La juez abre juicio contra cuatro 'mossos' por una paliza grabada en Les Corts

Todos al banquillo. El Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona ha abierto juicio oral contra cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra por una paliza que grabaron las cámaras ocultas en la sala de cacheos de la comisaría de Les Corts durante un registro a un detenido. La magistrada considera que existen "verdaderos indicios racionales de criminalidad" para que se juzgue a los policías por un delito de falsedad, otro contra la integridad moral y una falta de lesiones cometidas contra Ruben Pérez Marcos en abril de 2007.

El fiscal solicita para cada uno de ellos penas que suman cinco años y nueve meses de cárcel por los esos delitos, así como una indemnización total de 10.610 euros para la víctima.

Del mismo modo, el auto de apertura de juicio oral acuerda que los cuatro acusados depositen una fianza total de 27.000 euros para la responsabilidad civil directa que pueda derivarse del delito. Si no pueden afrontar ese dinero la juez ordena que se les embarguen sus bienes y que, en todo caso, responda por ellos la Generalitat de Cataluña como responsable civil subsidiaria.

En el caso ejercen la acción popular la asociación Cristianos para la Abolición de la Tortura y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahora el caso pasará a la Audiencia de Barcelona, que designará el tribunal al que corresponderá celebrar el juicio contra José David López Ortiz, Cristian Bieto Ferrer, Adrià López Pujol y Víctor Manuel Aresté. Los cuatro -un cabo, un agente y dos policías en prácticas- estuvieron suspendidos de empleo y sueldo durante nueve meses, después de que una cámara oculta grabase cómo propinaron puñetazos y patadas para reducir al detenido.

Dos semanas después de esos hechos, las mismas cámaras ocultas grabaron la agresión a otra detenida, Elena Podvigina, en un caso que también investiga la justicia y que llevó a Interior a apartar temporalmente del servicio a la policía que la abofeteó. La estrategia del abogado defensor Carles Monguillod, que pagan los acusados de su bolsillo, pasaba por que la Audiencia anulase aquellas grabaciones, pero no ha sido así.

Establecida la legalidad de esa prueba, la juez ha abierto juicio oral atendiendo a la petición de las acusaciones.