La oficina catalana antifraude nace con cuatro años de retraso

El tripartito catalán de izquierdas aprobó ayer, tras cuatro años de negociaciones, la ley de la Oficina Antifraude de Cataluña. Este organismo se crea para "luchar contra la corrupción" tal y como señaló el parlamentario de ERC Xavier Vendrell, padrino de la ley. Dicho ente es un organismo pionero en las comunidades autónomas y se encargará de prevenir e investigar posibles casos de corrupción de la Administración pública en Cataluña, incluyendo la Generalitat.

Tras el hundimiento del barrio del Carmel de Barcelona, en enero de 2005, y las veladas sospechas de corrupción entre PSC y CiU, el primer tripartito del socialista Pasqual Maragall, auspiciado por ERC, quiso crear este organismo. El proceso judicial del Carmel se saldó sin responsables y en la actualidad los vecinos se benefician de ayudas y realojamientos.

La Oficina Antifraude catalana no sólo examinará los organismos dependientes de la Generalitat si no también a ayuntamientos y universidades y cuenta con una previsión (no está cerrado) de presupuesto para 2009 de 4,2 millones de euros, que entrará en las próximas cuentas autonómicas. También contará con 41 personas. La gran diferencia de la Oficina Antifraude con la Sindicatura de Cuentas, según la Generalitat, es que podrá actuar ex ante, antes de que se materialice el delito. La ley deja claro que al menor indicio delictivo la Oficina tendrá que dirigirse a la Justicia.

Ente "independiente"

La oficina depende del Parlamento catalán no del Gobierno, extremo criticado por CiU y PP que consideran que este ente se solapará con otros organismos fiscalizadores como la Sindicatura de Cuentas catalana o la Intervención de la Generalitat, por no hablar de la Administración de justicia.

El puesto de director tendrá un mandato de nueve años no renovable. No hay quinielas sobre quién puede ser el director pero el nombramiento, que lo debe realizar el presidente de la Generalitat, José Montilla, debe ser rápido. El candidato tendrá que ser refrendado por tres quintas partes de la Cámara catalana.

Para la elaboración de esta ley han tenido que pasar cuatro años y dos dictámenes del Consejo Consultivo. Primero se vació la oficina de cualquier vigilancia penal y después se certificó que esta oficina es subsidiaria de otros entes fiscalizadores.