No hay amnistía para la cúpula de la cárcel de Carabanchel

La cúpula de la cárcel de Carabanchel no ha conseguido zafarse de la piqueta. El Gobierno iniciará en los próximos días su derribo. De hecho, ayer por la mañana ya había en el interior del recinto varias grúas y máquinas excavadoras que la empresa encargada de la demolición introdujo durante la madrugada. Sucedía horas antes de que la comisión de Interior del Congreso de los Diputados discutiese y rechazase el mantenimiento de una parte de la prisión, concretamente su cúpula central, para la creación en su interior de un centro para la memoria y la paz.

El Ministerio del Interior no ocultó ayer sus intenciones. La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, envió una carta a las asociaciones que reivindican el mantenimiento de la cúpula en la que dejó claro que la opción del departamento que dirige "pasa por la demolición controlada del centro de vigilancia de igual modo que el resto de instalaciones que componen el centro penitenciario de Carabanchel".

Para justificar esta postura, Gallizo echó mano de un informe "exhaustivo" realizado, explicó, "por un equipo de técnicos altamente cualificados", y que recomienda que no se acometa "actuación alguna de apuntalamiento o reparación" de la cúpula debido al "precario estado" que presenta la misma. Para la responsable de Instituciones Penitenciarias, el informe no deja lugar a dudas: "La opinión de los técnicos es concluyente sobre la imposibilidad de utilizar ese espacio".

Entre 100 y 150 personas se manifestaron ayer por la tarde frente al edificio para exigir que se cree un centro de promoción de la paz en la antigua cárcel.

El informe, reconoció la propia Gallizo, fue encargado tras la reunión mantenida el pasado miércoles con los colectivos que defienden la creación de un centro por la paz en los terrenos de la cárcel.

Precisamente estos colectivos pusieron ayer en duda el contenido del mismo. "En apenas cinco días, los que transcurren desde la reunión hasta el envío de la carta, que tiene fecha del día 20 de octubre, Instituciones Penitenciarias ha ordenado, realizado y redactado un informe que se supone exhaustivo y que contradice lo señalado días antes por el colegio de arquitectos de Madrid. Es sospechoso", explicó ayer el portavoz de la Asociación de Vecinos de Aluche, Antonio Abueitah.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid había pedido la pasada semana el mantenimiento del edificio por sus valores arquitectónicos, y dejó claro que la conservación de la cúpula de la prisión es viable desde el punto de vista técnico, algo que contradice radicalmente la opinión de los expertos de Interior. Ayer los arquitectos volvieron a insistir en su posición.

Instituciones Penitenciarias no quiso quedarse, sin embargo, sólo en la de cal. También había una de arena. Descartada la opción de mantener la cúpula, propuso a los colectivos ciudadanos varias alternativas encaminadas a mantener vivo el recuerdo "de las miles de personas que sufrieron prisión y castigos inhumanos" en esta cárcel "por defender la democracia y la libertad de los españoles". Entre sus propuestas, destacó Gallizo en su carta la reserva de una plaza central en el nuevo desarrollo previsto en la zona, en la que se habilitaría, además, un monumento dedicado "a la memoria democrática", así como la denominación de calles y plazas con nombres "que tengan como referencia la idea de la memoria democrática".

Por último, aseguró que Instituciones Penitenciarias dedicará un espacio a un centro de investigación de la memoria democrática penitenciaria, "con el fin de facilitar la labor de historiadores y entidades especializadas".

Un simple paseo por el entorno del recinto que en su momento albergó una de las cárceles simbólicas del franquismo dejaba bien a las claras que el comienzo de los trabajos de demolición es inminente. Una docena de empleados de seguridad privada, algunos de ellos acompañados por perros, vigilaban la valla perimetral e impedían el paso al interior del complejo.

Allí ya habían llegado las primeras máquinas, que serán las encargadas de llevar a cabo el derribo. Fueron introducidas de madrugada. Entraron por una de las puertas laterales y llegaron hasta el patio situado junto al antiguo módulo de mujeres de la prisión. Tuvieron que derribar incluso uno de los muros exteriores del presidio. Varios trabajadores de la empresa encargada de las obras paseaban por el interior del recinto.

"Nos han despertado por la noche. Han empezado a trabajar. Primero una grúa y luego otras dos excavadoras. Un rato después han parado", explicaba ayer por la mañana Rosi, de 26 años y nacionalidad rumana, que vive en uno de los edificios de la cárcel junto a cerca de medio centenar de personas más. A mediodía, la policía les anunció que en 24 horas deberán abandonar el lugar. "Pasaremos la noche aquí, pero mañana ya nos tenemos que marchar", explicaba con lágrimas en los ojos Raducano Leonida, mientras una furgoneta se llevaba a una de las familias que habitan allí desde hace dos años. "Se marchan a Rumanía, no tienen sitio donde quedarse", repetía con insistencia.

Una portavoz de Instituciones Penitenciarias dejó claro ayer que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, empresa pública encargada de la demolición (para la que cuenta con la licencia preceptiva), no inició ayer trabajo alguno y aseguró que éstos se iniciarán "en los próximos días", aunque no precisó una fecha concreta.

Respecto a la posibilidad de que el auto dictado por el juez Baltasar Garzón hace unos días pudiese significar la paralización cautelar del procedimiento administrativo para el derribo de la cárcel, la misma portavoz dejó claro que dicha suspensión "no es posible", debido a que el proceso administrativo "ya ha concluido".

Según lo establecido en el protocolo de intenciones firmado el pasado 16 de junio, a principios de 2009 deberá aprobarse el Plan Parcial de Reforma Interior, para que, a finales del año próximo, según el calendario previsto, se pueda autorizar el Proyecto de Urbanización y, simultáneamente, firmar el convenio de cesión de terrenos a la Comunidad de Madrid para que construya el futuro hospital.