La ley de Servicios Sociales salva hoy su primer obstáculo

El proyecto de ley de Servicios Sociales superará hoy su primer obstáculo en la apretada tramitación parlamentaria que le espera, con al anunciado rechazo a la enmienda a la totalidad planteada por EHAK. Una vez tomado en consideración el proyecto de ley, cuyo objetivo es homogeneizar las prestaciones en las tres provincias, el Parlamento constituirá la ponencia en la que los partidos intentarán lograr una mayoría que de momento no existe. En la actualidad hay presentadas 248 enmiendas parciales; alguna de calado como las referidas a la fórmula del "copago", es decir, el porcentaje del coste que habrán de pagar los usuarios. La actual redacción del proyecto dice que en algunos casos, el usuario tendrá que abonar una parte de las prestaciones, según sus ingresos y patrimonio. Las instituciones fijarán después los precios públicos mediante decretos. Además, incorpora el polémico mecanismo denominado reconocimiento de deuda.

Los socialistas estiman "regresivo" el reconocimiento de la deuda

El texto, que fue aprobado el 27 de mayo por el Gobierno, después de que el PSE presentara su propio proyecto, ha llegado demasiado tarde al Parlamento. Los grupos apenas si disponen de dos meses antes de que se acabe la legislatura, ya que lo más probable es que en enero quede disuelta la Cámara con la convocatoria de las elecciones autonómicas para el próximo marzo.

Aunque no es imposible cribar tanta enmienda en dos meses, fuentes parlamentarias indicaron a la agencia Efe que será muy complicado, teniendo en cuenta que la futura ley de Servicios Sociales va a coincidir con la tramitación de los presupuestos de la comunidad para 2009.

Fuentes socialistas explicaron ayer que van a votar en contra de la enmienda a la totalidad de EHAK, con el fin de que se constituya la ponencia. El PSE tiene presentadas setenta enmiendas parciales. "Hay muchas cuestiones por aclarar todavía y algunas de estas enmiendas son de calado, como las relativas a determinar quiénes son los titulares de los servicios sociales", indicó un portavoz del grupo socialista.

Otro de los escollos es el reconocimiento de la deuda. Para los socialistas, resulta un concepto "regresivo". Cuando comenzó a negociarse el anteproyecto de ley, las diputaciones de Vizcaya y Álava querían mantener el reconocimiento de deuda que venían aplicando (Guipúzcoa no lo hace). El departamento de Madrazo pretendía, en cambio, que la vivienda habitual quedara excluida. Al final, el Ejecutivo y las diputaciones alcanzaron un acuerdo, que es el que recoge el proyecto de ley.

La persona atendida tendrá que pagar parte del coste de la residencia, dependiendo de sus ingresos y patrimonio. A su muerte, la vivienda principal figurará entre los bienes reclamables, siempre que su valor no supere una determinada cifra.

Por su parte, la diputada del PP, Arantza Quiroga, también anunció que votará en contra de la enmienda a la totalidad de EHAK, para defender en la ponencia sus 122 alegaciones parciales. Éstas quieren modificar aspectos como la cartera de servicios, el acceso a los servicios sociales, su calidad, la inspección, y la financiación.

La parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, señaló que defenderán sus 25 enmiendas y que no apoyarán la ley de no ser aceptadas. La principal de sus reivindicaciones pasa porque todos los servicios sociales sean de titularidad pública. El proyecto especifica que "nunca" los ingresos de una persona podrán determinar "el tipo, la intensidad o la calidad del servicio al que tiene derecho".