Suecia abre una vía para que Boliden pague por el desastre de Aznalcóllar

El largo proceso contra Boliden por su responsabilidad en el desastre ecológico de Aznalcóllar (Sevilla) ha dado un salto hasta Suecia, el país del que es originaria esta multinacional. La Junta reclama a la empresa cerca de 90 millones de euros, lo que le costó a la Administración autonómica restaurar la zona afectada por el vertido tóxico de abril de 1998. Este litigio, que en España se ha dado de bruces con la justicia en varias ocasiones, continúa ahora en los tribunales suecos.

La justicia del país nórdico ha admitido la petición de la Junta para que se ejecute un embargo cautelar contra Boliden por valor de 141 millones, según informó ayer el diario Cinco Días. Se trata de la cantidad que reclama la Administración autonómica y otras empresas proveedoras y suministradoras perjudicadas también por la compañía.

Pero la Junta deberá aportar a su vez una fianza de 90 millones para que el proceso judicial pueda seguir adelante, según indicó ayer Cinta Castillo, consejera de Medio Ambiente. Castillo mostró su satisfacción por la decisión de la justicia sueca. Sin embargo, indicó que se trata todavía del inicio de un proceso. Greenpeace también se mostró satisfecha con la noticia, pero lamentó que la Junta haya tenido que recurrir a los jueces del país nórdico. Boliden se ha valido en la última década de algunas argucias legales para evitar hacer frente a los 90 millones de euros. "Ingeniería mercantil", según Castillo. La multinacional se ha escudado en que la balsa que se rompió era responsabilidad sólo de su filial española, Boliden Apirsa. Está empresa sólo tenía un capital social de 3.000 euros y se encuentra ahora en situación concursal. El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla ya rechazó en junio de 2006 esta tesis y ordenó el embargo de los 141 millones a la matriz para poder hacer frente en el futuro a sus posibles acreedores.

Las aspiraciones de la Junta en este caso se han visto frenadas hasta ahora por los tribunales en la vía penal, civil y administrativa. En diciembre de 2007, el Tribunal Superior de Justicia anuló el procedimiento administrativo de la Junta por el que se reclamaban los 90 millones. La Administración autonómica ha acudido al Tribunal Supremo para que la Sala de Conflictos resuelva si este caso debe seguir la vía civil o administrativa.

Ecologistas en Acción lamentó ayer que los magistrados no hayan pedido responsabilidades a Boliden. "Si la justicia española hubiera reaccionado desde el primer momento y hubiera considerado la actuación de Boliden en Aznalcóllar como un delito [...] se hubiera conseguido mucho antes", declaró ayer a Europa Press Carmen García, abogada de Ecologistas en Acción.