 millones hasta 2012 al transporte de dependientes

El Consello de la Xunta dio ayer el primer paso para universalizar el transporte adaptado y facilitar la movilidad de más de 100.000 personas dependientes en los 35.000 núcleos de población que hay en Galicia. A través de un número de teléfono, el 065, Vicepresidencia organiza desplazamientos programados no urgentes para facilitar la autonomía personal y que los mayores tengan derecho a acceder a servicios de salud, centros sociales y a tener una vida autónoma, independientemente de donde residan. El Ejecutivo invertirá en los próximos cinco años 67 millones de euros para extender el servicio a los 315 ayuntamientos con una flota que se triplicará a lo largo de este ejercicio hasta contar con 122 vehículos.

La delegación de Uruguay nace para atender a más de 30.000 emigrantes

Para ser beneficiario de este nuevo sistema que el bipartito ha encuadrado en el catálogo de servicios de la Ley de Dependencia, dada la dispersión poblacional de la comunidad, la Xunta debe haber reconocido antes la existencia de dificultades de movilidad que impidan el uso de transportes públicos y además encontrarse en una situación de dependencia en cualquiera de sus grados o tener un grado de minusvalidez superior al 65%. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, avanzó que el transporte en vehículos adaptados primará los traslados a la red pública de hospitales o centros de salud y a centros de día o residencias, y contará con un presupuesto máximo anual de 13,9 millones de euros.

En su reunión semanal el Ejecutivo aprobó la creación de la segunda delegación de la Xunta en el exterior, que se ubicará en Montevideo, para prestar atención a 30.000 gallegos que viven en Uruguay. Touriño evitó dar plazos, pero explicó que la oficina prestará atención a los ciudadanos, a la lengua y la cultura gallegas, a las relaciones económicas y a la cooperación.

También ayer, el Consello ratificó la incorporación de siete pequeños ayuntamientos a la Axencia da Legalidade Urbanística. Los municipios de A Baña, Carballeda de Avia, Castrelo do Val, Cedeira, A Guarda, Sada y Vilardevós delegan voluntariamente sus competencias municipales para que sea este órgano dependiente de la Xunta el que inspeccione, sancione u ordene la reposición de la legalidad en materia urbanística.

El consorcio creado por la Consellería de Política Territorial para suplir la falta de medios de los pequeños ayuntamientos en la gestión y control del urbanismo cederá a cada municipio el 50% del importe de las multas que imponga. La otra mitad de la recaudación la ingresará el ente público que en la práctica asume la gestión cotidiana de los gobiernos municipales que decidan delegar en la Axencia de Protección de la Legalidade Urbanística. Al organismo le corresponderá el servicio de asesoría y asistencia, la adopción de medidas cautelares, instrucción de expedientes por infracciones administrativas. Entre sus objetivos, la Xunta destaca "la vigilancia del territorio para velar por el uso racional del suelo, la ordenación del territorio, especialmente en el rural y la inspección de áreas sensibles como el litoral en la zona de servidumbre de protección de dominio público".

Los siguientes ayuntamientos que planean adherirse a este organismo son los de Abegondo, Oroso, Val do Dubra, Becerreá, Catroverde, Ribeira de Piquín, Castrelo de Miño, Gomesende, Maside, Miñor, Verín, Vilamarín, Moraña y Pontecesures.